El detonante de Promesa

Dónde están los estados financieros del gobierno de Puerto Rico, fue la pregunta del senador Orrin Hatch en febrero de 2016 y el detonante de la Ley PROMESA. Si en aquel momento se hubieran presentado los estados de 2015, es muy posible que hoy no existiera la Junta de Control Fiscal.

Un deudor de $69 billones sin estados auditados no tiene credibilidad para solicitar alivios congresionales y le falta la información esencial para formular un plan fiscal como lo exige la Junta Fiscal.

La nueva administración de Ricardo Rosselló corre un riesgo similar a la administración anterior. En los logros de los primeros diez días no hay una orden ejecutiva ni un proyecto de ley para acelerar la publicación de los estados auditados del gobierno. El Congreso, la Junta Fiscal y los inversionistas solo conocen los estados de 2014, que fueron publicados con 731 días de atraso por la administración anterior.

Si no se tienen a la mano datos auditados para producir un plan fiscal, pues se corre el riesgo de tener que inventarlos. Por eso la administración anterior gastó millones en consultores de encargo para demostrar que no podía pagar sin causar una “crisis humanitaria”. Esta mala práctica se puede evitar produciendo los estados prontamente, que se complementen con información mensual transparente de la cuenta de efectivo del gobierno central y sus agencias. Solo así se puede determinar cuánto se puede pagar a inversionistas sin recortar gastos esenciales. Hacia esa meta debe dirigirse la nueva administración si quiere evitar los errores de la anterior.

Existe un precedente bien conocido por la administración actual. Entre 1994 y 2000 el gobierno de Pedro Rosselló publicó estados financieros auditados seis meses después de finalizado el año fiscal. El Gobernador y su Secretario de Hacienda pueden igualar y superar esos logros fiscales, tomando los pasos necesarios para producir prontamente los estados. El senador Hatch y la Junta Fiscal están esperando.