FALTA DE TRANSPARENCIA Y DESCONTROL DEL FISCO
El documento, que será sometido hoy, da cuenta de claras contradicciones entre lo que decían funcionarios de la pasada administración y los documentos oficiales
Se produjo un choque irreconciliable entre el discurso que repetía el gobierno de Alejandro García Padilla y los documentos oficiales, entre algunas de las palabras y algunas de las acciones.
La falta de transparencia, la negativa a realizar ajustes certeros de cara a la crisis fiscal que atraviesa el país, el descontrol en la operación financiera del país, y ese choque entre el discurso y los datos son los elementos que abonaron al inmovilismo en el cuatrienio que acaba de concluir.
A esas conclusiones llegó el comité de transición de la administración entrante del gobernador Ricardo Rosselló Nevares en el informe final que se presentará durante el día de hoy tras un ajetreado proceso de revisión de documentos y vistas públicas.
El presidente, Elías Sánchez Sifonte, ahora representante del gobernador ante la Junta de Supervisión Fiscal, adelantó en exclusiva a El Nuevo Día, las contradicciones que el comité entrante identificó durante el proceso de transición, y los hallazgos más relevantes con los que se toparon en su inspección de las interioridades de la administración de García Padilla. SERVICIOS ESENCIALES. Durante ese proceso de revisión de documentos, el comité de transición entrante halló un dato relevante. A la compañía Evertec, responsable del sistema de tarjetas del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), se le adeudan unos $6.6 millones, equivalente a unos diez meses en que el gobierno ha dejado de emitir el pago mensual de $640 mil.
Aunque la empresa no ha tomado cartas en el asunto, la falta de pago podría traer como consecuencia que se corte el servicio de tarjetas, negándole el uso a los más de 650 mil participantes mensuales y afectando a una población de 1.3 millones de puertorriqueños beneficiados por 30 programas de subsidio.
“Sin embargo la prioridad era los servicios esenciales”, cuestionó Sánchez. “Mañana le pueden cortar el servicio de la tarjeta a las personas que la utilizan todos los días para poder comprar el sustento de sus hogares por los programas de beneficio y subsidio del gobierno federal, con eso podían jugar, pero con Sevilla no y los asesores que han cobrado cientos de millones de dólares, esos están al día”, criticó.
Para el licenciado, al dejar de pagar el contrato de “electronic benefit transfer” de las tarjetas del PAN a la misma vez que la Compañía de Turismo firma un contrato millonario con el club de fútbol de Sevilla, o que se financian viajes del gobernador a Europa, o que el gobierno paga $400 millones en asesores externos que “no han producido ninguna negociación con acreedores”, se pone en entredicho el discurso con el que García Padilla se acercó a la población en defensa de los servicios esenciales frente al pago de la deuda.
A su vez, al equipo de trabajo de la administración entrante le preocupaba acudir a los tribunales y tener que admitir que carece de un protocolo establecido de pagos para unos servicios esenciales definidos. Así que cuando sostuvo su primera reunión con la empresa de consultoría financiera Conway MacKenzie, preguntaron “¿por qué no lo han hecho?”. La respuesta fue: “Se hizo hace un año”.
De acuerdo al informe elaborado el 18 de septiembre del 2015 por Conway MacKenzie, el desembolso de dinero era uno de los problemas principales del gobierno puertorriqueño, por lo que configuró un protocolo. Bajo la categoría de servicio esencial cae la nómina y los beneficios marginales, la salud, la seguridad pública, la educación primaria y las pensiones. Esos pagos debían adjudicarse automáticos. El resto tendría que pasar por el cedazo de agencias, autorizaciones que se volverían más rigurosas mientras más cuantiosa la partida.
“Tenían la definición de servicios esenciales, pero querían continuar los gastos excesivos del gobierno sin tomar ninguna medida, bajo la premisa de que el cien por ciento de los gastos de la operación del gobierno es un servicio esencial”, objetó Sánchez. BGF YA NO ES UN BANCO. Las contradicciones continuaron. Durante el proceso de transición, el expresidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Alberto Bacó Bagué, orquestó una larga diatriba a favor de la salvación del Banco a través de la recapitalización.
Sin embargo, unos días después, el ahora gobernador Rosselló Nevares se pronunció a favor de eliminar la funcionalidad de banco al BGF. “El Banco no tiene dinero. En general, el mecanismo de banca del BGF simplemente no funciona y no es una entidad que debe funcionar. Nos estamos ocupando de desarrollar un mecanismo para poder hacer lo siguiente: cerrar y eliminar la parte de la banca del BGF”.
Ante esa declaración, a solo dos días de abandonar su cargo, el exgobernador García Padilla opinó que el BGF no debía desaparecer, ni siquiera su función bancaria, y enunció que carecía de “sentido” tal acción.
Sin embargo, durante el proceso de revisión, el comité entrante halló que el BGF ya no es un banco, puesto que desde abril del año pasado, carece de número de ruta y, por tanto, de la capacidad de emitir cheques.
“Entregaron el routing number del Banco -ya no puede emitir un chequey mandaron a sacar todos los depósitos de las agencias a la banca privada. El BGF hoy no tiene una división de Tesorería por lo cual la pasada administración cerró el Banco. Lo cerró en abril del año pasado. Lo que uno no puede descifrar es si fue una de las medidas del estado de emergencia porque su discurso es todo lo contrario”, indicó el abogado.
Querían continuar los gastos excesivos del gobierno bajo la premisa de que era servicio esencial” ELÍAS SÁNCHEZ SIFONTE Presidente comité de transición entrante
DIVORCIO DE AGENCIAS. De todo, hay un problema que subyace, que impide que el gobierno tome medidas certeras para mejorar las finanzas del país y que conozca al dedillo el cuadro financiero.
“El problema más grave que tiene Puerto Rico es que el gobierno no tiene un sistema efectivo para medir la operación fiscal y económica diaria. Puede sonar absurdo, pero es la realidad”, comentó Sánchez.
La desconexión entre las agencias y la falta de un sistema que unifique las finanzas y permita conocer en tiempo real los gastos e ingresos del gobierno, son factores que abonan al descontrol y el desorden financiero.
A modo ilustrativo, el licenciado explicó que agencias como el Departamento de Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), las cuales trabajan temas tan afines que inciden en la necesidad de interconexión, muestran un “divorcio” total.
Aparte de la incomunicación, pueden ser “contradictorias entre sí”, sostuvo. El presupuesto que confecciona OGP está dividido por agencias y por partidas, pero a veces Hacienda consolida esas divisiones, por lo que se imposibilita empatar los gastos presupuestados en tiempo real.
Calificó de desordenado la forma en que se informa el uso presupuestario de las agencias y las corporaciones, algunos de forma manual, otros en tablas de Excel.
“Por todo este desorden, realmente no hay un control en términos de gastos y no hay manera de poder cuadrar un presupuesto porque sigues recibiendo facturas y comprobantes de años anteriores, pero lo tienes que pagar con dineros de ahora. Ahí se crea el desfase entre lo que es el presupuesto en papel, que presenta un cuadro casi cuadrado y casi cero déficit, pero cuando vas a la caja de Hacienda tienes un déficit”, agregó.
Entonces, Sánchez tuvo reminiscencias del primer día de vistas públicas, caundo entró en una confrontación con el exdirector de OGP, Luis Cruz Batista, debido a que en el planteamiento del presupuesto no tomaba en consideración el déficit en el flujo de caja que entonces declaró que sobrepasaba los $6,000 millones.
“En los pasados cuatro años, han operado con presupuestos ficticios. Los déficits nos los reconocen en el presupuesto y han utilizado unos esquemas internos de movimiento de líquido para esconderlos y no reconocerlos como déficit. La ficción presupuestaria choca con la caja”, dijo.
Y en ese movimiento interno de dinero, se tomó de la Administración del Sistema de Retiro (ASR). Aparte de incumplirle con la aportación legislada por el propio García Padilla para cubrir mil millones de dólares base para el Sistema, en el 2015, ASR ya manifestaba activos negativos por $600 millones, según datos del Departamento del Tesoro federal.
Pese a que los funcionarios de la pasada administración aseguraron que ese dinero fue directo al bolsillo de los pensionados y que el desfase se debía a que los pensionados sobrepasaban las aportaciones, Sánchez recordó que esos fondos entran a la única cuenta operacional del Gobierno y ahí dentro, se funden con todo.
“Por eso antes funcionaba a base de reembolso, para garatizar que el dinero únicamente iba para las pensiones. De la manera que se está haciendo ahora, se está utilizando al Sistema de Retiro para financiar las operaciones del gobierno de Puerto Rico”, sentenció.