LIQUIDEZ DE LAS ARCAS GENERA ÁLGIDO DEBATE
La Junta de Supervisión Fiscal entiende que el plan presentado por el gobierno se queda corto y, en base a su análisis económico, propuso recortes de jornada a empleados públicos El representante del gobernador en la JSF, Elías Sánchez, cuestionó la data
Unos 190 días después de que el gobierno estadounidense diera vida a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el organismo responsable de cuadrar las cuentas públicas y devolver a Puerto Rico a los mercados de capital, comenzó a definir el concepto “decisiones difíciles” al recomendar una reducción en la jornada laboral del gobierno, un recorte de hasta 50% en todos los contratos por servicios profesionales y renegociar las tarifas que se pagan a las aseguradoras bajo MiSalud.
La recomendación de la JSF llegó a La Fortaleza ayer antes del mediodía, cuando el presidente de la JSF, José B. Carrión, le indicó al gobernador Ricardo Rosselló Nevares que el Plan Fiscal para Puerto Rico (PFPR), en esen- cia, se ha quedado corto. Esto, al subestimar sus patrones de gastos y no presentar soluciones específicas a la crisis de liquidez que encara el gobierno.
Según la JSF, a partir de julio próximo, Puerto Rico arrancaría un déficit de caja de $190 millones que aumentaría a lo largo del año fiscal 2018 hasta llegar a casi $2,000 millones.
Esa deficiencia se sumaría a la que muestra el año fiscal en curso. Durante el 2017, el gobierno cerraría en rojo por $2,295 millones cuando se cuenta el pago de la deuda pública. Aunque el PFPR sostiene que para junio de 2018, el gobierno terminaría con $451 millones en caja, dicha cifra excluye lo que se debería a los bonistas en ese año fiscal. Dicho en palabras simples, la JSF pareció decir a la administración Rosselló Nevares que a partir de julio próximo, cuando se acaben los fondos de Medicaid, comiencen a pagarse las pensiones desde el Fondo General y se sienta el peso de gastos no considerados en el presupuesto, Puerto Rico recibiría un huracán teniendo por protección, sombrillas.
La carta de Carrión confirma reportes recientes de El Nuevo Día, en torno a la débil posición de efectivo del gobierno y que podría causar un disloque de los servicios públicos en cuestión de semanas.
“Dada la falta de acceso normal al mercado de capital y la necesidad de enforcarnos en una reestructuración sostenible de la deuda, no es práctico ni tampoco prudente atender esta falta de efectivo con un nuevo préstamo a corto plazo”, reza la carta de Carrión.
A solo minutos de conocerse la misiva, Rosselló Nevares rechazó las recomendaciones de la JSF y aseguró que su administración lo tiene todo previsto. Mientras, unas cinco horas más tarde, el gobierno, por vía de su representante, Elías Sánchez Sifonte, le dijo a la JSF que estaba mal asesorada y por ello erraba en su juicio. ASEGURA NO HABRÁ UN CIERRE. “Si se certifica el plan, yo les garantizo que no habrá una reducción en jornada laboral. Si se se certifica el plan, les garantizo que no habrá una reducción en lo que es el acceso al servicio a la salud. Todo lo contrario. Con un nuevo modelo, vamos a poder extenderlo y reducir el gasto”, dijo Rosselló Nevares, luego de firmar la Ley de Igualdad Salarial en el patio interior de La Fortaleza y frente al Concilio de Mujeres.
“Nosotros hemos presentado un plan fiscal el cual nos sentimos muy confiados, tiene todos los elementos para ser existoso” RICARDO ROSSELLÓ NEVARES gobernador
¿Y si no se certifica el plan?
“Esa pregunta se la tienen que hacer a la JSF”, respondió Rosselló Nevares.
“Confío que la Junta -viendo estas acciones que hemos tomado- esté disponible para sentarse con nuestro equipo de trabajo para poder hilvanar cualquier preocupación, diferencia o cualquier pregunta y asegurarnos de que podamos certificar el plan y echar a Puerto Rico hacia adelante”, dijo Rosselló Nevares en referencia a las estrategias implementadas desde la Autoridad para la Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).
El martes, en lo que pareció ser un intento por frenar la decisión de la JSF dada a conocer ayer, la AAFAF emitió una orden administrativa que tiene el efecto de borrar, para efectos de libros, unos $625 millones -de un total de $1,800 millones- en asignaciones presupuestarias de ciclos previos al año fiscal en curso y que no fueron desembolsadas.
En paralelo, la AAFAF creó un grupo de trabajo para que estos evalúen la aprobación de incentivos contributivos y limiten la redención de estos por parte de los contribuyentes. Ese ejercicio reduciría el gas- to tributario del gobierno en otros $100 millones.
UN PLAN CON DEBILIDADES. Sin embargo, aparte de no ingresar dinero nuevo al erario, tales medidas ayu- darían poco a la crisis de efectivo que encara Puerto Rico. Esto, porque según un informe preparado por la firma Ernst & Young (EY), que asesora al organismo federal, aparte de no tener efectivo suficiente, el presupuesto vigente ha subestimado el gasto del gobierno por entre $360 millones y $810 millones. Si fuera el caso, la subestimación de partidas presupuestarias identificadas por EY sería otro flanco en los supuestos contenidos en el plan de Rosselló Nevares y en el que se asegura que el gobierno cuadraría el presupuesto en un plazo de dos años fiscales. Ello, al aplicar una dosis de recortes y gastos que totalizarían unos $4,792 millones. Los planteamientos de EY en torno al PFPR se agregan a un lista de inconsistencias numéricas reportadas antes por El Nuevo Día y de otras discutidas con este diario por analistas, economistas, banqueros y bonistas. Entre las inconsistencias señaladas figuran cálculos que utilizan el producto bruto y otros el producto interno bruto; no incluir en las proyecciones el impacto de otro año de contracción económica; incluir los ingresos restrictos del fondo de reserva de la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante (Cofina) dentro de los ingresos totales del gobierno, aunque no para efectos de liquidez, y hasta un posible doble conteo de los ingresos correspondientes al arbitrio del 4%.
Fuentes del gobierno han explicado con cierto detalle las cifras del PFPR a
El Nuevo Día y aseguran que las cifras son certeras.
“Cualquier déficit de flujo de caja puede ser mitigado a través de ciertas medidas gubernamentales que podrían tomarse en virtud de la recién aprobada Ley 5 de 2017”, reza la carta de Sánchez Sifonte, haciendo referencia a los poderes casi absolutos concedidos a la AAFAF.
GUERRA DE TECNÓCRATAS. Las cartas intercambiadas ayer entre la JSF y la administración Rosselló Nevares -y que de seguro se incluirán en el abultado expediente de evidencia que utilizarán los bonistas para cobrarle a Puerto Rico- son la muestra más evidente de las diferencias de forma aunque no de sustancia, entre el ente federal y el gobierno puertorriqueño y que tendrán que armonizarse de cara al próximo 15 de marzo y ante la pronta expiración de la protección contra litigios provista en PROMESA, el 1 de mayo.
Tales diferencias, a su vez, parten de los análisis y recomendaciones de los respectivos asesores de la JSF y el gobierno puertorriqueño.
Mientras la JSF reclutó a McKinsey & Co. y EY, así como al economista
Andrew Wolfe (que antes trabajó con Puerto Rico), el gobierno ha mantenido como asesor a Conway MacKenzie y DevTech Systems, que antes también asesoraron a la administración de Alejandro García Padilla.
Tales juicios deliberativos, los que afectarán la vida de casi 3.3 millones de puertorriqueños en cuestión de semanas, se producen en ausencia de estados financieros auditados y al tiempo en que distintos grupos de acreedores presionan al gobierno, asegurándoles estar dispuestos a prestar efectivo a Puerto Rico para que evite el cisma que anticipa la JSF, de no tomarse acción correctiva pronto.
“Para atender la crisis de efectivo, creemos que usted debe inmediatamente instruir a la AAFAF, según la autoridad conferida en la Ley 5 de 2017 y otra legislación relevante, tomar control de todas las cuentas, ingresos y gastos del Gobierno y sus instrumentalidades en aras de implementar un nuevo plan de liquidez consistente con las guías de esta carta”, reza la misiva de Carrión.