Rumbo a Fortaleza las enmiendas al plebiscito
Cámara de Representantes avaló cambios, a pesar del rechazo de las minorías legislativas
Q En medio de cuestionamientos sobre el resultado que puedan tener en Washington D.C. las enmiendas al plebiscito, el proyecto que busca atemperar la consulta del 11 de junio a las exigencias del Departamento de Justicia federal está listo para pasar hoy a La Fortaleza para la firma del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
El Proyecto del Senado 427 fue avalado anoche sin enmiendas por la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes. Las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD) y del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) le votaron en contra, al igual que el representante Luis Raúl Torres.
La pieza consiguió 32 votos a favor y 14 en contra.
Para Rosselló Nevares, el proyecto tiene la más alta prioridad, enfatizó Yennifer Álvarez Jaimes, secretaria de Prensa de La Fortaleza, quien, no obstante, no pudo asegurar que el mandatario estampe su firma en la medida durante el día de hoy.
“El gobernador tiene urgencia de trabajar el tema del plebiscito, pero lo tiene que leer (el proyecto primero)”, indicó Álvarez cuando se le preguntó si firmaría la medida de inmediato.
Explicó que, cuando la medida se convierta en ley, el gobierno enviará copia al Departamento de Justicia federal para que examine el lenguaje final de la legislación. La administración de Rosselló Nevares ya había anticipado al gobierno estadounidense los ajustes que haría a la ley que viabilizaría el plebiscito, pero no les ha presentado la versión revisada del texto. EXTENSA DISCUSIÓN. El debate anoche en la Cámara de Representante se extendió cerca de tres horas y media, y no varió mucho al que se escenificó a finales de enero, cuando se aprobó el proyecto que se convirtió luego en la “Ley para la Descolonización Inmediata de Puerto Rico” (Ley 7-2017).
Sin embargo, algunos de los representantes del PNP aprovecharon su turno de debate para criticar a los legisladores populares por insistir en su rechazo a la consulta de status a pesar de que, según requirió el subsecretario de Justicia federal, Dana Boente, se incluyó entre las alternativas del plebiscito la relación política actual bajo la columna de “actual status territorial”.
En esa misma línea, el representante novoprogresista José Aponte, quien como presidente de la Comisión sobre Relaciones Federales, Internacionales y Estatus presentó el informe a favor de la medida, también censuró que el PIP, que respaldó la consulta desde sus orígenes, ahora le dé la espalda y promueva boicotear el proceso.
“Llama la atención que algunos sectores… habían aplaudido (el plebiscito) y manifestado el que estarían participando. Sin embargo, ahora vemos cómo se retrotraen en su expresión de participar y hablan de boicot, mientras que otros que pedían que se incluyeran, ahora gritan ‘foul’”, manifestó el representante de mayoría, en referencia a que el PPD centró sus críticas al proceso principalmente en la exclusión del Estado Libre Asociado (ELA) como opción viable en la consulta.
“La situación de Puerto Rico es clara, y el pueblo de Puerto Rico se juega su futuro cada día que pasa sin resolver el problema colonial”, añadió Aponte.
Aponte se mostró confiado en que los parámetros que regirían el plebiscito ahora pasarían el cedazo del gobierno estadounidense, y opinó que ya no existen razones para que no sea así.
“Se ha cumplido con sus pedidos para que después no digan ‘ah, es que ahora tengo estos otros pedidos, ah, es que esto sí y esto no’”, señaló. DUDAN DE LOS RESULTADOS. En tanto, entre el bando del PPD abundaron las críticas al proceso, y hubo quienes plantearon que los ajustes al plebiscito resultarán en un ejercicio estéril que no tendrá ningún efecto en la capital federal.
“Lo que está subyacente es que el americano está buscando excusas para no allanarse a un proceso que está amañado para que la estadidad gane, porque no se la quieren ofrecer y no se la quieren dar”, sostuvo el representante popular Luis Vega Ramos, al argumentar que el gobierno estadounidense continuará buscando razones para oponerse a la consulta de status.
Según el representante de la minoría parlamentaria, la Ley 7 debió enmendarse, pero para paralizar el evento electoral del 11 de junio, y establecer las bases para que los distintos sectores ideológicos se sienten a negociar y establecer consensos respecto a cómo resolver el problema del status.
“El que uno se oponga a la opción del otro no debe ser impedimento para tratar de consensuar algo mínimo, de respeto, de entendimiento”, aseveró Vega Ramos.
Cónsono con la posición que adoptó el liderato del PIP luego que Rosselló y los líderes legislativos anticiparan las enmiendas, el representante Denis Márquez defendió anoche que su colectividad rechace ahora el proceso por incluir el status actual en una tercera columna junto a la estadidad y la libre asociación-independencia.
“Es inconcebible que acepten y que vayan dirigidos a establecer estas enmiendas para incluir el carácter territorial… Hemos planteado en múltiples ocasiones que el proceso de descolonización de Puerto Rico debe ser un proceso en que esté fuera lo que este país ya rechazó”, dijo Márquez.
Aludió a los resultados del plebiscito del 2012, en el que el 54% de los electores rechazó el status actual.
Sin embargo, esa consulta fue invalidada por Boente en la misiva que envió el pasado 13 de abril al gobernador, y en la que expresó sus reservas en torno a la consulta propuesta.