ARTICULADA LA BASE DE SU PLAN DE PAÍS
La nueva administración ha conseguido encaminar 11 de los 12 compromisos que había trazado Rosselló como meta para los primeros 100 días de su gobierno Con 20 leyes y 29 órdenes ejecutivas, el Ejecutivo ha reformulado la infraestructura gubernamental y a
Q Durante los primeros 100 días de su mandato como gobernador, Ricardo Rosselló Nevares ha pretendido asentar las propuestas más simbólicas de su plataforma de campaña electoral a través de legislación o mediante órdenes ejecutivas que, al menos, le confieren carácter de oficialidad a lo que, en algunos casos, todavía es una aspiración de su gestión gubernamental.
Entre el 2 de enero y el 10 de abril de 2017, Rosselló Nevares firmó 20 leyes y 29 órdenes ejecutivas. De la legislación aprobada, 17 estatutos corresponden a proyectos presentados por La Fortaleza. Las otras tres leyes aprobadas corresponden a proyectos radicados por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.
Mediante algunas de esas leyes y órdenes ejecutivas firmadas, el gobernador pretende cumplir con los 12 compromisos de su Plan para Puerto Rico que dijo que realizaría durante los primeros tres meses y medio de su gobernación.
De esos, solo uno se ha quedado sin acciones encaminadas mediante legislación u orden ejecutiva, que es su promesa de formar una mesa de diálogo multisectorial permanente para la mediación de conflictos, que se conduciría a través de una oficina adscrita a la Fortaleza. ACCIÓN VERSUS LOGRO. Ahora bien, la puesta en papel de 11 promesas no garantiza necesariamente la consecución de propósito de todas ellas. Es decir que, posiblemente, el acto o el cambio prometido no se consigue exclusivamente mediante la acción que tomó el gobernador y su administración en estos 100 días.
Por ejemplo, tan pronto Rosselló Nevares juramentó, firmó la orden ejecutiva para promover el bilingüismo en el sistema de educación pública, una de sus promesas de campaña electoral. La orden es una instrucción al Departamento de Educación para aumentar en un 20% las escuelas bilingües para el año académico 2017-2018 con la idea de que, en cada municipio, haya un plantel de este tipo.
Sin embargo, el cumplimiento de esa orden dependerá de varios factores, como la inversión o redistribución de fondos que requeriría, así como la disponibilidad y reclutamiento de profesores especializados en la enseñanza del inglés y de maestros de otras materias que puedan impartir sus clases en ese idioma, señaló la doctora Ana Helvia Quintero, especialista en Educación.
“No creo que, con los recursos que tenemos, podamos hacer eso ahora”, opinó Quintero, quien de paso aclaró que piensa que, para educar estudiantes bilingües, no son necesarias estas escuelas especializadas sino un cambio en el método de enseñanza.
La orden que firmó Rosselló surge mientras algunas de las escuelas bilingües que ya existen en el sistema público se encuentran en la lista de planteles a cerrar y cuando la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras evalúa eliminar el bachillerato en Artes en Educación con concentración en Inglés y otras dos concentraciones del programa de bachillerato en Artes en Inglés.
Otra de las promesas que Rosselló Nevares atendió mediante orden ejecutiva fue la creación del Servicio de Tecnología e Innovación de Puerto Rico, que debe implementar la tecnología para hacer el gobierno más funcional.
Esta entidad, adscrita a la Oficina del Gobernador, tendría que crear plataformas, dirigir proyectos tecnológicos y buscar la integración de sistemas entre agencias gubernamentales.
La orden no dice de dónde saldrán los fondos para estas encomiendas o si deberá operar con una cantidad obtenida de la misma partida presupuestaria asignada a la Oficina del Gobernador, que para el 2016 era de $16.8 millones. La orden le permite establecer acuerdos interagenciales relacionados al personal y equipo, así como aceptar donativos y aportaciones públicas y privadas.
Además, mediante orden ejecutiva, el primer ejecutivo creó el Centro de Oportunidades Federales, también adscrito a su oficina, con el fin de asesorar al personal de agencias, corporaciones públicas, municipios, organizaciones comunitarias y sin fines de lucro para la obtención de fondos federales.
Aunque la promesa de campaña le concedía al centro la facultad de realizar auditorías independientes, la orden no expresa nada al respecto.
Otra promesa de Rosselló Nevares para sus primeros 100 días de administración que también se canalizó a través de una orden ejecutiva es la que establece como política pública promover los acuerdos entre la Universidad de Puerto Rico y las agencias de la Rama Ejecutiva.
La promesa de campaña, al igual que la orden, parte de la premisa de que las alianzas generarán fondos adicionales para la institución universitaria. No obstante, datos divulgados por la Legislatura en 2016 apuntan a que la UPR tenía cerca de $300 millones en cuentas por cobrar y que sus principales deudores eran, precisamente, agencias estatales y municipales. CONJUNTO DE LEYES. Por otro lado, para dar seguimiento al compromiso programático del Partido Nuevo Progresista (PNP) con el concepto de
igual paga por igual trabajo, el gobernador firmó una orden ejecutiva y al mismo tiempo presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley.
El 8 de marzo de 2017, la Legislatura aprobó la llamada Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico que establece “una política pública enérgica y vigorosa de igual paga por igual trabajo” para erradicar el discrimen salarial existente entre empleados del sector público y privado por razón de sexo.
“La aprobación es un paso de avance… porque permite que se examinen las escalas salariales para asegurarse que, si hay diferencias, respondan a criterios objetivos”, señaló el abogado experto en derecho laboral, Jorge
Puig Jordán. “Pero, (la legislación) necesita un complemento, que es la acción del secretario del Trabajo, lo que es importante, además, para tener una métrica” sobre la magnitud de la disparidad, detalló.
Por disposición de esta ley, el secretario del Trabajo, Carlos Saavedra, debe publicar un estudio estadístico sobre la desigualdad salarial entre hombres y mujeres y tiene que radicar copias de ese documento en la secretaría del Senado y de la Cámara de Representantes. Luego, el secretario deberá preparar y distribuir unas guías uniformes por las que se regirán los programas de autoevaluación que tienen que realizar los patronos para estimar si incurren en prácticas discriminatorias.
El resto de las seis promesas que Rosselló Nevares hizo para estos primeros 100 días de gobierno se trabajaron mediante proyectos legislativos. En esencia, la Asamblea Legislativa ha endosado los proyectos referidos por La Fortaleza, de manera que los objetivos principales que perseguía el Ejecutivo en estas 12 promesas fueron exiguamente alterados.
Uno de los compromisos de campaña del hoy gobernador fue convertir al gobierno de Puerto Rico en un patrono único, en lugar de que los trabajadores fueran empleados de las agencias que los reclutaron. El 4 de febrero de 2017, Rosselló Nevares firmó la ley conocida como del empleador único, que permite la movilidad de los empleados del sector público.
Su implementación requiere enmiendas en reglamentos de las agencias y culminar el Plan de Clasificación y Retribución Uniforme. La ley concede hasta un año y medio para culminar ese plan.
Sin embargo, el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, ya anunció que en los próximos días entre 20 a 30 empleados de otras agencias se moverán a ese Departamento para trabajar en áreas de cobro y fiscalización.
Esta ley también eliminó la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH) y creó la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico. La OCALARH ya dejó de existir y la nueva oficina de recursos humanos del gobierno de Puerto Rico inició funciones.
Para los primeros 100 días de su administración, el hoy gobernador también prometió presentar legislación para que el llamado tercer sector ofrezca servicios que ahora brinda el gobierno. La Asamblea Legislativa endosó el proyecto que el Ejecutivo radicó para esto, y el 15 de febrero de este año se creó la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario de Puerto Rico (ODSEC), que también está adscrita a la Oficina del Gobernador.
Entre otras cosas, esta entidad se encargará de atender el programa de comunidades especiales, incluyendo el Fideicomiso Perpetuo para Comunidades Especiales. Mediante la legislación, se autorizó a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) a reasignarle hasta un máximo de $3 millones de fondos existentes.
Sin embargo, la ley crea un proyecto llamado Comunidad Digital que debe sufragarse con fondos que consigan la ODSEC y la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, pues no tiene una partida asignada del fondo general.
Según la legislación, los fondos para operar esta oficina serán aquellos asignados anteriormente a la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión, así como los fondos del Community Service Block Grant (CSBG) y Community Development Block Grant (CDBG), pero, al menos este último, se encuentra en la cuerda floja, pues la propuesta de presupuesto que presentó el presidente estadounidense, Donald Trump, proyecta su eliminación.
En su Plan para Puerto Rico, Rosselló Nevares se comprometió a atraer nuevo capital a través de la creación de la corporación sin fines de lucro Enterprise Puerto Rico y a “perfec- cionar el marco de la ley que promueve las Alianzas Público Privadas”. Ambas propuestas se convirtieron en leyes que plasmaron casi con exactitud los conceptos sobre ambos asuntos esbozados en la plataforma de campaña.
El registro de corporaciones refleja la existencia de otra corporación sin fines de lucro con el mismo nombre de Enterprise Puerto Rico. Esta corporación fue registrada el 9 de enero de 2017 como una organización religiosa que tiene el propósito de contribuir a la libertad económica, social, religiosa y cultural de Puerto Rico y sus islas adyacentes. Como su agente residente e incorporador figura la entidad Corporación de Turismo Médico, Inc., registro que lleva a otra y ese registro lleva a otra corporación sin que reflejen en ninguno nombres de personas naturales.
En estos primeros 100 días, el gobernador también consignó mediante proyectos legislativos otras dos promesas de campaña destinadas a cumplirse en este término.
Una es la Ley de Incentivos para la Retención y Retorno de Profesionales Médicos que establece una tasa fija de contribución sobre ingreso de 4% a los doctores en medicina y la exención de retención de contribución de los dividendos generados en su práctica.
Para poner en vigor esta ley se requiere que los secretarios de Salud, de Hacienda y de Desarrollo Económico promulguen reglamentos, los que todavía no están finalizados pero se trabaja en ellos, según indicaron los portavoces de prensa de estas agencias. También requiere que Salud haga y envíe el Banco de Desarrollo Económico una lista de las regiones en las que hay escasez de especialistas en medicina y de médicos primarios.
La otra legislación a la que se dio paso en estos primeros meses de la administración novoprogresista es la que crea el Departamento de Seguridad Pública, que agrupará las siete agencias de gobierno que trabajan en ese renglón. Los dos cuerpos legislativos aprobaron el proyecto y ayer el gobernador, a un día de cumplirse los 100 días, lo firmó para convertirlo en ley.