Acusaciones contra Cristina Fernández
Un juez procesó a la expresidenta argentina por asociación ilícita y administración fraudulenta
BUENOS AIRES.- La delicada situación judicial de la expresidenta argentina Cristina Fernández se complicó ayer luego que un juez la procesó por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta en la concesión de obras públicas.
El juez federal Julián Ercolini también dispuso el procesamiento por los mismos delitos del exministro de Planificación Federal y actual diputado Julio de Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el empresario Lázaro Báez, cuya compañía fue supuestamente beneficiada con el otorgamiento irregular de obras.
El Centro de Información Judicial reprodujo en su página de internet el dictamen del magistrado en el que también ordenó un embargo sobre los bienes de cada uno de los acusados de unos 633 millones de dólares. Los procesamientos no contemplan la prisión preventiva y pueden ser apelados.
El juez dijo en su fallo que “se encuentra acreditado” que la exmandataria y los exfuncionarios “habrían formado parte de una asociación” que funcionó al menos entre el 8 de mayo de 2003 y el 9 de diciembre de 2015 “destinada a cometer delitos para apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de los fondos asignados a la obra pública vial”.
La asociación ilícita prevé una pena de hasta 10 años de prisión y la administración fraudulenta hasta seis años.
“La asociación ilícita fue la figura penal creada por los gobiernos de facto y utilizada por todas las dictaduras para perseguir dirigentes opositores”, escribió la expresidenta en un mensaje publicado en Facebook. Y apuntó nue- vamente contra el gobierno de Mauricio Macri de estar detrás de una supuesta maniobra, en complicidad con jueces, para perjudicar su imagen en momentos en que la situación económica del país no repunta.
“¿Procesará también al 46% y al 54% que nos votaron en el 2007 y en el 2011?”, se preguntó.
En mayo de 2003 asumió como presidente Néstor Kirchner, fallecido marido y antecesor de Fernández. Durante su mandato, De Vido y López ocuparon los cargos de ministro de Planificación Federal y secretario de Obras Públicas, respectivamente, que luego renovaron durante la gestión de Fernández (2007-2015).
Ercolini consideró que los acusados habrían violado el “deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado que se encontraban bajo la órbita de su responsabilidad” con el fin de “procurar un lucro indebido propio o de terceros”, en este caso de Báez.
“Los procesos licitatorios fueron asignados a las empresas de Lázaro Antonio Báez por sumas mayores en promedio al 15% del valor del presupuesto original”, afirmó el magistrado.
El monto de los contratos actualizados de las 52 obras adjudicadas a las empresas vinculadas a Báez asciende a unos 2,911 millones de dólares, según el fallo.
Ercolini pidió al Banco Central que congele las cuentas bancarias que tengan a su nombre los procesados con excepción de aquellas en las que se depositan sus sueldos o jubilaciones.
“No sorprende (la medida). Se apela. La causa no existe”, afirmó Gregorio Dalbón, abogado de Fernández, en su cuenta de Twitter.
Al declarar recientemente por escrito ante Ercolini, la expresidenta sostuvo que no es socia comercial de Báez y negó las acusaciones en su contra. Afirmó que la obra pública requiere de la aprobación del Parlamento y pidió que se realice una auditoría de los contratos de adjudicación de obras públicas durante sus dos mandatos.
El cerco judicial sobre la exmandataria se ha estrechado en los últimos meses. En mayo fue procesada por supuestas maniobras irregulares en el mercado de dólar a futuro que causaron un perjuicio económico al Estado y está acusada de presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.