NIÑOS ANTE LOS TRIBUNALES
La mayoría de los casos en los tribunales de menores son por incidentes que podrían dilucidarse en otros foros Hay niños hasta de 7 años procesados por peleas escolares
Rencillas simples entre menores que deberían resolverse a través de remedios administrativos terminan ante foros judiciales causando profundos traumas en los menores involucrados y sus familiares
Nadie sabe con total certeza qué ocurrió el tibio mediodía de diciembre del año pasado en que Alma
Yarida Cruz Cruz, una estudiante de educación especial de 11 años, se encontró con dos compañeras de sexto grado en uno de los pasillos de la escuela elemental Modesto Rivera Rivera, en Carolina.
Según varias versiones, desde varios grados atrás había mala sangre entre las tres niñas. Las compañeras de Alma Yarida dicen que ese 2 de diciembre ella les habló en lenguaje soez, empujó a una de ellas por el pecho y amenazó con tirarlas a ambas por las escaleras. Alma Yarida lo niega. Dice que las dos niñas, que tienen un año menos porque Alma Yarida repitió el primer grado, venían hostigándola al menos desde cuarto grado.
“Mi nena no es agresiva. Aun molesta, ella lo que sabe hacer es llorar”, dice Yomaira Cruz, de 33 años, quien cría sola a Alma Yarida y a su otra niña de 9 años.
Incidentes así ocurren todos los días, a todas las horas, en todas las escuelas, públicas y privadas. Normalmente, se cita a los implicados y sus padres a la oficina del director o el trabajador social. Se discute la situación. Se invoca el reglamento. Se habla de sana convivencia. Se dan consejos. En el peor de los casos, alguien termina amonestado o suspendido.
Cada cual regresa después a sus clases y la vida escolar, con sus giros, vuelcos y complejidades, continúa.
Eso no fue lo que ocurrió con Alma Yarida, quien, en cambio, fue arrestada y ahora enfrenta cinco cargos en el Tribunal de Menores: uno por agresión simple, dos por amenaza y otros dos por alteración a la paz. La niña espera ahora juicio, en un trance que está resultando profundamente traumático, produciéndole gran ansiedad y quitándoles sueño y hambre a ella, a su madre y a su hermana. Es un desenlace insólito para un incidente que, según múltiples entrevistados, debió manejarse en el ámbito escolar, no con arrestos, policías, fiscales y jueces. Pero lo hace más insólito todavía cuando se considera que la mayoría de los casos presentados en el Tribunal de Menores es por situaciones así: garatas entre niños, un menor que insultó a alguien, otro que le puso el pie a un compañero en el patio escolar o hasta los que tuvieron la desafortunada idea de correr bicicleta donde no debían.
Los tribunales atienden casos graves de menores que cometen agresiones agravadas, venden drogas o asaltan. Pero la mayor parte de los recursos invertidos en el tiempo de policías, procuradores de menores, abogados, jueces y sus salas se va en incidentes que no deberían requerir la atención de todo el aparato judicial, según estadísticas oficiales y conocedores de este tema.
DESFILE DE UNIFORMES. “Es triste uno ir al Tribunal de Menores. Yo a veces me sentía frustrado. Llegaba por la mañana y miraba la sala de espera y lo que veía eran uniformes escolares. A veces, los maestros no agotan los remedios administrativos”, dice Félix
Vélez, director de la Sociedad de Asistencia Legal (SAL), la organización de defensa gratuita que se encarga de la representación de la inmensa mayoría de los menores en procesos judiciales.
Entre los años fiscales 2009-10 y 2014-15, las estadísticas más recientes disponibles en el Departamento de Justicia, menores fueron encontrados responsables de 21,392 faltas en los tribunales. De estas, solo el 12% (2,521) fueron faltas Clase III, las más serias, que incluyen homicidios, agresiones agravadas, restricción de libertad, escalamientos, apropiaciones ilegales y otras conductas de suma gravedad.
Las faltas Clase I, que son lo que en adultos se considerarían delitos menos graves y que incluyen las acusaciones contra niños que pelearon en la escuela, tomaron sin permiso el carro de sus padres o le tiraron una bolita de papel al maestro, fueron el 53% (11,244). Las faltas Clase II, que también son las que se considerarían en el sistema de adultos como delitos graves, fueron el 35% (7,627).
El secretario auxiliar de Menores y Familias del Departamento de Justicia,
Carlos J. Rivera Santiago, reconoce que se ven en los tribunales muchos casos que deberían resolverse en otro ámbito y urgió a tener un mejor filtro.
“Sabemos que hay algo que se llama disciplina escolar. Definitivamente, las escuelas tienen unos reglamentos de estudiantes y unos procedimientos para atender unas situaciones que se deben atender a nivel del maestro, trabajador social. Yo, como procurador de menores y como jefe de la oficina, entiendo que ese es el mecanismo”, dice Rivera Santiago.
La Ley de Menores provee para que cada denuncia de Clase I sea objeto de proceso de mediación a cargo del tribunal. Pero de las 46,883 denuncias presentadas contra menores en el periodo examinado, solo el 1.2% se resolvió mediante mediación.
El resto de las denuncias termina en los tribunales, en un proceso adversativo que implica el uso de vastos recursos del Estado y que se distingue de los casos de adultos solo en los nombres. Al fiscal se le llama procurador. Los delitos son faltas. La vista de causa para arresto es vista de aprehensión. Al juicio se le llama vista adjudicativa. El menor encontrado responsable de un delito no es culpable, sino incurso. La sentencia se conoce como medida dispositiva.
En todo, salvo en los nombres, el proceso es idéntico al de adultos. Y las historias que cuentan los que ven los procesos, que son cerrados al público, son de espanto.
“Yo he tenido niños detenidos por correr bicicleta en contra del tránsito, que es un delito menos grave. Yo tuve un nene de 9 años que corriendo le metió el pie al otro”, dice el abogado de SAL Julián Claudio Gotay, quien trabaja en el Tribunal de Mayagüez.
Claudio Gotay lleva 10 años trabajando casos de menores, y dice que nunca ha visto en sala a un niño de escuela privada, lo que atribuye a que en esos planteles el personal se esfuerza en resolver las diferencias en el propio entorno escolar.
HISTORIAS DE ESPANTO. En Puerto Rico no hay una edad mínima para que un menor pueda ser acusado. Los abogados que trabajan estos casos cuentan de niños de hasta 7 años a los que el proceso les resulta tan abrumador que se bloquean y no pueden siquiera cooperar con su defensa, un elemento esencial del principio de juicio justo.
“No te pueden hablar, porque si te hablan empiezan a llorar. ‘Yo quiero estar con mami, misi’”, cuenta la abogada de SAL Jessica Meléndez, quien trabaja en la región de Ponce.
Meléndez cuenta el caso de un niño de 7 años acusado en corte por haber empujado a un compañero en la fila del comedor. “Él lo empuja y se cae, y da la casualidad que viene pasando la trabajadora social o la maestra. Vieron al nene mío empujando al otro y lo llevaron al tribunal porque lo agredió. No fue que le metió un puño, no fue que sacó una navaja. Fue que lo empujó en la fila del comedor. Siete años”, cuenta, escandalizada.
En ese caso, cuenta Meléndez, el juez a cargo se dio cuenta de lo absurdo de la situación, declaró “yo creo que esto se debe resolver aquí”, conminó a los niños a darse la mano, y cada cual para su casa después. No siempre alguien ve el absurdo. Según la denuncia ante la Policía, Alma Yarida presuntamente empujó por el pecho a una de las otras dos niñas, les dijo “puta, cuatro ojos y chumba” a ambas, y amenazó con “ahorcarlas con el jacket y tirarlas por la escalera”. Yomaira, la madre, reconoce que son actuaciones incorrectas, pero no cree a su hija capaz de ello y, en todo caso, no pensó nunca que un asunto así pudiera terminar siendo objeto de un proceso en la corte.
Los eventos que siguieron a continuación le dejaron incrédula, confundida y desorientada. Tras la vista de aprehensión, Alma Yarida fue arrestada delante de ella. “Le leyeron los derechos. La hicieron iniciar sus derechos a la niña, que no entiende el proceso. Todavía en estos momentos, ella no entiende”, cuenta Yomaira, quien nunca en su vida había tenido que ir a corte para nada.
Durante todo el proceso, Yomaira observa los eventos como si le estuvieran pasando a otra persona, esperando que alguien entre en razón, se dé cuenta del absurdo y ordene manejar la situación a otros niveles.
Pero eso no ha pasado y cada visita a la corte le angustia más. Son forma-
“En estos momentos, yo me siento totalmente a la deriva, desorientada. Yo soy el pilar de mi casa. Si yo me caigo, se cae mi casa.” YOMAIRA CRUZ Madre de una niña de 11 años procesada en corte por una pelea menor en la escuela
lismos que se dicen en los procesos, porque la “medida dispositiva” contemplada para la niña es probatoria, pero en una vista Yomaira escuchó al juez hablar de “institución juvenil” y “remoción de custodia”, lo cual a ella, que desconoce todo sobre el sistema penal, la estremeció de horror.
EL FANTASMA DE LA CÁRCEL. “Salí del tribunal bien afectada, porque a mí me dijeron que la nena podía ir a una institución penal”, dice.
Yomaira, quien es enfermera práctica, trabaja de 5:00 a.m. a 7:00 p.m. para sostener a sus niñas. En las mañanas, es guardia de seguridad y en las tardes cuida a dos ancianos.
Además, padece de miastenia gravis, una condición neuromuscular que por épocas la incapacita.
Vive con terror de lo que pueda pasar con la niña. Ella no imaginaba que podía llegar a donde ha llegado y, por lo tanto, no descarta que cualquier cosa peor pueda ocurrir de aquí en adelante. “No sé qué pueda pasar en un nivel más arriba. En estos momentos, yo me siento totalmente a la deriva, desorientada. Yo soy el pilar de mi casa. Si yo me caigo, se cae mi casa”, dice, llorosa.
Alma Yarida la observa atentamente con sus brillantes y vivos ojos negros, pero no habla. No respondió a preguntas de este periodista, como tampoco ha respondido las de su abogado,
Leonardo Aldridge, quien ha estado tratando, sin éxito hasta ahora, de que la corte entienda que la niña no está apta para cooperar con su defensa y, por lo tanto, para enfrentar juicio.
La niña tiene déficit de atención e hiperactividad, dificultades del habla y de aprendizaje y su coeficiente intelectual es de bajo promedio, según informes mostrados por su madre a El
Nuevo Día. El caso judicial la empeoró. “Ella se ha puesto ansiosa, en depresión, ha dejado de comer, las notas han bajado”, dice Yomaira.
El incidente objeto del caso ocurrió en diciembre. Cuando Alma Yarida regresó a la escuela en enero, el director, Domingo Leduc, de quien padres han dicho que quiere deshacerse de los estudiantes de educación especial, no le permitió volver a matricularse. Alma Yarida está ahora en otra escuela, al igual que sus dos presuntas víctimas.
“Da tristeza que todos estos recursos no hayan descifrado la manera de canalizar hacia algo que no sea el tribunal una conducta alegadamente no violenta de una niña y las consecuencias que esto tiene en los procesos cuasijudiciales, cuasicriminales como los casos de menores. Esa es, además de lo que ellas están enfrentando, la gran tristeza de este proceso”, dice Aldridge.