Combaten el estigma de vivir en una comunidad violenta
En la Barriada Morales, grupos comunitarios combaten el estigma de vivir en una comunidad violenta
CAGUAS.- En el mismo medio de la Barriada Morales, en el sector conocido como El Hoyo y frente a un conocido punto de drogas, vecinos pintaron hace poco un pequeño mural en honor a un individuo apodado Junito Paseo. Se trata de la imagen de su rostro, sonriente y con una cadena alrededor del cuello.
El hombre fue asesinado por supuestos vínculos al narcotráfico en enero en la Barriada Savarona, también en Caguas.
Allí en El Hoyo mataron el 23 de febrero a Jean Carlos Mejías Castro, uno de cuatro individuos que perdieron la vida baleados este pasado mes en la barriada, luego de que el año pasado no se reportara un solo crimen en esta comunidad. En todo Caguas, de hecho, se ha registrado un repunte en los asesinatos con 11 cuando para esta fecha en el 2016 se habían registrado sólo dos.
Frente al mural de Junito Paseo pintaron otro, una monumental obra de unos 15 pies de alto en que aparece un gallo de pelea triunfante y pisoteando a su rival. La imagen es acompañada por la frase: “Aquí no se rinde nadie”.
Esa actitud combativa es la que emplean a diario un grupo de residentes o simplemente cagüeños con profundos lazos a esta barriada, que tiene más de 80 años de historia, en su in- tento por demostrar al país que su comunidad no es sinónimo de drogas, muerte y sangre.
Su batalla, sin embargo, es cuesta arriba. De allí salieron los acusados de asesinar al publicista José Gómez Saladín, secuestrado, torturado y quemado en lo que se convirtió un drama que estremeció al país en noviembre de 2012. Al año siguiente, las autoridades federales amanecieron a finales de agosto para diligenciar 126 órdenes de arresto, gran parte de estas en la barriada, para desarticular la pandilla de Julio Hernández Cruz, alias Pito Uva. Este individuo fue arrestado dos años después y el vacío de poder que dejó ha provocado los asesinatos recientes por Caguas, San Lorenzo y Aguas Buenas.
En el 2015, un operativo de la División Drogas Caguas fue captado en vídeo y algunos de sus participantes fueron acusados criminalmente a nivel federal por violación a los derechos civiles.
“Como nosotros hacemos frente es creando empleos porque entendemos que hay una crisis. La gente se desespera y cae en otras cosas y por eso enfatizamos en lograr que los niños y los jóvenes se mantengan haciendo otro tipo de cosa”, sentenció Yamil Colón Almenas, del Consejo Integral Comunitario de la Barriada Morales.
“En todos lados la criminalidad es la orden del día, no es aquí nada más, pero a veces, a juzgar por la cobertura (de la prensa) parece que somos el Centro Nacional del Crimen”, agregó.
Colón Almenas hablaba en el centro comunal de la barriada, estructura donde se ejecuta un exitoso programa de teatro comunitario. A su alrededor viven cerca de 1,300 personas distribuidas en 301 unidades de vivienda, dos colmados, dos barritas, la escuela elemental e intermedia Diego Vázquez, una égida y un complejo privado de apartamentos.
El líder de 37 años destacó que como resultado de un acuerdo colaborativo con el Municipio de Caguas en el 2010 se establecieron una serie de proyectos que llama “socioproductivos”: ornato, eventos especiales, teatro comunitario y la administración de unos baños públicos en el casco del pueblo cagueño.
Solo el programa de teatro cuenta con 62 integrantes entre adolescentes y jóvenes.
La barriada también es sede de tres equipos de voleibol femenino y dos de baloncesto masculino. Como parte del acuerdo con el municipio la comunidad se encarga de sobre 10 terrenos baldíos y algunos, como pudo atestiguar El Nuevo Día, han sido convertidos en huertos caseros. En muchos de estos terrenos había casas que fueron demolidas como parte de un plan fallido de expropiación de la década pasada.
Además, el municipio contribuye con fondos y materiales a un proyecto conocido como Fuente de Esperanza, que brinda tutorías a niños adolescentes y universitarios.
“Tenemos una organización bien estructurada trabajando un proyecto de transformación social que funciona como prevención para un sinnúmero de cosas”, dijo Colón Almenas, quien sin embargo reconoció que a pesar de todos los logros, todavía residentes
“Tenemos una organización bien estructurada trabajando un proyecto de transformación social que funciona como prevención para un sinnúmero de cosas” YAMIL COLÓN ALMENAS Líder comunitario de la Barriada Morales
tienen que mentir sobre su lugar de domicilio al buscar empleo. PRESENCIA DE LA UNIFORMADA. Mientras Colón Almenas y otro líder comunitario, Miguel Morales García, conocido como Zuki, ofrecían un recorrido de la comunidad a El Nuevo
Día, no menos de 10 patrullas fueron observadas dando la ronda. La presencia policiaca es considerable en la comunidad y un agente cargando un arma larga recibía el jueves a los visitantes en la entrada, a pasos del estacionamiento del centro comercial Las Catalinas.
“Cuando la cosa está caliente ellos dan su ronda. Están reforzando la vigilancia, pero una vez se enfría van a desaparecer. Aquí la prevención somos nosotros con todos estos proyectos”, dijo Morales García, quien reconocen que le duelen los comentarios que lee en las redes sociales cada vez que hay arrestos u ocurren eventos de violencia en su comunidad.
“No conocen la realidad de cómo se vive aquí”, dijo.
Una de las constantes quejas de la Policía al investigar crímenes en la Barriada Morales lo es la falta de cooperación ciudadana.
“Nadie va a exponer su vida aquí delatando a alguien cuando ni la misma Policía va a brindarte protección”, dijo Morales García al recordar las constantes quejas hacia la División Drogas y el ambiente de desesperación cuando ocurrió el operativo federal del 2013.
“Algunos niños perdieron a su madre y a su padre y se tuvo que darles ayuda”, agregó Morales García.
La preocupación de ambos gira en torno a qué ocurrirá cuando los arrestados del 2013 salgan de la cárcel y se topen con la realidad de que en Puerto Rico no hay empleo, mucho menos para individuos con récord delictivo.
Tras el operativo del 2013, solo la Policía Municipal acogió el llamado del liderato comunitario para reunirse y establecer un plan de seguridad.