APP como opción para paliar la crisis
Omar Marrero Díaz evaluará cuáles servicios y activos del Gobierno pueden pasar a manos privadas Asegura que la mayoría de las propuestas de la Junta de Supervisión fiscal ya están contempladas
El designado titular de las Alianzas Público-Privadas, Puertos y del Distrito del Centro de Convenciones dijo que su visión va acorde con las alternativas planteadas por la Junta de Supervisión Fiscal para la reactivación económica y el desarrollo de infraestructura
Ante los ojos de la administración entrante, las Alianzas Público-Privadas (APP) no solo despuntan como una alternativa para atender la crisis fiscal y económica, sino que parecen ser la opción preferente.
Al menos, eso podría inferir cualquiera que converse con Omar Marrero Díaz sobre la agenda que impulsará a partir de enero, cuando asuma la dirección de la Autoridad para las APP (AAPP).
Ese no será el único puesto que ocupará el abogado de 36 años el próximo cuatrienio, pues también fue designado por el gobernador electo Ricardo Rosselló Nevares a la jefatura de la Autoridad de los Puertos (AP) y de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones.
A Marrero Díaz no le intimida la misión que tiene por delante, pues ve un claro hilo conductor: las tres entidades tienen componentes para atender los asuntos fiscales, la reactivación económica y el desarrollo de infraestructura.
“La inversión en infraestructura es uno de los catalíticos más grandes de la actividad económica. Tenemos que hacer más con menos, asumir más responsabilidades”, subrayó el funcionario designado en entrevista con El Nuevo Día sobre sus nuevas funciones.
En ese modelo fiscal y económico, centrado en “reconceptualizar” el Gobierno y promover la inversión local y extranjera, Marrero Díaz sitúa a las APP en el tope.
“Las APP no solo son una medida de desarrollo económico, sino una herramienta de responsabilidad fiscal, reducen gastos operacionales, mejoran servicios, y la visión del doctor
Ricardo Rosselló es que un por ciento de los pagos iniciales y periódicos van a recapitalizar nuestros sistemas de retiro, particularmente de los empleados públicos”, subrayó.
Las APP resurgieron la semana pasada como una de varias alternativas para paliar la crisis del País por voz de los siete miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), como parte de las “sugerencias” que presentaron mediante una carta a Rosselló Nevares y al gobernador saliente Alejandro García Padilla.
Justo cuando el tema recobra fuerza en la discusión pública, trascendió también que nueve estaciones de peaje distribuidas entre el puente Teodoro Moscoso y las autopistas PR-22 y PR-5, todas administradas bajo el modelo de APP, aumentarán su tarifa a partir del 1 de enero.
EL COSTO DE LAS APP. Marrero Díaz es consciente de que las revisiones tarifarias y el incremento en el costo que suelen conllevar representan una “preocupación legítima” para la ciudadanía. Pero parece estar convencido de que, en el balance de las cosas, es la única opción a la mano.
“La realidad es que no tenemos el dinero para mantener el Gobierno tal y como lo conocemos... Tenemos que hacer una prioridad de servicios, identificar aquellos que son esenciales para asegurarnos que los más vulnerables están protegidos. Así que, en ese sentido, vemos las alianzas con un potencial incalculable”, expresó Marrero Díaz, quien dirigió brevemente el Departamento de Asuntos del Consumidor durante el mandato de Luis Fortuño.
“Reconozco que no necesariamente es una camisa de un solo tamaño. Tenemos que evaluar los proyectos. Va a haber proyectos que se encaminarán a través de las APP, habrá otros proyectos de menor escala que no necesariamente justifican el proceso de las APP, y puede usarse otro modelo, pero en realidad, necesitamos inversión en infraestructura, y las APP han demostrado ser un modelo exitoso”, recalcó.
Aclaró que, según las concibe, las APP podrían establecerse con compañías privadas con fines de lucro, con organizaciones sin fines pecuniarios, la academia y municipios.
Para el nuevo titular de la AAPP, el mejor antídoto para disipar las preocupaciones sobre el impacto de estas alianzas con el sector privado es la educación y la fiscalización. Recalcó que es necesario insistir en que las APP no equivalen a la privatización del patrimonio público, pues la titularidad del bien permanece en el Gobierno, aunque reconoce que en ocasiones el Estado pierde discreción para tomar decisiones operacionales.
La posibilidad de alzas tarifarias, Marrero Díaz anticipó que la atenderá mediante la fiscalización. Destacó que la ley que, en 2009, viabilizó las APP creó el cargo de oficial de cumplimiento, pero según dijo, no se ha ejecutado esa disposición. “Tenemos que asegurarnos de que se fiscalicen adecuadamente los contratos. Porque, una vez se otorga, anualmente se tiene que revisar para asegurar que se estén cumpliendo. La ley requiere una auditoría cada cinco años, y eso parte de nuestro trabajo en el Gobierno, no es solamente ceder la función y ya, y monetizar, sino que tenemos que fiscalizar el contrato, hay unas cláusulas de penalidades si no cumple”, aseveró.
“La responsabilidad del Gobierno estriba en asegurarnos de que ese contrato sea para el pueblo, y que los ajustes tarifarios respondan a circunstancias justificables”, aseveró el nominado.
EN EL RADAR. Actualmente, la AAPP evalúa una propuesta para que sea una compañía privada la que opere el servicio de lanchas hacia las islas municipio de Vieques y Culebra. Ese proceso todavía no ha sido completado, y Marrero Díaz afirmó que dará espacio para que la administración saliente continúe la gestión hasta su último día, y que una vez entre en funciones evaluará el trámite.
Para el designado, los proyectos de transportación colectiva, de producción energética, de infraestructura vial y portuaria son las opciones con mayor potencial para establecer una APP. Manifestó interés en impulsar finalmente la extensión de la autopista PR-22 de Hatillo a Aguadilla, y en la posible concesión administrativa de aeropuertos regionales.
No obstante, advirtió que ese mecanismo también podría utilizarse para poner en manos privadas servicios gubernamentales y dotar de equipo tecnológico a algunas agencias, como recordó que ocurrió el pasado cuatrienio como parte de un proyecto piloto de la Policía en la región de Ponce.
A principios del próximo año, la administración de Rosselló Nevares someterá legislación para enmendar la ley de las APP para disponer, entre otras cosas, que parte de los ingresos que generen esas transacciones servirá para inyectar recursos al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno y el Sistema de Retiro de Maestros.
TRANQUILO CON LA JUNTA. A Marrero Díaz, no le preocupa la irrupción de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) en la esfera gubernamental, pues asegura que la mayoría de las propuestas que ha presentado para paliar la crisis de la Isla están contenidas en el programa de gobierno de Rosselló Nevares.
En momentos en que se ha planteado la posible privatización de agencias públicas, el designado descartó que la AP pueda estar en riesgo, e insistió en que, antes de considerar esa alternativa, evaluaría primero cuántos de sus activos se pueden “monetizar” a través de una APP para reducir el gasto gubernamental.
“Trabajaremos desde La Fortaleza con la JSF, y nosotros trabajaremos el marco regulatorio para encaminarnos en tres direcciones: recuperar la salud fiscal, recuperar el desarrollo económico y modernizar la infraestructura para colocar la Isla en el mapa, que Puerto Rico esté abierto para hacer negocios y listo para la inversión. La JSF es una junta de supervisión no es de política pública”, puntualizó.
Estamos en un momento de reflexión sobre el Gobierno que queremos y el que podemos pagar” OMAR MARRERO DÍAZ Director ejecutivo designado de la AAPP