Necesaria una estrategia para el cooperativismo
El sector cooperativo de Puerto Rico, que cuenta con más de 100 cooperativas de ahorro y crédito que dan servicio a cerca de un millón de socios, es uno de los pilares de nuestra economía y, como tal, merece ser fortalecido.
Las cooperativas no han estado exentas de los efectos devastadores de la crisis fiscal puertorriqueña. Específicamente, sus inversiones en bonos de Puerto Rico han puesto en peligro su estabilidad y las enfrentan a la posibilidad de pérdidas superiores a los $500 millones.
La Junta de Supervisión Fiscal, creada por la ley federal PROMESA, ha sido alertada por el Tesoro de los Estados Unidos, entre otros asuntos, sobre los retos de liquidez de este sector, las que deben ser atendidos con urgencia.
La esencia de las propuestas consiste en que el gobierno federal mejore la liquidez del sistema cooperativista puertorriqueño utilizando como referencia iniciativas similares puestas en vigor con las uniones de crédito, que son reguladas por la National Credit Union Administration.
Consideramos que esta sería una opción sensata para solventar a las cooperativas, cuya inversión en bonos de Puerto Rico es, al igual que la de inversionistas privados, la menos protegida en la situación del impago declarado por el gobierno debido a la insuficiencia de fondos.
En una negociación en busca de acuerdos voluntarios con los bonistas las cooperativas serían el primer bonista, pero el tiempo apremia y los acuerdos con los acreedores tendrían que producirse antes del 15 de febrero próximo, cuando expira el término de paralización de demandas de cobro contra el gobierno.
Por esa razón sostenemos que el Título III de PROMESA es en este momento la herramienta más eficaz para atender la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico, ya que protegería los fondos públicos para servicios esenciales a la ciudadanía y evitaría que el gobierno se quedara sin dinero más allá del 15 de febrero.
De cualquier modo, los expertos que analizan la situación del sector cooperativo coinciden en que las alternativas que se selecciones deben ponerse en vigor durante el primer trimestre de 2017.
Aparte de la opción de capitalizarlas, existen otras alternativas de protección para las cooperativas puertorriqueñas que deben analizarse, como serían la fusión de varias de ellas y la compra de activos cooperativos por parte de uniones de crédito o cooperativas federales que operan en Puerto Rico.
También está sobre la mesa la posibilidad de que el Tesoro federal invierta en acciones emitidas por Cossec, así como darles acceso a las cooperativas a financiamiento otorgado por uniones de crédito federales.
Se trata de alternativas viables que podrían resultar de gran ayuda para el sector cooperativista, cuya función de inversionista está atrapada en la madeja fiscal que afecta a la totalidad del gobierno de la Isla.
Sin embargo, hay que subrayar que no es solamente el sector cooperativo el que ganaría, lo que ya significa mucho para el centenar de cooperativas y el millón de socios que tienen, sino que se beneficiaría en gran medida a la economía puertorriqueña, ya que el sector podría seguir otorgando financiamiento a iniciativas de individuos o empresas.
En ese sentido, sostenemos, además, que la preservación y el fortalecimiento de las cooperativas debe figurar prioritariamente en la agenda de la Junta y del gobierno local entrante, que esperamos impulsen una propuesta de líderes cooperativos dirigida a solventar a este sector financiero.
Las cooperativas forman parte importante de nuestra economía y, por lo tanto, es preciso preservarlas y fortalecerlas, en aras del crecimiento económico que resulta esencial para la pronta recuperación del País.