GOBIERNO INCLUYE LA OPCIÓN TERRITORIAL EN EL PLEBISCITO COMO RESPUESTA A PEDIDO DE JUSTICIA FEDERAL
Rosselló incluirá la opción del territorio en la consulta
Q WASHINGTON.- El Gobierno de Puerto Rico se propone enmendar la ley que regula el plebiscito convocado para el 11 de junio ante la exigencia de la administración del presidente Donald Trump de incluir como alternativa el “status territorial vigente”.
En una carta, el subsecretario interino de Justicia de EE.UU., Dana Boente, advirtió al gobernador Ricardo Rosselló que la omisión del status territorial –comúnmente llamado Estado Libre Asociado– incumple con la política pública del gobierno federal.
Rosselló fue el primero en dar a conocer la decisión, la cual recibió por medio de la carta de Boente y una conferencia telefónica con “oficiales” del Departamento de Justicia.
“Resulta inaceptable incluir la colonia en un proceso para descolonizar a Puerto Rico. La administración Trump atenta contra la voluntad expresada por el pueblo: un rechazo a continuar con el sistema colonial e indigno”, indicó primero Rosselló.
Pero, después de reunirse con los presidentes del Senado, Thomas Rivera Schatz, y de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez, –y por teléfono con la comisionada Jenniffer González–, Rosselló anunció que enmendarán la legislación para convocar a una consulta entre el territorio, la estadidad y la independencia.
“Aunque resulta indigno ofrecer a los puertorriqueños la colonia como una opción para resolver los graves problemas que enfrentamos, la oportunidad de efectuar un plebiscito avalado por el Gobierno federal amerita dar un paso al frente en beneficio del pueblo de Puerto Rico”, manifestó el gobernador en una declaración escrita emitida anoche. Rivera Schatz dijo que, en el Senado, la nueva legislación será aprobada el martes.
El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer, sostuvo que van a tener que volver a empezar. “El plebiscito del 11 de junio está muerto. Cualquier intento de legislar un nuevo plebiscito tiene que contar con que el PPD sea el que presente su definición de status. Las definiciones no fueron aceptadas, así que tienen que volver al someterse al Departamento de Justicia”, dijo Ferrer.
Ferrer sostuvo que el gobierno del PNP debe unir a los demás sectores ideológicos y venir a dialogar con el secretario de Justicia de EE.UU., Jeff Sessions.
Rosselló había entregado al propio subsecretario Boente las definiciones de las alternativas del plebiscito el pasado 23 de febrero, con la intención de vincular una consulta local entre la estadidad y la independencia/libre asociación con un lenguaje de una ley federal de 2014 que permite al secretario de Justicia de Estados Unidos examinar la boleta electoral y la campaña educativa de un referéndum dirigido a “resolver” el debate de status, a cambio de una asignación de $2.5 millones.
En vez de iniciar el proceso mediante un diálogo con el gobierno de Trump, Rosselló decidió legislar temprano la consulta y esperar hasta el 16 de abril por una respuesta de Sessions, la que tramitó ayer el subsecretario Boente.
La convocatoria al plebiscito se dio luego que –en medio de una grave crisis financiera en la isla– Estados Unidos profundizó la situación colonial de Puerto Rico con la imposición de una Junta de Supervisión Fiscal que, con poderes por encima de los funcionarios electos, existirá por lo menos hasta 2023, y ha ordenado duros recortes fiscales y reestructurar la deuda pública.
La existencia de la Junta es incompatible con un cambio hacia la estadidad o la independencia.
“El Departamento no cree que los resultados del plebiscito de 2012 justifican omitir el status vigente de Puerto Rico”, indicó Boente en su carta de ayer, al recordar que aquellos resultados “han sido sujetos de controversia y debate”. Además, sostuvo que han ocurrido “cambios políticos, económicos y demográficos” significativos desde entonces.
El gobierno de Trump también cuestionó la definición de estadidad incluida en la papeleta, por entender que induce a error cuando alega que “es la única opción que garantiza la ciudadanía estadounidense por nacimiento en Puerto Rico”.
“Esa declaración es incorrecta cuando se toman en consideración todas las opciones de status disponibles, pues bajo la ley vigente, los puertorriqueños tienen un derecho estatutario incondicional por nacimiento a la ciudadanía estadounidense”, indicó Boente.
Entre las objeciones presentadas por Justicia federal, está la definición de libre asociación, que considera que parece un “ELA mejorado”, una alternativa que, recuerda, han rechazado antes. Además, indicó que la papeleta debe hacer claro que la libre asociación es una fórmula de independencia.
También indicó que, bajo la libre asociación o la independencia, se requerirá revaluar “una variedad de asuntos relacionados con la ciudadanía”.
El presidente ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Fernando Martín, sostuvo que la carta es clara en que el ELA mejorado “no es posible”.
El plebiscito había sufrido un duro golpe cuando ocho de los 52 senadores republicanos enviaron una carta a Sessions en la que advirtieron que excluir el ‘ELA’ de la consulta incumple las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno federal.