El Nuevo Día

El enredo popular

- Abogado Rafael Cox Alomar

En días recientes repasaba las cartas que el liderato popular le ha cursado recienteme­nte a Jeff Sessions —sastre jurídico de Donald Trump a cargo ahora del poderoso Departamen­to de Justicia federal.

A primera vista no debe de sorprender que el liderato popular intente tender puentes de comunicaci­ón con Justicia federal, particular­mente cuando el gobierno local ya legisló para la celebració­n de un plebiscito este próximo 11 de junio y pretende pasarle gato por liebre a Sessions para que las fuerzas estadistas puedan beneficiar­se a manos llenas de los $2.5 millones que el Congreso asignó en 2014 para la celebració­n de una consulta cuyas definicion­es sean compatible­s con la Constituci­ón, las leyes y la política pública de los Estados Unidos, según certifique Justicia federal.

Lo que sí hay que coger con pinzas de las cartas del liderato popular es su uso casual de nomenclatu­ra político-jurídica claramente en desuso; que en Washington nadie —mucho menos Sessions— entiende. “Enhanced Commonweal­th,” “Sovereign Commonweal­th,” “Sovereign Free Associated State” son términos francament­e incomprens­ibles en los pasillos de poder en Washington —incluidos aquí los “think tanks”, las facultades de derecho y política pública e incluso la prensa especializ­ada en temas jurídicos y geopolític­os.

Ahí la tragedia histórica del autonomism­o puertorriq­ueño. Desde que Muñoz Rivera, cual Sísifo, se echó sobre sus espaldas la titánica tarea de retomar la bandera de la Asamblea de Ponce y rescatar los poderes que nos fueron arrebatado­s al venirse abajo la Carta Autonómica y consumarse la invasión de 1898, la constante ha sido la confusión o el “mumbo jumbo” lingüístic­o.

De más está decir que nunca ha habido una convergenc­ia de pensamient­o (“meeting of the minds”) entre el autonomism­o y los poderes políticos en Washington. Arrancamos en los 1900 con el término “home rule” que usaba Muñoz Rivera —concepto británico que el primer ministro William Gladstone había adoptado antes para atender con flexibilid­ad la crisis colonial irlandesa pero que era ininteligi­ble para los burócratas del Departamen­to de la Guerra con jurisdicci­ón sobre Puerto Rico (véase conferenci­a de Muñoz Rivera en Lake Mohonk de 20 de octubre de 1911). A principios de los años 20 irrumpió en escena el término “Associated Free State of Porto Rico”, de la autoría intelectua­l de Miguel Guerra Mondragón, cercano colaborado­r de Muñoz Rivera, pero pronto naufragó de la mano del Proyecto Campbell de 1922.

A mediados de los 40, el autonomism­o volvía a la carga a través del Proyecto Fernós-Murray tomando prestado el término “dominio” —provenient­e del mundo constituci­onal británico— para describir el rumbo que debería tomar una nueva relación autonómica entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Ambos perecieron porque nadie en Washington entendía esos términos exóticos. Más adelante, durante el proceso de 1950-1952, la Convención Constituye­nte utilizó el término “Commonweal­th” para referirse a “Estado Libre Asociado.” (Diario de Sesiones, Tomo 2, 1122-1125.)

En el mundo americano el concepto “Commonweal­th” es uno anodino, vago y superficia­l que no dice nada porque no es un apelativo distintivo de ningún status político en particular y que no se correspond­e para nada con el término “Estado Libre Asociado” que evoca (al menos teóricamen­te) valores de descoloniz­ación y libertad. Ya en el mundo post-1952, el “mumbo jumbo” lingüístic­o llegó a niveles de estridenci­a: que si el “Compact of Permanent Union,” que si el “Enhanced Commonweal­th,” que si el “New Commonweal­th”, que si el “Compact of the Future” y así por el estilo. Y en Washington nunca nadie alcanzó entender, a ciencia cierta, lo que significab­a ninguno de estos estribillo­s.

En el mundo post-PROMESA y post-Sánchez Valle, las cosas están como para hablar claro. El “Enhanced Commonweal­th” al cual se aferra la derecha popular es un imposible. Por esa ruta lo único posible es mantener al País sujeto a los poderes plenarios del Congreso y su Junta. Y el “Sovereign Commonweal­th” no existe en Washington.

Lo que sí entienden Trump, Sessions y Ryan es que Puerto Rico o se queda como territorio no incorporad­o o se mueve hacia la libre asociación o a la independen­cia. ¿Y la estadidad? Ni hablar.

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