Crimen de Estado
Benjamín Torres Gotay Las cosas por su nombre
La ley dice que hacia ese sitio no se puede mirar y eso se había respetado por siempre. Pero como la naturaleza humana manda a mirar primero precisamente hacia donde se dice que no lo hagamos, miramos. La curiosidad pudo más que la prudencia y descorrimos el velo.
Quedó expuesto un panorama, francamente, aterrador.
El sistema penal de menores en Puerto Rico es totalmente confidencial, supuestamente con el noble fin de que la sociedad no marque de por vida a un niño o niña que, por las razones que sea, se sale de la buena senda y obliga al Estado a tener que corregirlo.
Dice esta filosofía que el menor es un ser humano aún en formación y que no debería pagar toda la vida por errores que comete cuando todavía no tiene del todo claras las líneas que distinguen el bien del mal o, si las distinguiera, carece comoquiera de la madurez para saber que lo malo no se hace y lo bueno, sí.
Noble fin, por supuesto. Pero como en este demente país en el que vivimos nada es lo que parece y todo se puede adulterar, el noble fin de proteger a los más chicos del juicio implacable de la sociedad ha servido como escudo para que, tras la puerta cerrada con llave de los tribunales de menores, se estén cometiendo a diario terribles bestialidades y dañando para siempre a los niños y niñas que ese mismo sistema dice que quiere proteger.
Todos los días, hay niños y niñas en Puerto Rico siendo interrogados por policías, arrestados, enjuiciados, enfrentados a fiscales y jueces y a veces hasta encarcelados por travesuras normales que el que no las cometió es porque no fue niño de verdad, como pelearse en la escuela, decirse una que otra palabrota, sacar pecho amenazando con hacer algo para lo que jamás tendría los medios, aunque le sobrara propósito, y hasta correr por correr bicicleta en donde no se suponía que lo hubiese hecho.
Son cosas, francamente, que si uno no las ve, no hay manera de que pueda creerlas.
Entre los años fiscales 2009-10 y 2014-15, que son las más recientes disponibles en la página de internet del Departamento de Justicia, menores fueron hallados responsables de 21,392 faltas en los tribunales. De estas, solo el 12% eran imputaciones realmente graves, como vender drogas, traficar armas, agredir con objetos contundentes, cosas así.
El 35% fue por denuncias serias, pero no graves, las llamadas faltas Clase II. La mayoría, el 53%, eran faltas Clase I, lo que en un adulto sería considerado un delito menos grave.
Aquí es que de verdad se pone espantoso esto.
En esa última categoría están los niños y niñas que le hablaron malo a un maestro, se empujaron en un pasillo de la escuela, se mentaron la madre o cogieron sin permiso el carro de mami o papi.
El Nuevo Día relató el pasado sábado, 8 de abril, el caso de la niña Alma Yarida Cruz, quien tiene 11 años, padece de déficit de atención e hiperactividad y tiene dificultades de aprendizaje y del habla.
Alma Yarida fue arrestada, se le leyeron los derechos, se le encontró causa probable y ahora espera juicio, porque supuestamente en el pasillo de su escuela elemental empujó a una compañera de clases, le habló en lenguaje soez a esta y a otra, a las que también les dijo “chumbas” y amenazó con ahorcarlas con un abrigo y tirarlas a las dos por las escaleras.
Se supo de un niño de 7 años arrestado y llevado a corte porque empujó a otro en la fila del comedor; de uno enjuiciado porque corrió bicicleta en contra del tránsito; una niña de 12 años esposada por un policía al portón de rejas de la oficina del director de su escuela, porque se puso agresiva con una secretaria escolar como consecuencia de su padecimiento de trastorno emocional desafiante, y de un niño de 7 años estudiante de educación especial traumado de por vida, porque fue arrestado y llevado al cuartel y una agente tuvo la desgraciada idea de mostrarle la celda del cuartel y decirle que ahí iba a terminar por portarse mal.
“Casos así se ven todos los días en los tribunales de menores”, dijo a este periodista el abogado Julián Claudio Gotay, quien hace 10 años atiende casos de menores en la región de Mayagüez como parte de su trabajo con la Sociedad de Asistencia Legal (SAL), que carga con la defensa de estos niños, porque prácticamente el 100% de los chicos con los que el Estado se ensaña de esta manera tan cruel, adivinen, son pobres.
Claudio Gotay dijo que en los 10 años que lleva atendiendo casos de menores, no ha visto nunca a un niño de escuela privada acusado en un tribunal de menores.
En Puerto Rico, como en todos lugares, hay menores que venden o usan drogas, trafican armas, asaltan pistola en mano o agreden con bate, tubo o cuchilla.
Esos, por supuesto, son casos muy graves que merecen toda la atención de las autoridades de ley y orden y una sanción ejemplar para el culpable.
Pero el grueso de los recursos del Departamento de Justicia y de las cortes de menores se invierten en los casos de los niños que dijeron orejón al compañero de clases, halaron la trenza a la nena que le gusta para llamar su atención o le metieron el pie para que se cayera al que le iba ganando una carrera en el recreo.
Pasan también cosas peores. Cuando un niño es acusado, independientemente del hecho imputado, se le hace un “estudio social”.
Si ese “estudio social” determina que su familia no está apta para cuidarlo y el Departamento de la Familia no encuentra donde ubicarlo, es enviado derechito a una prisión, porque en el sistema de menores no existe el derecho a la fianza. Así, pues, hay ahora mismo niños presos, sin que se les haya probado ningún delito, solo porque supuestamente no hay nadie en la libre comunidad que pueda cuidarlos.
Todo el mundo está de acuerdo en que esto es un absurdo y una crueldad que prácticamente constituye un crimen de Estado contra los menores.
Pero nadie hace nada para arreglarlo. La superintendente de la Policía, Michelle Hernández, cuyos agentes son los primeros que reciben la queja de que alguien le tumbó la pajita a alguien, no ha dicho una palabra del tema. La secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, quien anda por ahí aterrada de Thomas Rivera Schatz, menos.
La secretaria de Educación, Julia Keleher, reveló un plan para establecer en las escuelas un nuevo modelo de resolución de conflictos.
Pero se cantó impotente para lograr que ya, desde hoy, no mañana en lo que su nuevo plan entra vigor y surte efecto, se cumplan los protocolos de la propia agencia que obligan a solucionar peleas menores en el propio ámbito escolar, sobre todo si hay estudiantes de educación especial implicados en la trama.
Los legisladores de mayoría, que están muy entretenidos contratando amigos y orando y ayunando, podrían aprobar, por ejemplo, una ley que estableciera una edad mínima para que un niño pueda ser llevado a un tribunal o darle fuerza de ley a los protocolos del Departamento de Educación, pero tampoco se han movido.
Están todos paralizados ante este escándalo. Y cuando hay crímenes de esta magnitud contra niños y niñas que en muchos casos quedan traumados de por vida al enfrentarlos con el todopoderoso e intimidante Estado, parálisis equivale a complicidad.
“Todo el mundo está de acuerdo en que esto es un absurdo y una crueldad. Pero nadie hace nada para evitarlo”