Ofensiva legislativa contra la violencia de género en la Isla

Ante cifras alarmantes, legisladores evalúan varios proyectos que enmiendan la Ley 54

El año pasado, se presentaron en los tribunales 2,107 denuncias por infracciones a Ley de Violencia Doméstica. En la Policía, el número es aún más alarmante: 4,139 querellas solamente por el delito del maltrato (artículo 3.1) en los pasados dos años, aunque, por diversas razones, no todas terminan con cargos radicados.

Entre los años 2015 y 2016, un total de 20 mujeres y 9 hombres han muerto a manos de sus parejas.

A consecuencia de cifras como esta, los legisladores han radicado, en lo que va de sesión, más de 10 proyectos dirigidos a enmendar la Ley de Violencia Doméstica (Ley 54).

Uno de estos recién comienza a ser evaluado. Presentado por el senador Carmelo Ríos, busca crear un registro de convictos de la Ley de Violencia Doméstica, muy similar al que existe actualmente sobre ofensores sexuales, pero con la diferencia de que una persona podrá ser removida del registro propuesto -que estaría accesible a través de la internet-, si no viola la ley en un espacio de siete años.

“Queremos informar a la comunidad que esa persona ha cometido el delito y los estudios dicen que son reincidentes”, manifestó Ríos, quien aclaró que no entrarían en el registro acusados que, como parte del proceso judicial, sean referidos a programas de desvío.

“La pregunta que se tiene que hacer el ciudadano es: ‘si hubieras sabido que la personas era así (violento), ¿hubieras entado en la relación?’ Lo que quiero es que el ciudadano tenga una decisión informada”, dijo. HISTORIAL. Para la abogada Paulette Lartigaut, exfiscal destacada en la División Especializada de Violencia Doméstica en Bayamón, en la mayoría de las personas comienzan relaciones sentimentales sin “conocer bien” a la pareja y, aún en casos en que saben que tienen un historial violento, deciden continuar con la relación.

“No es mala idea”, dijo, al hablar sobre la propuesta de Ríos.

Lartigaut mencionó cómo se topó con una gran cantidad de mujeres profesionales, algunas pudientes, que cayeron en el ciclo de la violencia de género, rompiendo el mito de que la violencia entre parejas es un asunto de los sectores marginados. En todas las estratas sociales también se da el fenómeno de la dependencia económica de la mujer hacia el agresor, lo que también limita sus alternativas para salir del ciclo.

“En mi experiencia, las mujeres profesionales aguantan más, porque piensan que pueden con el asunto. Existe este estereotipo de que si es profesional no puede ser víctima de violencia doméstica y eso es falso. Son las que más aguantan por el ‘qué dirán’, el status o creen que son mujeres fuertes, y se convierten en la rescatadora, la que piensa que puede sacarlo de esa conducta”, indicó. ÓRDENES. Otro proyecto legislativo sobre el tintero lo presentó la senadora Itzamar Peña, y busca otorgarle la capacidad a madres, padres, hijas e hijos mayores de 18 años, siempre y cuando tengan conocimiento de primera mano del patrón de abuso, de solicitar órdenes de protección a favor de familiares.

Si bien el texto actual de la Ley de Violencia Doméstica estipula que “cualquier persona” podrá solicitar una orden de protección a favor de un tercero si se demuestra que la víctima sufre de incapacidad física o mental, está impedida de solicitarla por si misma o exista una “emergencia”, Peña insistió en que el lenguaje sigue siendo vago, por lo que su enmienda garantizará que sea más fácil el trámite.

Itzamar Martínez, directora desde 2013 de la Sala Especializada de Violencia Doméstica en la región judicial de Utuado, contó cómo gran parte de las víctimas que llegan a la dependencia lo hacen con temor, sobre todo porque dependen económicamente del agresor o de la familia de este.

“En los casos que he participado, en un número grande el factor económico es bien importante”, dijo Martínez.