Un nuevo camino para la Isla
La Navidad es tiempo de compartir y celebrar en familia. También es momento para autoevaluarnos y hacer resoluciones positivas para el Nuevo Año. A todos nos toca evaluar cómo ha sido el desempeño de nuestro Gobierno hasta ahora y cómo podemos hacerlo mejor de cara al futuro.
Ese es el espíritu de la carta que la Junta de Supervisión le envió la semana pasada al gobernador Alejandro García Padilla y al gobernador electo Ricardo Rosselló Nevares.
En ella les informé que las nuevas proyecciones apuntan a que bajo la realidad actual de Puerto Rico —es decir, sin depender de fondos federales adicionales y a menos que el gobierno adopte medidas para disminuir gastos, aumentar ingresos, implantar reformas estructurales y reestructurar sus obligaciones a largo plazo (incluyendo la deuda y las pensiones)— el Gobierno de Puerto Rico enfrentará un déficit de $67,500 millones en los próximos 10 años, casi $10 mil millones más que lo originalmente proyectado en el Plan Fiscal que presentó el Gobierno en octubre.
Para poner esa cifra en perspectiva, cerrar esa monumental brecha presupuestaria requeriría el equivalente de que CADA familia puertorriqueña pague, por encima de lo que ya paga en contribuciones, $5,400 adicionales (más de una cuarta parte del ingreso familiar anual promedio) CADA año, por los próximos 10 años, para un total de $54,000 por familia.
La Junta de Supervisión buscará una validación independiente de estos estimados. Pero no cabe duda que el déficit que el Gobierno enfrentará en los próximos años es mayor del que se calculó originalmente. Un déficit tan grande que aun si se eliminara toda la deuda (lo cual, desde un punto de vista legal y de equidad, no es posible) los libros del Gobierno aún estarían en rojo.
Esa realidad requiere que el Gobierno proponga las iniciativas y reformas necesarias para poder superar este abismal reto fiscal, lograr un crecimiento económico sostenible y potenciar un aumento sustancial en las oportunidades de empleo para todos los puertorriqueños.
Esas medidas tienen que lograr el balance correcto entre los ajustes fiscales, las reformas estructurales y la reestructuración de la deuda, tomando en cuenta el impacto que los cambios potenciales puedan tener sobre los más vulnerables —los niños, los envejecientes y las familias puertorriqueñas— al igual que sobre nuestros acreedores y la sociedad en general. Esto no es meramente un ejercicio matemático de balancear la chequera, aunque lograr un presupuesto balanceado es Presidente de la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico fundamental. El verdadero objetivo es restablecer el crecimiento económico en Puerto Rico para mejorar la calidad de vida de la gente.
El Plan Fiscal que presentó la administración saliente no cumplió con los requisitos de la Ley PROMESA. Ahora le toca a la administración entrante presentar un plan que la Junta de Supervisión pueda certificar en o antes del 31 de enero del 2017.
Dicho Plan Fiscal debería perseguir los siguientes tres objetivos principales:
1. Restablecer oportunidades y crecimiento económico mediante reformas estructurales;
2. Lograr presupuestos balanceados sostenibles;
3. Reestructurar las obligaciones a largo plazo bajo un plan fiscal que cumpla con la Ley PROMESA —incluyendo reestructurar la deuda, reformar las pensiones y atender la insuficiencia de fondos para cumplir con sus obligaciones— y restablecer acceso a los mercados de capital.
Para ello, recomendamos que la administración considere una serie de iniciativas, incluyendo: reforma laboral (para acelerar la creación de empleos) y de asistencia social (para asegurar que más personas se integren a la fuerza laboral); reforma energética; reforma contributiva; reforma de permisos; reestructurar el Gobierno al tamaño correcto, enfocándose en los servicios básicos (como seguridad, salud y educación) mientras se eliminan servicios no-esenciales que el Gobierno simplemente no puede pagar; entre muchas otras.
No es el rol inicial de la Junta de Supervisión determinar qué medidas Puerto Rico debe adoptar para lograr el balance fiscal estructural que requiere la Ley PROMESA. Ésa es la responsabilidad del Gobierno de Puerto Rico. Los oficiales electos necesitan actuar. Postergar la solución al problema ya no es una opción. Si el gobierno fallara en proponer un plan fiscal certificable bajo la Ley PROMESA, entonces la Junta de Supervisión pudiese ir un paso más allá. Pero eso no es lo que la Junta quiere hacer.
Creemos firmemente que Puerto Rico tiene el potencial de salir de esta crisis en una mejor posición económica. La Junta de Supervisión es una herramienta que el Congreso ha provisto para ayudar a Puerto Rico a manejar esta crisis. Pero le corresponde al Gobierno y al Pueblo de Puerto Rico utilizar esta herramienta de manera efectiva para enfrentar los retos que tienen por delante.