El acuerdo de la AEE es esencial para la confianza
El reconocimiento, por parte de la propia Autoridad de Energía Eléctrica, de que opera a menos de la mitad de su capacidad, evidencia la urgencia de poner en vigor los términos del acuerdo de reestructuración que la AEE firmó con sus acreedores.
Cerca de dos años de intensas negociaciones dieron paso a un plan abarcador para la puesta al día de la corporación pública. Ese plan contiene disposiciones para el cumplimiento con las obligaciones crediticias, el desarrollo de fuentes de energía renovable con la participación del sector privado, y una administración basada en la inversión y el ahorro sensatos, entre otras prioridades.
En el marco amplio, las metas del pacto de confianza sellado entre la AEE y sus bonistas son la modernización y la competitividad energética, vehículos para poner fin a la dependencia del petróleo que encarece el servicio. Se trata de lograr justicia energética para consumidores individuales y empresariales.
Por eso, los objetivos alcanzados por esa negociación tienen que respetarse. Las intromisiones partidistas empeoran la ya atropellada condición de la empresa energética pública y la confianza que el mercado de valores tiene que volver a encontrar en Puerto Rico.
El hecho es que la corporación opera prácticamente a la mitad de su capacidad. Aunque el director ejecutivo de la AEE señala que los alrededor de 3,600 megavatios que se generan son suficientes para responder a la demanda, la ciudadanía y el sector empresarial están expuestos a imprevistos. El fuego en la Central Aguirre y el colapso total del sistema en septiembre pasado dan cuenta de la magnitud de los efectos de este serio problema en las economías de las familias y del País.
La fragilidad de la capacidad generatriz de las plantas energéticas abona a la desconfianza general y menoscaba las estrategias de crecimiento y desarrollo. La situación precisa de la continuidad de un plan que resuelva los grandes escollos que entorpecen la modernización energética, entre los cuales predomina el endeudamiento de la Autoridad.
Entendemos el argumento de la presidencia de la Junta de Gobierno de la AEE, en el sentido de que operar el sistema eléctrico al máximo de su capacidad, más allá de los 5,000 megavatios, no es costo-efectivo, ya que se estaría quemando combustible en exceso, con el consiguiente gasto adicional para el consumidor. Pero una cosa es ser prudente, conteniendo de forma voluntaria la generación de electricidad, y otra estar amarrados a las averías y la falta de mantenimiento, y consolarnos con que eso es bueno porque no se necesita tanto.
Son varias las plantas que reflejan averías severas, y en esas circunstancias habría que disponer de un plan B, apoyado en las unidades de respuesta rápida o “back up”, que suman en la actualidad 29, de las cuales 14 están fuera de servicio.
Más allá de las fallas en las unidades generatrices, es evidente que el mantenimiento de las líneas y los postes del tendido eléctrico, así como el desganche, sigue siendo deplorable y las líneas están llenas de remiendos. En los últimos dos años hemos tenido demasiadas “suspensiones por contingencia”, lo que significa que se corta el servicio en amplias zonas para evitar un colapso peor.
La reestructuración de la deuda de la AEE es parte de un proceso vital para el futuro del País, así como una pieza clave para poder levantar y modernizar nuestras centrales termoeléctricas y acometer un proyecto sosegado para la producción de energía más limpia.
El momento requiere facilitar que los acuerdos que la AEE logró con los bonistas puedan integrarse dentro de los parámetros de la ley federal PROMESA.
En esta coyuntura, nos reiteramos en la necesidad de darle continuidad a los acuerdos que ya se habían logrado para la reestructuración de la deuda de la entidad pública, y su reenfoque hacia una nueva era energética.