Es necesario transformar la estructura municipal
Las conclusiones de un estudio reciente sobre la consolidación de municipios deben ser asumidas como una invitación a buscar alternativas viables de reestructuración que lleven a los ayuntamientos a superar los déficits, la dependencia del Gobierno centra
La crisis fiscal del Gobierno es una realidad que ahoga a todo el País, por lo que los municipios no pueden eludir la responsabilidad de desprenderse de las capas de administración y de las estructuras costosas y sobrecargadas con el peso del partidismo que no abonan a su sostenibilidad e independencia fiscal.
Como posible remedio de estos males, un estudio del Colegio de Contadores Públicos Autorizados descarta la consolidación de los municipios, algo con lo que coincidió el comisionado de Asuntos Municipales, Omar Negrón.
Sin embargo, tal conclusión, unida a la proyección de que reducir la cantidad de ayuntamientos podría incluso agravar los problemas socioeconómicos en los pueblos, fue el resultado de la ausencia de datos sobre los servicios que prestan las estructuras municipales. En este sentido, el tema, lejos de agotarse, sigue más vigente que nunca, en vista de la evidente precariedad de las finanzas municipales.
Al presente, del total de 78 municipios, 40 dependen del Gobierno central para cubrir el 40 por ciento de sus gastos operacionales. La situación general se agrava con las medidas contempladas por el Gobierno central en el plan fiscal a largo plazo con el que se propone reducir el déficit público. Entre estas figura la eliminación del subsidio municipal de $350 millones, lo que obligará a gobiernos municipales a poner la mira en alternativas tales como la retasación de la propiedad inmueble o el aumento en las contribuciones sobre la propiedad, cuyo peso recaerá sobre el contribuyente.
Si a la búsqueda obligatoria de nuevas fuentes de ingresos se suma el impacto que seguramente tendrá la transferencia a los municipios de servicios que hoy da el Gobierno central, como el transporte escolar que ya se anunció, la probabilidad de que la precariedad fiscal aumente en los municipios es muy alta y tocará particularmente a aquellos que experimentan déficits. En tal situación se encontraban 39 municipios en el año fiscal 2014-2015 y la proyección de la Oficina de Asuntos Municipales es que esa cantidad podría aumentar a cincuenta en el futuro cercano.
El Índice Municipal de Salud Fiscal de Puerto Rico, creado por el Centro de Investigación y Política, como herramienta para informar al ciudadano, apunta a que mientras algunos municipios han registrado cambios positivos en su desempeño fiscal en los pasados dos años, los indicadores asociados con la deuda a largo plazo continuaron empeorando para la mayoría. Con ello muestran cómo han replicado precisamente la conducta fiscal que tiene al País al borde del colapso y que abrió el camino a la intervención de la Junta de Supervisión Fiscal.
Ante un cuadro como este, no se puede descartar ninguna opción de cambio. El presupuesto municipal y la prestación de servicios ciudadanos no pueden estar subordinados a la preservación de pequeñas parcelas de poder político en las alcaldías. Ese ha sido uno de los obstáculos mayores a la hora de pensar en propuestas que hagan más racional y eficiente la administración de los municipios.
La pobreza económica de muchos ayuntamientos hace patente que tienen que redefinir los modos en que generan sus ingresos, para aumentar sus presupuestos y alejar la dependencia del Gobierno central, que ya no está en posición de ayudarles. También están llamados a reformular cómo administrarán sus fondos cuando la situación general demanda reducir gastos y afrontar los pagos de las deudas. Lo que no se puede reproducir bajo ningún concepto es la práctica de conjurar los déficits por medio de préstamos cuando la actividad económica no produce suficientes ingresos.
Los municipios tienen que ajustar sus gastos a su realidad económica. Por ello es que acometer una reforma de la estructura municipal no puede descartarse.