Nuevo modelo disciplinario
La secretaria de Educación pondrá en vigor la filosofía de “justicia restaurativa”
La secretaria de Educación, Julia Keleher, intentará implantar en las escuelas puertorriqueñas un sistema de manejo de conflictos conocido como “justicia restaurativa”, que en Estados Unidos, dice la funcionaria, ha logrado reducir la cantidad de disputas entre estudiantes que terminan en los tribunales de menores.
Según Keleher, los reglamentos y protocolos de disciplina existentes en este momento en las escuelas tienen el fin solo de “corregir” al estudiante.
Mientras, el modelo de “justicia restaurativa” tiene como meta ayudar al estudiante a entender las causas de sus problemas y el daño que provocan sus acciones, como manera de motivarlo a exhibir un mejor comportamiento. En Estados Unidos, este modelo lleva tres años de implementación y con resultados exitosos, según Keleher.
“Hay muchos elementos del código de disciplina que no benefician al estudiante. Le hacen pasar por circunstancias que limitan su propio desarrollo. Si no reparamos el daño, no hay manera de que el niño aprenda cuál fue la consecuencia de su acción”, dijo Keleher a El Nuevo Día.
Los comentarios de la funcionaria surgen en reacción a la admisión hecha en pasados días por el director de la división legal del Departamento de Educación (DE), Eric Huertas, de que la agencia viola rutinariamente sus propios reglamentos, así como las disposiciones de la ley IDEA, que protege los derechos de los estudiantes de educación especial, al referir a las autoridades penales disputas menores entre alumnos.
Keleher reconoció el problema, pero no ha pensado en emitir alguna directriz que evite que se sigan refiriendo los casos a los tribunales mientras entra en vigor su política de “justicia restaurativa”, que tomará, cuando menos, un par de años para ser plenamente funcional.
“No creo que, por emitir una carta, un memorando, diciendo que eso es lo que tienen que hacer, sin darles las herramientas, estoy haciendo algo para atender el problema”, dijo Keleher.
La secretaria, sin embargo, sí ha contemplado establecer algún acuerdo con la Policía de manera que haya un filtro adicional que evite que los casos que no lo ameritan lleguen a los tribunales.
Entre los años fiscales 2009-10 y 2014-15, en los tribunales puertorriqueños encontraron a menores responsables de 21,292 faltas.
De estas, el 53% fueron Clase I —equivalentes a los delitos menos graves, en el caso de los adultos— que a menudo se refieren a disputas entre niños sin que haya mediado la violencia.
No se sabe cuántos de estos casos surgieron en las escuelas, pero varios abogados que atienden casos de niños en tres regiones distintas de Puerto Rico dijeron a El Nuevo Día que las salas de menores normalmente están llenas de estudiantes de escuelas públicas.
Hace semana y media, este diario reportó el caso de un niño de siete años al que lo llevaron a juicio por empujar a un compañero en la fila del comedor, y el de una niña de once años, estudiante de educación especial, que enfrenta cinco cargos en el tribunal de menores por una disputa no violenta con dos compañeras de clase. ADIESTRAMIENTO A MAESTROS. El plan de Keleher incluye un componente de adiestramiento a maestros y otro personal escolar para que aprendan a lidiar con estas situaciones sin tener que recurrir a las autoridades penales.
La funcionaria explicó que la “justicia restaurativa” implica sentar a los estudiantes en disputa, hablar de sus problemas y que el menor al que se le atribuye algún comportamiento inadecuado entienda el daño que causó y compense de alguna manera a la persona a la que se lo hizo.
“La idea de la justicia restaurativa (es la) de ayudar al ser humano (a ver) cuál fue el dolor que causó y tratar de repararlo”, dijo la funcionaria.
Actualmente, los protocolos de educación obligan a que las disputas menores se resuelvan en el entorno escolar, pero no hay ninguna consecuencia para el funcionario que decida no aplicar el reglamento y referir el caso directamente a la Policía.
“Aquí, la cultura permite que uno no cumpla con algo y no pase nada”, dijo Keleher.
Incluso, el reglamento escolar dispone sanciones contra los estudiantes que van desde suspensiones hasta expulsiones, que los expertos tampoco las ven como soluciones adecuadas a los problemas de conducta.
En el caso de los menores de educación especial, la ley IDEA obliga a que primero se determine si la conducta imputada a un menor tiene alguna relación con la condición de la que padece y, bajo casi ninguna circunstancia, contempla que el caso se refiera a las autoridades penales.
Las directrices de IDEA están contenidas en el Manuel de Procedimientos de Educación Especial del DE, pero rara vez se aplican, reconoció Huertas, y en el pasado, el Gobierno de Puerto Rico ya ha perdido demandas por no cumplir con estas directrices antes de denunciar estudiantes ante la autoridades.
“Hay muchos elementos del código de disciplina que no benefician al estudiante” JULIA KELEHER secretaria de Educación