BONISTAS REACCIONAN AL RECORTE DE DEUDA PROPUESTO POR LA JUNTA FISCAL
●●●Según analistas, el plan que aprobó la Junta de Supervisión Fiscal contempla reducir en dos terceras parte el servicio de la deuda
Si usted piensa que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) fue creada para pagarle a los bonistas, tal vez deba preguntarle a manejadores de fondos de inversión y a varios analistas de renta fija, quienes desde el lunes pasado no salen de su asombro luego de que el organismo federal aprobara en una reunión en Nueva York el mentado plan fiscal para Puerto Rico.
A nivel local, especialmente entre grupos sindicales, pensionados y la Universidad de Puerto Rico (UPR), el plan fiscal aprobado por la JSF cayó como un balde de agua fría ante la ronda de austeridad que se avecina y la posible reducción de la jornada laboral y el bono de Navidad como medidas de contingencia. Esto, en caso de que el gobernador Ricardo Rosselló Nevares no logre los ahorros y recaudos contenidos en el plan, que enmendó marcadamente el organismo federal.
Sin embargo, desde el mismo día en que la JSF aprobó el plan fiscal, los inversionistas también expresaron su opinión del plan fiscal en el idioma que conocen: vendiendo y comprando los bonos del gobierno puertorriqueño. Y a juzgar por el desempeño de varios bonos de la Isla con el plan aprobado por la JSF, los bonistas no tienen nada que celebrar.
A LA BAJA LOS BONOS DE LA ISLA. Desde el pasado lunes, el Índice de Bonos de Puerto Rico (SAPIPR) que publica Standard & Poor’s y Dow Jones Indices ha ido a menos registrando una caída cercana a 3.8%. El desempeño del índice incluso parecía borrar la expectativa de los bonistas de que llegarían a mejores acuerdos con la administración Rosselló Nevares que con aquella que cesó en diciembre de 2016. Ello porque en los pasados días, ciertos bonos de la Isla incluso regresaron a los precios que se registraron en abril de 2016, cuando se aprobó la Ley de Moratoria de Emergencia.
Luego de la aprobación del plan fiscal, los bonos de Obligación General (GOs) que se vendieron en 2014 se cotizaban en 70.7 centavos de dólar. Ello, partiendo del registro de transacciones de la Junta Reglamentadora de Valores Municipales (MSRB, en inglés). Utilizando como referencia transacciones de $100,000, ciertos bonos de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) con vencimiento al 2026, se traficaron en 52.6 de dólar. Algunos bonos subordinados de la Corporación para el Fondo de Interés Apremiante (Cofina) con vencimiento al 2041, se vendieron en 23 centavos de dólar, mientras los valores principales o “senior” de ese instrumento, con vencimiento al 2057, se cotizaron en 66.4 centavos. En tanto, ciertos Bonos de Obligaciones de Pensiones (POBs, en inglés) de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), se vendieron en 42.7 centavos de dólar.
En una transacción por $215,000 en notas del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), el tenedor del instrumento aceptó vender por 19.74 centavos de dólar.
Transacciones de menor cuantía presentaban precios todavía más bajos en prácticamente todos los valores gubernamentales de Puerto Rico en los registros del MSRB. Los únicos bonos que parecían venderse a par o incluso, con prima, eran aquellos asegurados o respaldados con garantías extraordinarias como poseen -por excepciónciertos bonos de Puerto Rico con garantía de programas federales.
En ese mundo transaccional, los precios suelen interpretarse como un indicador del principal que los bonistas podrían recuperar en un proceso de renegociación de la deuda. Dicho a la inversa, las transacciones registradas en la base de datos de MSRB apuntan a que dependiendo del tipo de bono, los inversionistas de Puerto Rico se exponen a perder entre 30% y 80% de lo que prestaron al Gobierno.
CON AMIGOS COMO LA JUNTA... Así pues y aunque usted no lo crea, el plan fiscal enmendado y condicionado que aprobó la JSF afectará a los bonistas de Puerto Rico, tanto o más que a la gente de a pie que vivirá en carne propia los recortes e impuestos que se avecinan.
“Los recortes a la deuda propuestos de sobre 75% a lo largo de 10 años podrían no perdonar a ninguna clase y harán probable una reestructuración en la corte”, indicaron los analistas Michael D. Zezas, Mark T. Schmidt y Spencer Chang, analistas de créditos municipales para la unidad de investigación de Morgan Stanley.
En un reporte, titulado “La Junta de Supervisión y los bonistas, con amigos como estos…”, los analistas señalan que el plan aprobado por la JSF contiene supuestos más “pesimistas” que los sugeridos a mediados de 2015 por la economista Anne O. Krueger. El análisis de Krueger sirvió de base para que el exgobernador Alejandro García Padilla dijera que la deuda de Puerto Rico era impagable según fue contraída y para dos ofertas desarrolladas por los asesores financiero y legal del Gobierno (Jim Millstein y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, respectivamente). Ambas ofertas, que suponían casi el doble del servicio a la deuda aprobado en el plan fiscal, fue rechazado por los bonistas.
“Desde nuestra perspectiva, el caso optimista de Puerto Rico dependía de las expectativas de 1) un gobernador amigable a los bonistas y 2) una junta amigable a los bonistas. Ninguna de estas parece cierta. Aunque un resultado legal optimista todavía es posible para los gravámenes principales, las peores conjeturas financieras están en desacuerdo con eso”, reza el reporte de Morgan Stanley, en el que se agrega que la JSF buscará una “reestructuración agresiva guiada por supuestos conservadores” en torno a gastos, inflación y crecimiento económico.
LA POSTURA DE LA JSF. La intención de la JSF con respecto a los bonistas no necesita de mucha interpretación.
“Pueden tener certeza que habrá una reestructuración. Será una reestructuración marcada y eso está contemplado. Es inevitable y eso se avecina”, indicó el presidente de la JSF,
“No quede la menor duda, no se equivoquen, en este plan fiscal hay unos recortes importantísimos de la deuda que están implícitos, que habrá que negociar liderado por el gobierno de aquí en adelante, pero sujeto a nuestra aprobación y eventualmente, posiblemente, sujeto a confirmación por los tribunales” JOSÉ R. GONZÁLEZ miembro de la Junta de Supervisión Fiscal
José B. Carrión, durante la conferencia de prensa que ofreció la JSF al concluir la reunión donde se aprobó el plan fiscal. El encuentro se llevó a cabo en el edificio Alexander Hamilton de la ciudad de Nueva York.
“Creo que de los números surge claramente que es necesario un ajuste bastante severo al principal y al servicio de la deuda de todas las clases de inversionistas. Eso es inevitable y está implícito, si lo ve en el plan fiscal que se adoptó”, dijo por su parte el directivo José R. González.
“Cómo incidirá específicamente sobre diferentes tipos de instrumentos e inversionistas, dependerá de las prioridades que tengan de acuerdo a las leyes aplicables que rigen las emisiones de bonos de Puerto Rico”, agregó el también presidente del Federal Home Loan Bank de Nueva York.
Acto seguido, González dijo: “pero no quede la menor duda, no se equivoquen, en este plan fiscal hay unos recortes importantísimos de la deuda que están implícitos, que habrá que negociar liderado por el gobierno de aquí en adelante, pero sujeto a nuestra aprobación y eventualmente, posiblemente, sujeto a confirmación por los tribunales”. Incluso, González hizo claro que la administración Rosselló Nevares no tenía autorización para hacer ningún pago a los bonistas, una movida que el Rosselló Nevares anunció en un evento de la Asociación de Industriales en febrero pasado.
MUY POCO PARA DEMASIADA GENTE. Según el resumen ejecutivo del plan fiscal aprobado, en el año fiscal siguiente, el saldo entre los ingresos y gastos del Gobierno dejaría unos $404 millones para el pago a los bonistas. Esa partida aumentaría a $567 millones en el 2019 y a $1,059 millones en el fiscal 2021 para luego ir a menos. Al cabo de los 10 años de vigencia del plan, el dinero disponible para los bonistas rondaría $7,873 millones o un promedio de $800 millones. En la actualidad, el servicio a la deuda anual de Puerto Rico ronda entre $3,000 millones y $4,000 millones.
Según el plan fiscal, la capacidad de Puerto Rico de pagar a los bonistas es tan baja en los próximos años, que esa partida ni siquiera representa lo que se paga anualmente a los bonistas de GOs, que poseen garantía constitucional, y ni siquiera cubre lo que se debe anualmente a los bonistas de Cofina, los únicos que hasta la fecha han cobrado consistentemente desde que se aprobó la Ley de Moratoria el año pasado.
La capacidad de servicio a la deuda en el plan fiscal excluye la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
“Con tantas demandas de acreedores ya pendientes, puede que las negociaciones voluntarias solo tengan hasta fines de abril para concluir. Luego de que la suspensión automática de litigios se levante, parece poco probable que las negociaciones continúen fluidamente”, indica el reporte de Morgan Stanley en referencia indirecta al fin de la protección contra litigios que expira el próximo 1 de mayo.
DIFÍCIL CONSEGUIR SOSTENIBILIDAD. “Aún asumiendo que las proyecciones de las reformas fiscales den fruto, se necesitarán ahorros adicionales para estabilizar el perfil de deuda del país, el cual surgirá más probablemente de renegociar la deuda vigente”, indican por su parte los analistas Mikhail Foux y Mayur Patel, de la unidad de Análisis Municipal de Barclays, en otro reporte al mercado.
“Desde nuestra perspectiva, las recuperaciones más probables de la deuda agregada (excluyendo AEE y AAA) necesitarán ubicarse entre 25% y 35% para que la deuda de Puerto Rico sea sostenible”, agregan los analistas, al indicar que el monto de la recuperación de principal podría aumentar a 50% cuando se incluyen la AEE y la AAA.
De acuerdo con Foux y Patel, el entorno macroeconómico en que se encuentra Puerto Rico es tan adverso, que aún aplicando todas las reformas establecidas en el plan, estas no serían suficientes para estabilizar el perfil de deuda de la Isla. Como resultado, en el análisis que utiliza las proyecciones del plan fiscal aprobado, se concluye que Puerto Rico tendría que compensar la situación con medidas económicas o a través de la negociación de la deuda, proceso que a juzgar por un comunicado emitido al cierre de esta edición por la AAFAF apenas comienza, con un acuerdo para iniciar negociaciones entre el Gobierno y GOs. Según los analistas de Barclays, la deuda de la Isla tendría que recortarse a una tercera parte del balance actual para que Puerto Rico posea una relación de deuda a producto bruto estable. Si la deuda de la AEE y la AAA se incluye en el análisis, tendría que recortarse en aproximadamente 60%.
EN RUTA AL TRIBUNAL. A juicio del analista Matt Fabian, de Municipal Market Research, la capacidad de servicio a la deuda de Puerto Rico que aparece en el plan fiscal podría ser un punto de partida para comenzar las negociaciones.
Sin embargo, según Fabian, una previsión de servicio a la deuda tan baja podría desalentar las negociaciones o dar paso a un proceso de negociación que no se complete de manera voluntaria y termine en una disputa legal en corte.
El asunto no es del todo nuevo. Aunque muy distinto a Puerto Rico, en Detroit, dijo Fabian, la ciudad ofreció ocho centavos a los tenedores de Obligaciones Generales. Al completarse el proceso de bancarrota, se pagó a estos entre 65 y 75 centavos de dólar.
En ese sentido, Fabian sostuvo que las proyecciones del plan fiscal pueden responder al peor escenario posible, dejando a los bonistas con entre 20 y 30 centavos del total que prestaron al Gobierno. Ese escenario de recuperaciones muy bajas, agregó, es más probable en la deuda del BGF y los bonos de la Corporación para el Financiamiento Público (PFC, en inglés), dos créditos que poseen miles de bonistas en Puerto Rico.
De acuerdo con el analista, ante las circunstancias, es posible que los acreedores intenten hacer presión en diversos frentes para lograr mayores recuperaciones, entiéndase en la Legislatura de Puerto Rico, el Congreso federal e incluso en las cortes, donde un litigio prolongado podría causar “dolor fiscal al Gobierno” y presión para llegar a una solución, a medida que haya que pagar a abogados del poco efectivo que hay en caja.
En el caso de la capital federal, donde podría abogarse porque Puerto Rico reciba fondos para Mi Salud, Fabian sostuvo que es poco probable que se produzca apoyo significativo para la Isla. Allí, explicó el analista, la nueva propuesta de salud que reemplazaría el llamado Obamacare supone menos fondos para los estados. Por ende, Puerto Rico tendría que avanzar su causa compitiendo contra los estados y otros territorios.
A juicio de Fabian, un escollo sig- nificativo que encaran los bonistas es que en el plan aprobado, los acreedores aparecen como “la última prioridad en el presupuesto”, lo que supone un cambio al estado de derecho y un asunto que los acreedores cuestionarían en las cortes, cuestionando qué partidas son servicios esenciales, un asunto que la JSF reconoció el pasado lunes, todavía no se define con exactitud en el plan fiscal.
A LAS PUERTAS DEL TÍTULO III. El cuadro fiscal, así como el poco tiempo para llegar a un acuerdo consensual con diversidad de acreedores parecen sentar las bases para que la JSF considere el camino de la reestructuración en las cortes, o sea, el Título III de la ley federal PROMESA, indicaron los abogados Richard J. Cooper y
Luke A. Barefoot, ambos abogados de Cleary Gottlieb, en una serie acerca del estatuto federal que publicó la revista especializada Law360.
Según Barefoot y Cooper, quien antes asesoró directamente a Puerto Rico en el tema de la renegociación de la deuda, es claro que los bonistas disputarán el poco sobrante que se ha dejado para ellos.
Pero también, de acuerdo con los abogados, el título VI de PROMESA no permite atender muchas de las controversias que han surgido desde que se produjo el impago de Puerto Rico y que van desde la constitucionalidad de la Ley de Moratoria, la prioridad de pago entre acreedores de un mismo crédito como sería el caso de Cofina o posibles disputas futuras como aquellas que surjan entre los tenedores de GOs y los bonistas de Edificios Públicos, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) o el BGF que poseen series con garantía del Gobierno central.
De igual forma, los abogados indican que solo el Título III permitiría allegar un financiamiento de emergencia al Gobierno mientras se completan las negociaciones y también podría servir para atar a un mismo acuerdo las clases de bonistas que no favorezcan las negociaciones.
“Aunque sería maravilloso creer que múltiples grupos de acreedores a lo largo de casi una docena de emisores de deuda distintos que poseen sobre $50,000 millones en deuda se pondrán de acuerdo por una supermayoría en una reestructuración consensuada, más de dos años de esfuerzos para alcanzar esa solución consensual han demostrado que es poco probable, que ese resultado ocurra en el período de tiempo disponible”, reza el análisis de Cooper y Barefoot.