CONCLUSIONES PRINCIPALES
Falta de una definición para “servicio esencial”.
Pese a contar desde hace un año con un documento oficial que definía con exactitud los servicios esenciales a los que se debía obstaculizar cualquier tipo de recorte o impago, el gobierno todavía carece de un protocolo de pago.
Desorden de prioridades.
El gobierno acumuló importantes deudas mientras gastaba fondos en asuntos no esenciales. Por ejemplo, puso en peligro el acceso de la población a la tarjeta del PAN, a la vez que contrajo un contrato millonario con el Sevilla FC.
Desprotección al BGF.
El gobierno saliente defendió con ímpetu la funcionalidad bancaria del Banco Gubernamental de Fomento durante las vistas de transición, pero el comité entrante halló que el Banco carece de número de ruta desde abril del 2016.
Descontrol en las finanzas.
La falta de conexión interagencial y de un sistema unificado de registro de gastos e ingresos aporta al descontrol en las finanzas y las incongruencias en el presupuesto.
Falta de mecanismos de fiscalización.
“El problema más grave que tiene Puerto Rico es que el gobierno no tiene un sistema efectivo para medir la operación fiscal y económica diaria”, denunció Elías Sánchez.