Senado investigará manejos en Educación
Mientras, legisladora del PNP radicará moción para estudiar directriz que prohibe a policías orar durante horas laborales
Con votación unánime, el Senado de Puerto Rico aprobó ayer una resolución para investigar la situación económica, administrativa y operacional del Departamento de Educación.
La medida, de la autoría del senador del Partido Nuevo Progresista (PNP) Abel Nazario, es en respuesta al escándalo del que fue objeto la dependencia por esquemas fraudulentos en el servicio de tutorías con fondos federales. Los arrestos más recientes por estos esquemas se hicieron el año pasado.
Según la exposición de motivos, estos señalamientos de malos manejos de los recursos en la agencia apuntan a “una ausencia de controles fiscales y administrativos que repercuten en los proyecciones y metas que traza la agencia”.
También de forma unánime, la Cámara Alta le dio paso a dos resoluciones: una para investigar la salud mental de los veteranos que residen en Puerto Rico y, la otra, para estudiar la implantación por el Departamento de Hacienda del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI).
Se trata de un sistema integrado a través del cual los comerciantes, ya sean individuos o negocios, realizan todas las transacciones (radicaciones y pagos) relacionadas al IVU.
Por su parte, la senadora popular, Rossana López, expresó la necesidad de analizar los posibles recortes a los que se enfrenta la Universidad de Puerto Rico (UPR) ante las medidas de ajustes que ha exigido la Junta de Supervisión Fiscal.
“Ante la preocupación de un alza en la matrícula entendemos que es importantísimo evaluar cuál va a ser el efecto y nosotros como asamblea legislativa poder ver la situación que vamos a enfrentar”, expresó.
Por su parte, su homóloga de la Palma, Nayda Venegas, adelantó que esta semana radicará una moción para examinar la directriz de la superintendente de la Policía, Michelle Hernández, que le prohíbe a los uniformados orar durante horas laborables. Alegó que es una determinación inconstitucional y que va en contra del plan de Gobierno de esta la administración.
“Prohibir la oración de aquellos que creen en ella, demuestra una falta de madurez democrática y la mera mención constituye un acto de coacción e intimidación” NAYDA VENEGAS Senadora del PNP