Preocupan enmiendas a procedimiento criminal
Henry Neumann duda sobre los objetivos de los cambios propuestos
Q Al senador del Partido Nuevo Progresista (PNP), Henry Neumann, no le convencen las enmiendas que propuso el Ejecutivo a las Reglas de Procedimiento Criminal, y le preocupa que el interés en reforzar la política anticrimen amenace los derechos civiles de quienes son sometidos ante la justicia.
Como presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Neumann encabeza la evaluación del Proyecto del Senado 307, presentado por la administración de Ricardo Rosselló Nevares a principios de febrero para alterar 12 de las reglas que rigen los procesos criminales en los tribunales del País. La intención de la medida, según la exposición de motivos, es dar mayor celeridad a esos procedimientos y fomentar la confianza en la ciudadanía en el sistema de justicia.
En busca de aclarar sus dudas y conocer la justificación o el raciocinio detrás de las enmiendas propuestas, el senador de la mayoría del PNP espera reunirse entre mañana y el martes con el equipo de asesores del gobernador, en La Fortaleza, para poder determinar luego qué rumbo tomará la pieza legislativa.
“Soy una persona muy sensitiva para cualquier gestión gubernamental que pueda infringir los derechos del ciudadano. Estoy haciendo un análisis profundo para asegurarme que las enmiendas propuestas no vayan a afectar los derechos básicos de un acusado dentro del proceso judicial de Puerto Rico”, indicó Neumann en entrevista con El Nuevo Día.
“Aunque sea un proyecto de Fortaleza, necesito reunirme con ellos porque tengo mis serias dudas… Cualquier cosa que sea limitar los derechos de un acusado, hay que proteger esos derechos tanto como los derechos del ciudadano común”, enfatizó el legislador.
LOS CAMBIOS. El proyecto bajo discusión enmendaría las Reglas de Procedimiento Criminal para, entre otras cosas, establecer que un acusado no podrá renunciar a su derecho a juicio por jurado -y optar por que su caso lo vea un juez- a menos que no cuente con el consentimiento del Ministerio Público y la autorización del magistrado.
De igual forma, la legislación sometida por el Ejecutivo permitiría que, cuando un agente del orden público arreste a una persona, la lleve a fichar con la toma de fotografías y huellas dactilares antes de que se efectúe la vista en la que un juez deberá de- terminar si hay causa o no para su arresto.
Otro de los cambios propuestos impediría que, en las denuncias, se incluya la dirección, la edad y otras circunstancias personales de la víctima y los testigos cuando se impute un delito grave o menos grave.
Precisamente, esas son las disposiciones que mayores reservas la causan a Neumann.
El senador, quien es abogado, comentó que sus preocupaciones no responden exclusivamente a los señalamientos que han hecho entidades como la Sociedad de Asistencia Legal (SAL) y otros miembros de la profesión jurídica en vistas públicas, sino a comentarios que ha recibido fuera de ese foro de otros letrados dedicados a la práctica criminal.
“Estoy preocupado, y necesito aclaración”, insistió.
Explicó que la mayoría de las propuestas del Ejecutivo buscan atemperar el marco jurídico de Puerto Rico con las reglas de procedimiento criminal que aplican a nivel federal, que son más restrictivas.
Sin embargo, apuntó que el historial jurídico en la Isla tiene circunstancias particulares que lo distancian del sistema federal, donde incluso se permite la pena de muerte, que está proscrita en la Constitución del Estado Libre Asociado.
“Nuestro historial jurídico ha sido algo que es diferente y hay que tomar eso en cuenta. Nuestra realidad ha sido muy particular, y eso (ajustarla a los parámetros federales) no es justificación”, subrayó.
La Comisión de Seguridad Pública concluyó el proceso de vistas públicas, en el que participaron el Departamento de Justicia, la Policía, la Oficina de Administración de Tribunales (OAT), la SAL y abogados criminalistas individualmente.
Las agencias del Ejecutivo favorecieron la medida, pero el resto de los deponentes expresaron reservas o consignaron su oposición a los cambios propuestos.
En el caso de la OAT, el director administrativo, el juez Sigfrido Steidel, reconoció la facultad de la Legislatura de impulsar política pública, pero recomendó que las Reglas de Procedimiento Criminal sean objeto de una revisión completa y no fragmentada, como la que se propone.
La última audiencia pública se efectuó la semana pasada, y en ella, el licenciado Félix Vélez Alejandro, director ejecutivo de la SAL, criticó la medida, y dijo que sus disposiciones facilitarían el trabajo para la fiscalía y “desalentarían” el que una persona acusada de delito procure una defensa adecuada.
“Pone un obstáculo a la defensa, lo que busca es que la gente se desaliente, no litiguen sus casos y se declaren culpables”, puntualizó Vélez Alejandro en la vista pública.
“Tengo que estar conforme conmigo mismo y con el sentido que tengo de lo que es justo” HENRY NEUMANN Senador del PNP