Retos del gobierno electo frente a Washington
Prevén que el primer escollo con el próximo gobierno de EE.UU. es la intención de Donald Trump y el liderato republicano del Congreso de derogar Obamacare
WASHINGTON.- Bajo la nueva realidad política en EE.UU., los temas urgentes de Puerto Rico tendrán un mayor reto para pasar por encima del muro que levantan los republicanos cuando se reclama al gobierno federal que inyecte más dinero a la economía de la Isla.
En momentos en que la agenda de Washington del gobierno electo del Partido Nuevo Progresista (PNP) dice estar centrada en que el Congreso ofrezca admitir a Puerto Rico como estado 51 de EE.UU. y promover medidas de desarrollo económico, el dominio republicano del gobierno federal, encabezado por Donald Trump, complica la tarea.
Los demócratas, incluido el presidente saliente Barack Obama y la excandidata presidencial Hillary Clinton, apoyaron tres de las grandes iniciativas sobre la mesa de las autoridades salientes y entrantes de la Isla: otorgar paridad en el programa de Medicaid; incluirla en el crédito federal por ingresos devengados (EITC); y dar pleno acceso al crédito por niños dependientes (CTC).
Solo la paridad en Medicaid puede costar más de $28,000 millones en un plazo de 10 años. De acuerdo con el Tesoro, el impacto del EITC en el Producto Nacional Bruto de Puerto Rico sería de $1,000 millones anuales.
Cuando el nuevo gobierno del PNP traiga en enero su agenda al Congreso, ya se habrán conocido las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Desarrollo Económico en Puerto Rico, al que se le han presentado, entre otras, propuestas para mejorar el acceso a programas de salud, dar acceso al ETIC, al CTC, otorgar incentivos tributarios para la inversión en la Isla y reducir temporalmente de 6.2% a 3.1% el pago de nómina al Seguro Social, con la idea de inyectar hasta $1,300 millones en la economía.
Ese Grupo de Trabajo, un comité bipartidista y bicameral que dirige el presidente del Comité de Finanzas del Senado, el republicano Orrin Hatch, fue creado por medio de la ley PROMESA –que impuso la Junta de Supervisión Fiscal que controla las finanzas del Gobierno de Puerto Rico– y debe rendir un informe antes de cerrar 2016 sobre posibles iniciativas federales para mejorar la economía.
La atención también ha estado en la posibilidad de tratar de insertar alguna iniciativa en el ómnibus presupues- tario que el Congreso ha querido aprobar en diciembre para terminar de financiar los gastos del gobierno federal hasta septiembre próximo, pero el comisionado residente en Washington,
Pedro Pierluisi, considera que el triunfo de Trump hará que la mayoría republicana lo posponga para 2017.
“Todo lo que (los republicanos) huelan a más transferencia no lo van a aprobar. Es un reto que se tiene cuando se piden estas cosas”, indicó Alfonso Aguilar, presidente de la Alianza Latina Conservadora.
Para Federico de Jesús Febles, exsubdirector ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) y portavoz del presidente Obama en su primera campaña a la Casa Blanca, el principal escollo con el próximo gobierno de EE.UU. puede ser la intención de Trump y el liderato republicano del Congreso de derogar Obamacare.
Puerto Rico ha recibido cerca de $1,200 millones anuales en fondos de Medicaid, que representan cerca de la mitad del presupuesto del plan de salud del Gobierno de la Isla. Pero esos fondos se pueden agotar a finales de 2017. De todos modos, pese a las promesas de Trump, a los republicanos les puede tomar por lo menos un año ordenar una medida sustituta.
Contrario al liderato republicano tradicional, el presidente electo Trump se ha opuesto a cambios significativos en Medicaid, Medicare y el Seguro Social.
“Va a haber muchos encontronazos entre el ejecutivo y el legislativo”, indicó De Jesús Febles.
Cuando propuso el proyecto de presupuesto para este año fiscal federal, Obama recomendó aumentar en $320 millones los fondos de Medicaid. Pero, la idea era ir incrementando las asignaciones cada año hasta alcanzar la paridad al cumplirse una década.
Con la Junta de Supervisión Fiscal controlando los asuntos financieros del gobierno electo de la Isla, Aguilar, quien fue director de PRFAA bajo el gobierno de Pedro Rosselló, prevé que la mayoría republicana del Congreso “va a estar esperando que Puerto Rico se transforme”, por medio de reformas gubernamentales.
¿ESTADIDAD AHORA? Con respecto al status, el plan de gobierno del Partido Republicano de EE.UU. respalda que Puerto Rico sea el estado 51 y reconoce los resultados del plebiscito de 2012. “Una vez el resultado del voto local del 2012 a favor de la estadidad sea ratificado, el Congreso debe apro- bar una ley habilitadora que contenga los términos para la admisión futura de Puerto Rico como el estado 51 de la Unión”, indica el documento, que no es vinculante para sus legisladores.
Cualquier cambio de status requerirá terminar con la imposición de la Junta federal.
Pero, el gobernador electo Rosselló y la comisionada residente electa, Jenniffer González, han indicado que su prioridad número uno será conseguir que el Congreso apruebe un proyecto para ofrecer la admisión de Puerto Rico como estado.
Para presionar al Congreso han dicho que implantarán un Plan Tenesí, por el cual el PNP pudiera nombrar inicialmente 7 cabilderos del gobierno –bajo el título simbólico de ‘senadores’ y ‘congresistas’–, que estarán a cargo de presionar en Washington a favor de la estadidad.
La idea ha sido utilizada por tres décadas en Washington D.C.
Una generación después de su primer voto a favor, el pasado martes un 86% de los electores de Washington D.C. reafirmó su respaldo, con más fuerza que nunca, a que en la zona residencial de la capital de Estados Unidos se cree el estado 51. Con ese apoyo, volverán a presentar un proyecto de ley de admisión como estado, idea que tiene el respaldo del Partido Demócrata, incluido Obama, pero es rechazada casi por unanimidad por los republicanos.
Para los republicanos, aceptar a Washington D.C. –donde el 93% votó por Clinton el pasado martes– como estado sería dar más poder político en el Congreso y el colegio electoral estadounidense a los demócratas.
El mismo argumento se ha utilizado en el pasado en torno a Puerto Rico, donde en proporción de 2 a 1 más personas suelen participar de las primarias presidenciales demócratas y ante el fuerte apoyo que dan los boricuas de EE.UU. a ese partido.
En Washington D.C., los tres funcionarios que cabildean bajo el título de ‘congresistas’ o ‘senadores’ en la sombra son elegidos por el pueblo. Eso otorga “legitimidad”, dijo a El Nuevo
Día el congresista ‘en la sombra’ de Washington D.C., Franklin García, de origen dominicano.
Tras su experiencia en el Congreso, Pierluisi recomendó durante las primarias de su partido que el llamado ‘plan Tenesí’ comenzara con un referéndum local estadidad sí o no, que utilice los $2.5 millones que tiene disponible el gobierno federal si las alternativas de status se consultan con la Secretaría de Justicia de EE.UU.
Pero, el nuevo liderato PNP quiere una oferta directa de admisión, sin otro referéndum de por medio. Pierluisi también respalda la idea.
Aguilar advirtió que el PNP necesita “alianzas estratégicas”, lo que pudieran hacer con los defensores de la estadidad en Washington D.C. y el movimiento pro reforma en las leyes de inmigración. “Es importante crear la crisis, pero también cómo la creas”, indicó Aguilar, al reiterar que el PNP debe aprender del movimiento pro reforma de inmigración. Para el historiador Ángel Collado
Schwarz, “la elección de Trump y Rosselló es una combinación descolonizadora pero explosiva”. “Los trenes van en direcciones opuestas. Trump prometió construir una muralla para evitar la entrada de hispanos a quienes él desprecia, y Rosselló está convencido que este es el momento para que EE.UU. invite a Puerto Rico a unirse a su nación”, dijo.
Mientras, De Jesús Febles sostuvo que, si el PNP pensaba que en EE.UU. no había xenofobia y racismo, lo ha conocido por medio de las expresiones que Trump hiciera durante la campaña y las reacciones ciudadanas tras la elección. “Un estado quebrado e hispano no tiene nada que buscar en la administración Trump”, agregó.
En el Congreso, la abrumadora mayoría de los coauspiciadores de los proyectos de status del PNP han sido demócratas. Aunque el plan de gobierno del GOP respalda la estadidad para Puerto Rico, solo 14 de sus 246 representantes apoyó en este ciclo el proyecto pro estadidad de Pierluisi.
“Ausente un cambio de circunstancia, va a suceder exactamente lo mismo. Me da la impresión que Ricky entiende esto”, dijo Aguilar.
“Lo que (los republicanos) huelan a más transferencia no lo van a aprobar” ALFONSO AGUILAR Presidente de la Alianza Latina Conservadora “Va a haber muchos encontronazos entre el ejecutivo y el legislativo” FEDERICO DE JESÚS Exsubdirector ejecutivo de PRFAA PARIDAD $28,000MEDICAID MILLONES. Costo de la paridad en Medicaid en un plazo de 10 años.