Las trincheras en la transición del Gobierno boricua
Las disputas van más allá de una discrepancia en las decisiones que se han tomado en el cuatrienio
QLa estrategia del Comité de Transición Entrante gira en torno a la demonización de aquello que se vea rojo y de santificar lo azul. El Comité de Transición Saliente, por su parte, ha reaccionado atrincherándose en justificaciones con las que intenta explicar los desaciertos fiscales de los pasados cuatro años.
Cada grupo de su zanja ha lanzado tiros, granadas, explosivos y bombazos al adversario, en un proceso que, en teoría, se supone que consista simplemente en el traspaso de la información gubernamental entre el grupo saliente y el entrante.
Los ataques bélicos se traducen en los bandos acusando sus contrapartes de mentir, tergiversar información, de mala fe, incapacidad intelectual y hasta de corrupción. La diatriba termina en una contienda en la que el vencedor es aquel que se pinte como el menos malo.
Y en el asunto de temas más objetivos, como los datos estadísticos, estos son pasados por el filtro con el que se trata de distinguir entre la Palma y la Pava. Por ejemplo, el presidente del Comité de Transición Entrante, Elías Sánchez, destacaba el miércoles el dato de que entre los meses de octubre de 2012 y 2016, hubo una reducción neta de 56,700 empleos asalariados no agrícolas pese a que se pregonó la creación de 50,000 nuevos empleos. Esto contrastaba con otros datos ofrecidos por el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Vance Thomas, quien detalló que, durante la gobernación previa del novoprogresista Luis Fortuño, la economía puertorriqueña perdió 125,000 empleos asalariados no agrícolas, casi el doble.
Lo mismo ocurría con los datos sobre las proyecciones de efectivo del Gobierno. El Comité de Transición Saliente presentó durante las audiencias, que se llevan a cabo en el Departamento de Estado, unas tablas en las que se anticipaban números rojos para el mes de febrero, cuando expira la moratoria en el pago de la deuda pública. Para ese mes la expectativa es que las cuentas del Gobierno estén sobregiradas por $1,318 millones. Para el fin del año fiscal corriente, cuando venzan varios términos de la deuda pública, esta cifra sobrepasará los $3,000 millones.
Sánchez argumentaba que a esta cifra se le tenía que añadir la deuda con los contratistas del Gobierno, que sobrepasa los $1,000 millones, lo que se le debe a los contribuyentes por concepto de reintegros, entre otras partidas. El cálculo de Sánchez apuntaba que el Gobierno tenía un “déficit” que sobrepasaba los $6,000 millones.
Todo esto desembocó en una controversia sobre si se trataba de un déficit o una insuficiencia en caja. O peor, si ambas cosas eran lo mismo. El secretario de Estado y presidente del Comité de Transición Saliente, Víctor Suárez, comenzó a exigir públicamente el plan para atender este precipicio fiscal del gobernador electo, el novoprogresista Ricardo Rosselló Nevares. Sánchez, por su parte, recrudeció su reclamo por mayor transparencia de la administración del gobernador Alejandro García Padilla. Las contestaciones siguen con Suárez, recalcando que el periodo electoral terminó el 8 de noviembre y Sánchez reiterando que el gobierno de García Padilla quiere evitar denuncias sobre el “desmadre” administrativo que le dejan a Rosselló Nevares.
Detrás de la ofensiva novoprogresista hay dos estrategias básicas. La primera consiste en puntualizar la tétrica situación fiscal para justificar las decisiones difíciles y antipáticas que tendrán que tomar a partir de enero.
La otra consiste en sentar las bases para un reclamo de insolvencia que obligue una reestructuración de la deuda pública con un recorte del principal lo suficientemente grande para que sobre dinero para la obra que buscarán desarrollar.
Se trata de una estrategia similar a la que esbozó la administración de García Padilla cuando advertía, junto con el Departamento del Tesoro estadounidense, sobre la “crisis humanitaria” que se prevé para Puerto Rico si no se toman acciones fiscales correctivas y no se viabilizaba un mecanismo para reestructurar la deuda, que consolidada, sobrepasa los $68,000 millones.
Las audiencias de transición continuarán el lunes, 28 de noviembre, con la reanudación de las exposiciones del Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Luego, estarán los organismos componentes del Banco Gubernamental de Fomento, las entidades relativas a la vivienda en Puerto Rico y la Junta de Calidad Ambiental, Desperdicios Sólidos y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.