Vital ampliar la base de propiedades tributables

La intención gubernamental de ampliar la base de recaudos de la contribución sobre la propiedad, con miras a allegar fondos adicionales sin necesidad de aumentar la carga a los que cumplen con su responsabilidad tributaria, es una estrategia ciertamente a

Desde hace décadas, el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) viene acumulando información sobre las propiedades y sus valores, pero este inventario permanece en sus registros sin que se den los pasos para hacer tasaciones formales que permitan establecer las que deben tributar y a qué tasa, dependiendo del municipio.

A este enorme caudal se le suman los bienes inmuebles de nueva construcción o de mejoras a las existentes, cuyos dueños no se han ocupado de registrarlos ante el CRIM.

Las estimaciones de la cantidad de propiedades y segregaciones que no han pasado por el proceso de una tasación han variado con el tiempo. Algunos funcionarios gubernamentales lo estiman en 200,000 mientras que otros lo proyectan tan alto como 600,000. Hay planificadores que calculan que la mitad de todo lo que se construye en la Isla no se ha tasado. Ante ello, no es de extrañar que haya municipios donde el 60% de sus propiedades no se han tasado, como indicó el gobernador Ricardo Rosselló.

Sea como sea, en los inmuebles no exentos hay un gran potencial para que los municipios puedan potenciar su principal fuente de fondos propios y así compensar la terminación de $350 millones en subsidios del Gobierno central en el plazo de dos años.

La ampliación de la base contributiva es además un merecido acto de justicia hacia los ciudadanos que sí pagan rigurosamente contribuciones sobre la propiedad en sus hipotecas o directamente al CRIM. De no expandirse las tasaciones, tan solo sobre ellos recaería el incremento en este arbitrio, de 11.83 porciento al presente a 12.83 por ciento en todos los municipios, con el que prominentes alcaldes pretenden aliviar la pérdida parcial del subsidio tan pronto como el primero de julio.

Procede, por lo tanto, que el CRIM se mueva a realizar por fin la tarea de tasación atrasada que mantiene la carga contributiva solo en una porción de la población. Los municipios tienen en sus manos la responsabilidad de identificar las propiedades sin tasar. Pero de ahí a que tributen hay un trecho. Se hace necesario la gestión de tasadores profesionales y personal de apoyo en la importante gestión de actualizar el catastro, por lo que le toca a los incumbentes municipales, junto al CRIM, identificar recursos dentro de sus filas y coordinar la asignación de recursos con el Gobierno central para estos fines.

Un aumento que represente una retasación maquillada de toda la propiedad inmueble es una movida arriesgada que puede tener un impacto negativo en el costo de las transacciones de compraventa de bienes raíces, aumentos en los pagos mensuales de hipotecas y las temidas ejecuciones hipotecarias, de las cuales se registraron 4,424 en 2016.

Antes de embarcarse en esta acometida, los alcaldes deben tomar nota de las recomendaciones del gobernador Ricardo Rosselló de reducir gastos en los municipios. Por antipático que les resulte para sus planes de mejoras, de construcción y también de reelección, tienen que aceptar que no pueden seguir dependiendo del sustento del Gobierno central.

Para dar mayor autonomía fiscal a los municipios se aprobó la reforma municipal en 1991, la cual abrió la puerta a un aumento en el impuesto sobre la propiedad. Muchos de los que se aprovecharon de la oportunidad están hoy endeudados y en déficit. De modo, que de nada vale recaudar más ingresos si se van a mal administrar.

La imposición de tributos adicionales se debe evitar a toda costa mientras haya otras alternativas de recaudos más sensatas y efectivas.