Trabajar por un sistema de salud sostenible
La exclusión de Puerto Rico de la primera acción del Congreso dirigida a sustituir el Obamacare, sumada a la falta de liquidez que enfrenta el gobierno estatal, hace patente la urgencia de reestructurar el programa Mi Salud, para asegurar que pueda financ
Ciertamente, el gobierno de Ricardo Rosselló, la industria de la salud y los aliados en el sector salubrista y en Washington DC aún tienen oportunidad para intensificar los esfuerzos para persuadir a la Casa Blanca y al Congreso del efecto detrimental que tendría dejar fuera a la Isla del nuevo modelo de salud que se proponen implantar en sustitución de la ley federal de Cuidados de Salud Asequibles.
Bajo las disposiciones del estatuto federal, Puerto Rico recibió una asignación de $1,200 millones que se agotaría a fines de este año y ya la Junta de Supervisión Fiscal ha advertido al gobierno que no cuente con dineros federales adicionales al trazar sus proyecciones de ingresos en los planes fiscales para balancear el presupuesto y encaminar la reestructuración de la deuda.
En cualquier escenario, no cabe duda de que hay que anclar el programa asistencialista Mi Salud dentro de nuestras posibilidades fiscales, para que pueda resistir los vaivenes partidistas y de cambios de enfoques fiscales que se dan en la capital federal. Es el caso del Obamacare, que en 2010 encaminó una reforma salubrista con miras a cubrir a 50 millones de ciudadanos sin seguro médico en Estados Unidos y que tras la instalación del presidente Donald Trump, sería derogada y reformulada por partes.
Las señales que envían a Puerto Rico los primeros dos proyectos de ley son tan claras como preocupantes. Ni el que persigue reformar el método de asignaciones para Medicaid, del que depende Mi Salud, ni el que eliminaría los subsidios a los ciudadanos para que adquieran planes médicos, atienden la crisis que se cierne sobre nuestro sistema de salud pública.
Ante esta realidad dura y descarnada, el gobierno no puede albergar dudas de que la ruta a seguir tiene que contemplar medidas de eficiencia organizativa y economías presupuestarias, aquellas vinculadas al financiamiento de los servicios prestados y asegurarse de que quienes reciban la tarjeta de salud en verdad la necesiten, mediante la depuración de los criterios de elegibilidad. Esto, entre otras iniciativas que eviten una crisis humanitaria en nuestra Isla.
De no hacerlo, miles de personas podrían quedarse sin cubierta médica. Esta población incluye a desempleados, jubilados, estudiantes y médico indigentes, pero también a trabajadores cuyo sueldo no les alcanza para pagar otros planes comerciales y no cualifican para la reforma de salud.
Los datos del Negociado del Censo revelan que aproximadamente 297,000 personas en la Isla carecían de seguro médico en 2010. Cuatro años después, la Administración de Seguros de Salud, que está a cargo de la operación de Mi Salud, fijaba en 214,000 los que carecían de cubierta. Estudiosos del tema elevan esta cifra a 300,000 al estimar los que se han añadido a causa del desempleo y a personas sin documentación legal que no suelen presentar su información al gobierno.
Luego del establecimiento del Obamacare, para 2015 se contabilizaron 63,000 planes médicos individuales que cumplían con disposiciones del estatuto y 98,000 planes transitorios, que son los que garantizan ciertas cubiertas de salud hasta finales de 2017, de acuerdo con informes de la Oficina del Comisionado de Seguros.
La situación al día de hoy demanda diversificar estrategias para ir llevando nuestro sistema de salud pública a las puertas de la sostenibilidad fiscal, contando con los recursos que se pueden costear, mientras se redobla la presión en Washington para incluir a Puerto Rico en las medidas de reconciliación fiscal que están ante la consideración del Congreso. Es lo que manda la prudencia, y el sentido de responsabilidad y humanidad.