Pugna por directiva del CRIM
Un posible alza en contribuciones y el control de $300 millones estarían en juego
Tras una reunión que se extendió por cinco horas, con varias interrupciones en el camino, ayer alcaldes de 62 municipios no lograron ponerse de acuerdo sobre la composición de la nueva Junta de Directores del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM).
Aunque el conflicto públicamente giró en torno a que los miembros de la Asociación de Alcaldes, representativos del Partido Popular Democrático (PPD), no pudieron estudiar las reglas que aplicarán a la selección de la nueva junta directiva, las razones parecen ser otras.
El manejo de $300 millones de un sobrante del CRIM que permanecen congelados en una cuenta de la banca privada está al centro de la lucha por el control de lo que representa una salvación económica para los municipios. Este dinero son fondos que los ayuntamientos pagaron en exceso de la Contribución Adicional Especial (CAE) por motivo de las contribuciones mueble e inmueble que se usan para pagar los préstamos municipales.
Desde el año pasado varios alcaldes, tanto de la Asociación de Alcaldes como de la Federación de Alcaldes -representativos del Partido Nuevo Progresista (PNP)- han intentado recobrar ese dinero, sin éxito, incluso acudiendo a los tribunales.
Además, la lucha por acceder estos fondos cobró ayer un nuevo matiz cuando los alcaldes asociados acusaron a los federados de querer tener el control de la junta directiva del CRIM para tomar acciones que le alleguen más fondos al gobierno central, como un aumento en las contribuciones sobre la propiedad.
“El detonante de este proceso (de la nueva directiva del CRIM) puede ser un aumento en las contribuciones sobre la propiedad”, dijo Rolando Ortiz, alcalde de Cayey y presidente de la Asociación de Alcaldes, quien acusó al nuevo gobierno de “improvisar” impulsando medidas que luego desconocen como implantar.
El gobernador Ricardo Rosselló firmó la semana pasada una ley para alterar la composición de la Junta del CRIM. Esta dispone que la junta directiva de este organismo rector estará compuesta por cinco alcaldes del partido que prevaleció en la contienda por la gobernación y cuatro entre los ejecutivos municipales restantes. Esto significa que el PNP tendrá mayoría en la Junta de Gobierno del CRIM, a pesar de que en las últimas elecciones en 45 de las 78 alcaldías ganaron alcaldes del PPD.
Bajo la administración de Aníbal Acevedo Vilá, la ley que consigna la composición del CRIM también fue alterada para que la junta directiva de este organismo fuera compartida por dos presidentes, uno del PNP y otro del PPD. En ese entonces también había una mayoría de alcaldes contraria a la del gobierno central.
“La ley dice que ellos tenían que circular (antes de la reunión) las reglas para la elección de los alcaldes (que formarían la nueva directiva del CRIM)”, dijo Ortiz, quien resaltó que esto no ocurrió.
Pocos minutos después de las 3:00 p.m. de ayer, cuando finalmente culminó la reunión que no logró constituir la nueva junta directiva del CRIM, el secretario de Estado, Luis Rivera Marín, anunció que el acuerdo había sido pospuesto para una próxima reunión, pautada para el 21 de febrero.
“Ellos (los alcaldes asociados) pidieron un tiempo adicional para revisar las normas”, dijo el funcionario.
A preguntas de la prensa, Rivera Marín indicó que le había hecho llegar las guías que se usarán para la selección de la nueva directiva del CRIM a los presidentes de los dos organismos que reúnen a los alcaldes en la mañana de ayer.
Carlos Molina, alcalde de Arecibo y presidente de la Federación de Alcaldes, comentó que la ley no dispone la fecha y hora exacta en la cual se deben circular esas guías.
Juan Carlos García Padilla, alcalde de Coamo, señaló, por su parte, que una preocupación que tienen los alcaldes asociados es que el gobierno central utilice los $300 millones que el CRIM mantiene congelados para cuadrar o pagar deudas.
“Ya (el entonces gobernador Luis) Fortuño cogió $600 millones del CRIM para la propiedad inmueble cuando hizo la doble tasación”, dijo.
La doble tasación se refiere a la contribución especial que se impulsó entonces, con un aumento en la tasa tributaria de las propiedades.
Mientras, Carmen Yulín Cruz, alcaldesa de San Juan, indicó que la importancia de que los municipios tengan flujo de efectivo es para poder responder mejor a las necesidades y servicios a la ciudadanía. Por eso, reiteró, la urgencia de que el Estado no “secuestre” el dinero que pertenece a los ayuntamientos.
Por lo pronto, ayer a las 6:54 p.m. la delegación del PNP radicó una medida legislativa, el Proyecto del Senado 309, para “aclarar” la manera en que se elegirán los alcaldes miembros de la Junta de Gobierno del CRIM. Los alcaldes serán seleccionados por “voto secreto” por las respectivas matrículas de la Asociación y la Federación de Alcaldes. Los nombres de los alcaldes elegidos serán sometidos al secretario de Estado.
“Seguiremos en pie de lucha para concienciar a los alcaldes federados que es hora de analizar las repercusiones de esta ley” ROLANDO ORTIZ Presidente de la Asociación de Alcaldes CARLOS MOLINA Presidente Federación de Alcaldes “Ellos (los alcaldes asociados) pidieron un tiempo adicional para revisar las (nuevas) normas, que existen y se les hicieron llegar a cada uno hoy (ayer)”