Al deporte profesional se le corre el maquillaje
Con las próximas elecciones a cuatro años de distancia y ya encaminado su tercer término como alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez Altieri guardó en la gaveta eso de “jugar para las gradas” y puso en práctica uno de los puntos más importantes del “job description” de todo alcalde -aunque pocos lo apliquen-: ser responsable en el manejo de las finanzas.
Fue así que en los primeros meses de su noveno año como alcaldesa declaró un estado de emergencia fiscal en Ponce. Fue así también que en los días previos al inicio del torneo de Baloncesto Superior Nacional (BSN), informó al apoderado de los Leones, Gerardo Misla, que si querían jugar en el auditorio Juan “Pachín” Vicéns, tendrían que pagar una renta de $42,000 y que no habría donativo municipal de $100,000 como en 2016.
“El Baloncesto Superior Nacional es una empresa privada y sus tenedores de franquicias esperan rentabilidad, pero el pueblo no puede ser el que asuma los costos”, indicó Mayita en una comunicación escrita enviada a los medios el pasado martes, dos días antes de pactar un acuerdo con Misla, que incluyó una reducción al costo de arrendamiento del Pachín Vicéns.
Meléndez Altieri tiene razón. Los equipos del BSN, así como los de la Liga de Béisbol Profesional, los de los torneos masculino y femenino de voleibol superior, entre otros, son empresas privadas con fines de lucro. Pero esto no es nuevo, es así desde hace décadas. Sin embargo, aún conociendo esa realidad, Meléndez Altieri no tuvo problema en aportar, según cifras que proveyó ella misma, $1.3 millones en fondos y servicios a los Leones desde el 2009.
Más allá de las inconsistencias de su discurso, lo ocurrido entre la alcaldesa de Ponce y el equipo de baloncesto del BSN deja en evidencia uno de los principales problemas del modelo de deporte profesional en Puerto Rico: son los alcaldes los que en gran medida sostienen la operación económica de los equipos de las ligas profesionales, y sin sus desembolsos se hace casi imposible operar.
Tomemos el caso de la recién comenzada campaña del BSN. De las 10 franquicias activas este año, solo Arecibo, Ponce, Bayamón y San Germán no recibirán desembolsos de dinero de los municipios, aunque en el caso de las últimas dos sí podrán usar de forma gratuita los coliseos, entre otros servicios. El resto de los equipos, encabezados por los $500,000 que reciben los Indios de Mayagüez, sí tendrán aportaciones municipales para la campaña de 2017 que suman según un reporte del colega periodista de Primera Hora, Carlos Rosa, al menos $1,215,000.
Pero, ¿se repetirá este escenario en el 2018, en 2019, en cinco años? En un complicado escenario fiscal a nivel de país como el actual con municipios endeudados, quebrados y/o en serios problemas para cumplir con obligaciones básicas de los ciudadanos, las franquicias deportivas que por años han dependido de fondos públicos quedarán cada vez más vulnerables, con su presente y futuro coprometido.
Soy de los que respaldo que los municipios ayuden a las ligas profesionales y sus equipos, pero no a cualquier precio. Ceder el uso de las canchas o parques de forma gratuita, correr con el gasto de luz y agua, proveer servicios de emergencia y/o seguridad, estacionamiento, entre otras cosas, son algunas formas en las que los ayuntamientos pueden apoyar a los equipos de sus ciudades.
Pero no nos confundamos, una cosa es que un alcalde o alcaldesa trabaje para masificar el deporte y fomentar su práctica y acceso entre individuos y comunidades. Otra muy distinta es soltar dinero a manos llenas a franquicias privadas y asumiendo en muchos casos sus costos y riesgos de operación, algo que en el fondo no es parte de su responsabilidad ministerial. Como ciudadanos, es saludable que vigilemos y cuestionemos si el Gobierno y las alcaldías hacen un uso responsable del dinero público.
En estos días en que la crisis económica se agudiza es cuando más evidente se hace el dilema del deporte profesional en nuestra sociedad: es una actividad importantes para la gente, pero no necesariamente escencial. Alguien podrá argumentar que si la franquicia de su pueblo desaparece se sentirá deprimido o triste. Pero, si a ese ciudadano le dan a elegir entre que se usen donaciones municipales para pagar la nómina de su equipo predilecto o que le recojan la basura cada semana, estoy seguro que elegirá la segunda. Ahí radica el desafio de los torneos profesionales. Romper en frío con la dependencia al dinero público y buscar otras fuentes de financiación es el primer paso para garantizarse un futuro. De lo contrario, las ligas estarán condenadas a desaparecer.