Asoman cambios para la fianza, los arrestos y los procesos judiciales

Ven poco efectivos los cambios en los procesos judiciales

Q Las enmiendas que propuso ayer el Ejecutivo a las Reglas de Procedimiento Criminal pudiesen afectar a la gente más pobre del País y no están cimentadas en estudios sobre el tema por lo que lejos de combatir la criminalidad, pudiesen exacerbarla.

Más bien, los cambios propuestos solo asemejarían más el sistema judicial de Puerto Rico con el de Estados Unidos sin que ello sea beneficioso para la Isla, dijeron ayer criminólogos y expertos en el tema consultados por este diario.

El gobernador Ricardo Rosselló sometió diez enmiendas a las Reglas de Procedimiento Criminal para el análisis y aprobación de la Asamblea Legislativa. Algunos de los cambios fueron sugeridos por la jefa de los fiscales federales en Puerto Rico, Rosa Emilia Rodríguez, indicó el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, al hacer el anuncio. El funcionario dijo que lo que se busca con las enmiendas es “hacer un sistema más eficiente y ágil para atacar el crimen. Muchas de estas enmiendas se utilizan a nivel federal y han dado resultados”.

El proyecto de enmiendas busca que los jueces del Tribunal de Apelaciones puedan emitir órdenes de arresto, que los acusados de ciertos delitos no tengan el beneficio de diferir el pago de la fianza, que se pueda presentar evidencia adicional durante una vista preliminar y que las órdenes de arresto para delitos graves se puedan diligenciar en cualquier momento de día o la noche, entre otras.

El interés de copiar el modelo estadounidense no garantiza que se den los resultados esperados, sostuvo el criminólogo y trabajador social, Víctor García Toro.

“Si (fuera un éxito), ¿por qué los norteamericanos tienen tanto problema de criminalidad y cuentan con más cárceles en el mundo? Es una fantasía que se le vende al pueblo puertorriqueño”, cuestionó García Toro.

Él -al igual que otros entrevistadosdijo que estas enmiendas podrían ser contraproducentes y algunas pudiesen ser inconstitucionales.

“La protección de la ciudadanía no necesariamente viene por la dimensión de las leyes. De modo general, las propuestas de él (Rosselló), como han sido las propuestas de gobierno anteriores, no inciden en búsqueda de soluciones al crimen sino un mayor control y menos derechos para los individuos que se allegan al sistema de justicia. O sea que son medidas de control, no que prevengan el crimen. Por el contrario, lo que vamos a tener es más gente en las instituciones penales y todo eso tiene su dimensión económica y social”, dijo García Toro.

“Estas medidas lo que hacen es que aumentan el nivel de represión. Es más control del Estado. Eso no ayuda a bajar la criminalidad. Es todo lo contrario, produce más crimen”, sostuvo, por su parte, el también criminólogo Joel Villa.

Ambos criminólogos dijeron que el germen de la criminalidad y la violencia son los problemas sociales y esos son los que hay que atacar para combatir el crimen y mantener a la gente segura.

“Aquí se está exacerbando la situación socioeconómica de las personas y la tendencia es que en circunstancias mayores de restricción económica y social, el crimen aumenta”, apuntó García Toro concurriendo así con su homólogo Gary Gutiérrez.

Los tres entrevistados levantaron una bandera roja particularmente sobre dos de las enmiendas propuestas: una que atañe a la fianza y otra sobre el fichaje. Una de las enmiendas propuestas es para que delitos como trata humana, aborto cometido por la fuerza, robo, agresión grave en su modalidad de mutilación, disparar un arma de fuego en un sitio público o abierto al público, posesión y distribución de pornografía infantil, estén sujetos a supervisión electrónica bajo el Programa de Servicios con Antelación al Juicio. Además, estos delitos no tendrán el beneficio del pago del 10% en efectivo al fijarse la fianza, y no tendrán derecho a diferir la fianza.

Otra enmienda la Regla 22 para requerir que cuando se haga un arresto sin orden del tribunal, se fiche a la persona antes de que lleven a la per- sona detenida ante el magistrado, y luego de que un fiscal haya autorizado someter cargos. Esto busca identificar si la persona es buscada por otros delitos como ocurre a nivel federal, dijo Rosario Cortés.

Pero para los entrevistados, las dos enmiendas son en prejuicio de la gente pobre, atentan contra la presunción de inocencia y pudiesen ser inconstitucionales. Recordaron que la presunción de inocencia y el derecho a la fianza, a diferencia del sistema jurídico federal, están protegidas por la Constitución de Puerto Rico.

Rosario Cortés defendió las enmiendas porque “están enfocadas en combatir el crimen y lograr la convicción de delincuentes”.

“Estamos haciendo un ordenamiento jurídico más completo” RAMÓN ROSARIO CORTÉS secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza “Si el castigo y la intimidación fueran modos para evitar crimen, el cristianismo no hubiese pasado del siglo I porque los romanos eran altamente efectivos haciendo eso” GARY GUTIÉRREZ criminólogo