Cuestan más de $300,000 los cabilderos de PRFAA
Comienzan a conocerse los costos de los contratos de la oficina de Washington con consultores en EEUU
WASHINGTON.– Los contratos con cabilderos y consultores de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (PRFAA) para este semestre superan ya los $335,000.
Ese total no incluye el contrato con la empresa de cabilderos Avenue Strategies, que encabeza el ex director de campaña de Donald Trump, Corey Lewandowski.
El contrato con la empresa de Lewandowski aún no ha sido publicado en la página de Internet de la Oficina del Contralor y PRFAA ha preferido que los detalles de sus acuerdos con consultores se conozcan solo a través de esa dependencia gubernamental.
Hasta el momento, el acuerdo más alto de los que han sido divulgados es con el bufete de cabilderos Cornerstone Government Affairs, que alcanza los $43,750 mensuales, para un total de $175,000 entre marzo y junio.
Cornerstone Government Affairs es una “boutique” de cabildeo que se precia de trabajar temas de gobierno y de tener alcance bipartidista.
Por otro lado, el contrato con CGCN sumará un máximo de $125,000 durante cuatro meses, es decir $31,250.
Al igual que Avenue Strategies, CGCN es una firma republicana dedicada a los asuntos gubernamentales y comunicaciones estratégicas. “Tenemos lazos estrechos con miembros del Congreso, comités de alto nivel y asesores del liderato y un amplio margen de forjadores de opinión”, indica CGCN en su página de internet.
Carlos Mercader, director ejecutivo de PRFAA, sostuvo que el contrato con Avenue Strategies debería estar también ya en la página de la Oficina del Contralor, pues fueron presentados al mismo tiempo. Pero, hasta ayer no aparecía entre los documentos de la Oficina del Contralor. OTRO ACUERDO.Un cuarto contrato de consultor que no se conocía y que también fue acordado a principios de marzo es con Alfonso Aguilar, quien hasta diciembre de 2015 fue el jefe de Mercader en el grupo “Alianza Latina Conservadora” (Latino Partnership for Conservative Principles) y dirigió PRFAA bajo el gobierno de Pedro Rosselló.
Aguilar –quien además fue director de la Oficina de Ciudadanía bajo el gobierno del republicano George W. Bush y ha sido comentarista político en medios de EEUU-, recibirá un máximo de $35,000 de marzo a junio.
Mercader dijo que Aguilar “provee consultoría estratégica en el área de las comunicaciones en medios masivos y el desarrollo de relaciones con miembros del Congreso y el Ejecutivo, en el sector conservador”. En ese sentido, Mercader dijo que Aguilar vela porque haya “consistencia” y “coordinación” en el mensaje de PRFAA.
Durante el primer semestre del gobierno de Alejandro García Padilla, PRFAA suscribió contratos con dos empresas de cabildeo que alcanzaron los $414,000, uno de $250,000 con Prime Policy Group (de mediados de febrero a junio de 2013) y otro de $164,000 (de marzo a junio de 2013).
Para el año fiscal 2015-2016, cuando ya se había sumado también el contrato con The Roth Group, los contratos de PRFAA con cabilderos rondaron los $1.3 millones.
Contrario al comienzo del gobierno de Ricardo Rosselló, durante la administración de García Padilla, la práctica en PRFAA –aunque solo tuvo una limitada porción de los asesores y consultores del gobierno de Puerto Rico-, fue divulgar los contratos con cabilderos tan pronto eran suscritos. ÉNFASIS EN EL TEMA FISCAL. Como en la administración de García Padilla, los contratos con consultores en EEUU más costosos son los relacionados a la crisis fiscal.
Bajo el gobierno de Rosselló, esos contratos los otorga la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), el brazo del gobierno que lidia con la reestructuración de la deuda pública.
AAFAF ya tiene como consultores a Rothschild & Co. ($6.4 millones este semestre), Dentons ($6 millones), Dykema Gosset ($1 millón), y Bank of America-Merril Lynch.
También ha tenido en agenda formalizar otro contrato con la empresa O’Melveny & Myers, en momentos en que solo quedan 20 días para lograr acuerdos voluntarios de reestructuración de la deuda, pues el 1 de mayo vence la moratoria en la litigación judicial en contra del gobierno de Puerto Rico.