Por una política pública coherente sobre residuos
Los recientes incidentes en Peñuelas, relacionados con los depósitos de cenizas industriales en un vertedero a pesar de la oposición de la comunidad que plantea que esa materia es tóxica, ponen de manifiesto la necesidad de establecer en Puerto Rico una p
Es vital articular una normativa clara y justa que concilie la protección del ambiente y de la salud ciudadana con las actividades del desarrollo que el País necesita, sobre todo ahora ante el hecho de que la ley federal PROMESA viabiliza procesos expeditos para proyectos capitales en Puerto Rico, en el marco de la reestructuración de la deuda, la estabilización de las finanzas públicas y el desarrollo económico.
Uno de los desarrollos esperados se relaciona directamente con la transformación del sistema de energía como herramienta central de la actividad económica.
La situación en Peñuelas está rodeada de controversias legales, parte de las cuales están pendientes de resolución en distintos foros. Estas controversias legales deben resolverse a la brevedad posible para poder tomar las acciones que correspondan al amparo de un marco legal y científico claro.
Varias determinaciones judiciales en el último año y medio han complicado la madeja. En la sentencia más reciente, el Tribunal de Apelaciones anuló el dictamen emitido en septiembre por un juez superior que había invalidado el depósito de cenizas en el vertedero.
La decisión del Apelativo, basada en que el juez superior había ido más allá de su autoridad al resolver asuntos que no habían sido traídos a su atención, reactivó las protestas de los vecinos de Peñuelas, quienes reclaman que se trata de desperdicios tóxicos cuya disposición en ese lugar es ilegal. Mientras, la Agencia federal de Protección Ambiental ha expuesto que los niveles de toxicidad de las cenizas no afectan la salud.
Ante el Tribunal Supremo está pendiente la apelación del alcalde peñolano, Walter Torres Maldonado, que busca que se valide la ordenanza municipal de 2015 que prohibe el depósito de las cenizas.
Un juez superior invalidó en junio la ordenanza argumentando que el gobierno de Peñuelas no tiene autoridad legal para prohibir el depósito de cenizas en el vertedero, operado por la empresa Peñuelas Valley Landfill, porque la ley federal prevalece sobre una ordenanza municipal.
Los vecinos, a través de sus abogados, alegan que el Tribunal Federal ha determinado que la ordenanza municipal puede coexistir con las disposiciones de las leyes federales y la Junta de Calidad Ambiental, ya que no se pretende prohibir toda la gama de usos que puede dársele al material en disputa.
El alcalde Torres Maldonado, en tanto, sostiene que la determinación judicial derrota el propósito de la Ley de Municipios Autónomos, en la que se ampara para defender la ordenanza municipal.
Mientras tanto, el arresto reciente, por parte de la Policía, de más de 20 manifestantes –entre ellos la senadora independentista María de Lourdes Santiago - por impedir el paso de camiones que se disponían a depositar cenizas de la planta generadora AES en el vertedero - dramatiza la urgencia de que se atienda el asunto más allá del ámbito judicial.
Ante el cuadro complicado de esta controversia que lleva años, el gobierno central debe adoptar una política pública que proteja los intereses de todas las partes involucradas y promueva el equilibro del ambiente y el desarrollo del País.
En un momento en que Puerto Rico necesita reactivar su crecimiento económico, urge establecer normas claras, coherentes y justas para todos - gobierno, ciudadanos y empresa privada - que permitan encaminar la buena marcha de nuestro desarrollo, en armonía con la preservación del ambiente y la protección de la salud.
Es necesario conciliar el derecho del pueblo a la salud con el desarrollo económico, respetando las normas de seguridad por las que se deben regir todos.