Municipio de Ciales enredado en demandas
Mujeres trabajadoras de la casa alcaldía demandaron por discrimen y hostigamiento
Más de $1 millón del municipio de Ciales, que tiene un déficit de $6.3 millones, tuvo que destinarse para pagar demandas por hostigamiento sexual y por discrimen político contra mujeres trabajadoras del ayuntamiento, reveló ayer un informe de auditoría de la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR).
Entre abril y mayo de 2013, el Tribunal Superior y el Tribunal Federal aceptaron los acuerdos transaccionales a los que el Municipio llegó con dos mujeres que reclamaban $2.3 millones por haber sufrido acoso sexual de parte de funcionarios de la alcaldía.
Las demandas fueron presentadas en noviembre de 2006 y en mayo de 2010, cuando el alcalde era Luis “Rolan” Maldonado Rodríguez, quien este año volvió a juramentar al cargo luego de estar fuera del ayuntamiento entre 2013 y 2016.
“Los tribunales mencionados aceptaron dichos acuerdos y ordenaron al Municipio a pagar a las demandantes un total de $95,000. El Municipio pagó dicho importe en un plan de pagos de abril de 2013 a julio de 2014”, detalla el documento de la OCPR.
Los gastos que incurrió el Gobierno municipal durante estos años de litigación relacionados con esta demanda no son recogidos por el informe de auditoría, como tampoco las acciones disciplinarias, si alguna, que se tomaron contra los funcionarios implicados en el hostigamiento.
En el mismo año 2013, 13 mujeres demandaron al Municipio por discrimen político cuando fueron removidas de sus puestos. Las empleadas ganaron el pleito y al ayuntamiento se le ordenó reinstalarlas y pagarles $1,095,447, por los salarios dejados de devengar, daños y angustias, además del pago de intereses presentencias.
Asimismo, el Tribunal ordenó al entonces alcalde Juan José Rodríguez Pérez, pagarle de su peculio $5,000 a cada una de las empleadas a las que despidió cuando asumió el cargo.
En su contestación a la OCPR, Rodríguez Pérez defendió la acción de personal que tomó contra estas trabajadoras.
“Este grupo de demandantes prestaban servicio por contrato en el Programa del Child Care, entendiendo esta administración que los empleados por contrato una vez vence el término de su contrato la agencia no está obli- gada a renovarle, ya que todo contrato tiene una fecha de comienzo y una fecha de terminación. Entendemos los empleados por contrato no adquieren derecho de permanencia en el puesto para el cual fue contratado”, mencionó el exalcalde.
Tras el dictamen judicial, el Municipio acordó pagar el monto en cuatro plazos que vencían en agosto y noviembre de 2015, y en enero y agosto de 2016, respectivamente.
“Al 30 de noviembre de 2015, el Municipio había pagado $582,590 correspondientes a los dos primeros plazos”, señala el documento.
Además, según el informe de la Contraloría, “al 30 de junio de 2015, estaban pendientes de resolución por los tribunales cinco demandas civiles presentadas contra el Municipio por $1,499,237. De este importe, $911,937 eran por cobro de dinero, y $587,300 eran por daños y perjuicios”,
Este municipio no solo ha perdido dinero en demandas sino también en obras que no han tenido utilidad y dinero pagada en exceso en proyectos de infraestructura.
Desde el 2008, el alcalde Maldonado Rodríguez hizo contrataciones para la remodelación del edificio donde albergaba el casino para convertirlo en alcaldía. No obstante, al 2015, cuando el personal de la OCPR hacía la auditoría, y con casi $1 millón invertido, la construcción no había culminado y se estimaba que se necesitaría $500,000 adicionales para terminarla.
Además, los auditores se percataron que se sustituyeron trabajos en la obra sin que se hubiesen hecho las enmiendas requeridas al contrato y sin que hubiera un análisis de costos. De igual manera, el informe señala que en contratos relacionados con esta remodelación se fraccionaron los trabajos para presuntamente evadir el requisito de subasta.
La contralora, Yesmín Valdivieso, remitió al Colegio de Ingenieros y Agrimensores uno de los hallazgos de esta auditoría porque pudiese implicar a un ingeniero con un acto antiético. La auditoría reveló que un ineniero contratado entre 2005 y 2012, para hacer trabajos en el antiguo casino, recibió pagos por parte del Municipio, pero él. en cambio, supuestamente no tramitó los permisos requeridos en el contrato.
Según la OCPR el municipio también pagó inútilmente más de $140,000 en servicios de ingeniería y en la transacción de una demanda de cobró por trabajos relacionados a un proyecto para el control de inundaciones en el sector Dos Ríos.
“En nuestro examen determinamos que, a junio de 2015, el referido proyecto de construcción no se había realizado, ya que los fondos destinados para el mismo se transfirieron para cubrir gastos operacionales correspondientes al 2011 y 2012”, menciona el informe de auditoría.
Este informe, que es el segundo y último sobre la auditoría en Ciales, contiene 12 hallazgos, cubre las administraciones de Maldonado Rodríguez y de Rodríguez Pérez.