Desde Washington le halan las orejas a la JSF
Dos senadores republicanos piden cuentas y destacan que consideran que el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico incumple con PROMESA
WASHINGTON.- A solo tres semanas de que expire el freno en la litigación judicial, dos senadores republicanos emplazaron ayer a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas de Puerto Rico a que certifique que cumple con las negociaciones voluntarias hacia la reestructuración de la deuda pública y los requisitos del plan fiscal que demanda la ley PROMESA.
Como han estado presionado acreedores, los senadores republicanos Thom Tillis (Carolina del Norte) y Tom Cotton (Arkansas) expresaron especial interés en que el presidente de la JSF, José Carrión III, demuestre que el plan fiscal del gobierno de Ricardo Rosselló respeta las prioridades que otorgan las normas de Puerto Rico a algunos bonistas.
Tillis y Cotton –que habían estado alejados del debate sobre la situación fiscal de Puerto Rico–, dieron a Carrión hasta el 25 de abril, cuando el Senado estará nuevamente en pleno funcionamiento tras dos semanas de receso, para que les corrobore que la autoridad fiscal que funciona por encima del gobierno puertorriqueño cumple con cada uno de los apartados de la sección 201 de PROMESA.
El Senado inició ayer el tradicional receso de Semana Santa, por lo que suspendió sus sesiones hasta la tarde del 24 de abril.
Por lo que conocen, los senadores republicanos afirmaron que el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico incumple con PROMESA. Expresaron su preocupación de que la JSF y el gobierno de Puerto Rico no fomenten negociaciones voluntarias con los acreedores, ni respeten “las prioridades legítimas” de algunos bonistas.
Los senadores indicaron estar particularmente insatisfechos con las respuestas dadas por Carrión el pasado 22 de marzo ante el Subcomité de Asuntos Indígenas, Insulares y de los Nativos de Alaska, respecto a los acreedores que deben tener prioridad de pago, y cómo se determina que son gastos esenciales del gobierno.
El lenguaje de sección 201 de PROMESA, que pide respetar las prioridades de los acreedores, fue impulsado con fuerza principalmente por los bonistas de obligaciones generales, que han tenido una batalla en los tribunales con los de COFINA y el gobierno de Puerto Rico.
“Múltiples grupos de acreedores han afirmado que el Estado Libre Asociado y la Junta no han intentado negociar con los acreedores bajo el título VI de PROMESA, y que han fallado en responder a los intentos de los acreedores por iniciar las negociaciones”, indicaron Tillis y Cotto.
El freno en la litigación judicial contra el gobierno vence el 1 de mayo. Las negociaciones que no generen acuerdos voluntarios para entonces terminarían ante un juez federal, por medio del sistema de bancarrota territorial que creó PROMESA. Tillis es miembro del Comité de lo Jurídico.
La certificación que debe emitir la JSF a los senadores republicanos abarca toda la sección 201 del estatuto, que se centra en la aprobación y revisión del plan fiscal.
También exigen una certificación de cómo avanzan las negociaciones con los acreedores, y el porcentaje de los ingresos que Puerto Rico destina a los pagos que debe a los “contribuyentes estadounidenses”.
“Estamos profundamente preocupados de que PROMESA no está en camino a lograr sus metas de promover responsabilidad fiscal en Puerto Rico y que el ELA regrese a los mercados financieros”, agregaron.
Tanto Tillis como Cotton firmaron también esta semana la carta en la que junto a otros seis colegas piden al secretario de Justicia de EE.UU., Jeff Sessions, determinar que la ley que regula el plebiscito de junio próximo en Puerto Rico no cumple con las normas constitucionales federales.
“Han fallado en responder a los intentos de los acreedores por iniciar las negociaciones” SENADORES TOM COTTON Y THOM TILLIS