El Nuevo Día

Estadidad o Independen­cia

- Hernán Padilla

Llegó el momento de la decisión crucial para resolver el estatus de Puerto Rico. El 11 de junio tendremos que decidir si queremos la unión permanente con Estados Unidos o si queremos la independen­cia, con o sin la libre asociación.

La incertidum­bre-indefinici­ón sobre la participac­ión en el referéndum domina en el Partido Popular Democrátic­o (PPD). Prefieren votar “no contra la estadidad” y dañar la papeleta, porque quieren y no pueden ocultar su preferenci­a por la independen­cia de la libre asociación, llamada Estado Libre Asociado (ELA) soberano.

El ala soberanist­a-separatist­a del PPD, representa­da por Carmen Yulín aboga por una “asociación política no colonial ni territoria­l entre Puerto Rico y Estados Unidos” bajo un “pacto de libre asociación”, modalidad de independen­cia que no es compatible con la Constituci­ón americana.

El Grupo de Trabajo de Casa Blanca confirmó que el “ELA mejorado/culminado” no tiene cabida bajo la Constituci­ón, que “libre asociación es una forma de independen­cia”; que un pacto basado en la soberanía nacional de cada país puede ser revocado unilateral­mente, que la ciudadanía americana no se garantiza permanente­mente y no se confiere a las generacion­es sucesivas.

Populares como Yulín afirman que “la ciudadanía americana es una muleta bajo este sistema político-económico”; “Puerto Rico es una nación” y su agenda es convertir la Isla en una república independie­nte fuera de los poderes del Congreso.

Bajo esa “libre asociación” desaparece­rán todas las agencias, empleos, programas, servicios, fondos y contratos federales; las garantías de la Constituci­ón americana la protección del Tribunal Federal y la ciudadanía americana.

Las familias, la mujer, la juventud, personas con necesidade­s especiales y de edad avanzada y las personas de menos recursos que dependen de ayudas federales tendrán que decidir entre la estadidad con los derechos y beneficios de los programas federales o una república separada de Estados Unidos sin los programas y servicios federales de salud, vivienda, sección 8, WIC, educación, becas Pell, Medicaid y Medicare, entre otros.

Las mujeres merecen las mismas oportunida­des, empleos, salarios y acceso adecuado a servicios de salud; mejor educación para sus hijos; una remuneraci­ón igual a los estándares nacionales y el progreso que disfrutan sus conciudada­nas en los Estados.

Los cientos de miles de puertorriq­ueños que han servido honrosamen­te en las Fuerzas Armadas sin participar plenamente de igualdad ciudadana merecen el derecho a elegir su presidente y una delegación congresion­al que los represente.

La crisis económica no puede atenderse sin resolver el estatus. Los industrial­es, empresario­s, comerciant­es y dueños de negocios tendrán que decidir entre la estadidad o arriesgar todo lo que tienen bajo una república independie­nte que no recibirá los $23 mil millones en transferen­cias anuales del gobierno federal, y unos $18 mil millones federales adicionale­s que se recibirían como estado.

El éxodo poblaciona­l evidencia que la migración ocurre porque los puertorriq­ueños perdieron la fe en el futuro. La estadidad nos ofrece los instrument­os para mejorar las condicione­s de vida, reducir el desempleo y mejorar la educación, servicios de salud y vivienda, y retener y atraer nueva población.

El 11 de junio Puerto Rico tendrá una oportunida­d determinan­te para defender su ciudadanía y la de las futuras generacion­es, reclamar la protección plena de garantías constituci­onales, derechos civiles, progreso, prosperida­d y las oportunida­des de crecimient­o personal y colectivo en la Isla.

Votar por la independen­cia/libre asociación es para rechazar la unión permanente y la ciudadanía americana. Si gana la “Independen­cia/Libre Asociación” se llevaría a cabo otro referéndum el 8 de octubre entre la independen­cia y la independen­cia con libre asociación para convertir formalment­e a Puerto Rico en una república independie­nte.

La estadidad es la única que garantiza constituci­onalmente la ciudadanía americana para la presente y futuras generacion­es. Es la única herramient­a para lograr la verdadera igualdad porque se aplican todos los derechos de la Constituci­ón de Estados Unidos, todas las leyes aprobadas por el Congreso y se elimina el discrimen político y constituci­onal que sufren los ciudadanos residentes de Puerto Rico.

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