Sombrío futuro para las calles de San Juan
Dinero retenido al municipio limita los recursos disponibles para mantenimiento
Q El panorama que enfrentarán los conductores que transitan por las calles y avenidas de San Juan este cuatrienio no luce nada halagador, y la primera en reconocerlo es la alcaldesa Carmen Yulín Cruz.
Cruz, sin embargo, recalca que el retraso en los trabajos de bacheo y repavimentación -que se seguirán acumulando- poco tienen que ver con su capacidad administrativa.
Por el contrario, apunta a la Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera aprobada el cuatrienio pasado y el Plan Fiscal del gobernador Ricardo Rosselló como los culpables de deterioro de la red vial capitalina.
“El tema de las carreteras conlleva mucho más que hablar de hoyos”, dijo la alcaldesa.
Por un lado, Cruz suplió un listado de 28 proyectos detenidos debido a que la partida para realizarlos, $5 millones, están congelados en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF) por disposición de la aprobación de la Ley de Moratoria. Esta fue una medida legislativa refrendada por la mayoría popular el cuatrienio pasado para extender la vida del otrora agente fiscal del Gobierno.
Entre los proyectos figuran obras de escarificado y asfalto en las avenidas Condado, Ashford, De Diego, Hostos, Domenech, Chardón, Andalucía, Park Gardens, Magdalena, Universidad, Américo Miranda y la San Patricio. Además, la marginal Las Palmas y las calles Notre Dame, Paraná, Coll y Toste, McLeary, Cecilia y Acuario.
“Muchas veces pensamos que el único dinero que les corresponde a los municipios es el sobrante del CAE (Contribución Especial Adicional)”, argumentó Cruz, al traer a la mesa otra controversia legal -nacida también el cuatrienio pasado- que mantiene en precario las finanzas de los ayuntamientos.
El CAE es un fondo que sale de las contribuciones mueble e inmueble, que se usa para pagar los préstamos municipales. El sobrante del CAE es el monto pagado en exceso por los municipios, que se les devuelve al final de cada año fiscal.
En el caso de San Juan, el Municipio tiene confiscados $24 millones en el BGF y, debido a la paralización de litigios que forma parte de la ley federal PROMESA, ningún ayuntamiento tiene la facultad de demandar al Estado para recuperar el dinero. El caso de Carolina es peor, ya que tienen aguantados $70 millones en el BGF.
El Municipio de San Juan tampoco tiene acceso a otros $1.9 millones retenidos en el BGF, por concepto de desembolsos de préstamos contraídos por la pasada administración capitalina. Esos préstamos se están pagando, pero el gobierno municipal no tiene acceso a los fondos, que serían utilizados para trabajos más complejos de escarificación, que requieren subcontratación.
El gobierno municipal también enfrenta dos golpes adicionales: un recorte de $21 millones por los llamados “subsidios” que el gobierno central no enviará a los gobiernos municipales durante los próximos años, y otros $7 millones por recortes en el Plan de Saludo del Gobierno.
Así, de la inversión típica de $350,000 anuales que reserva el Municipio de San Juan para trabajos en el pavimento, este próximo año se des- tinará la mitad.
“El dinero baja a la mitad porque parte de ese dinero viene de los préstamos”, dijo Cruz, al indicar que tendrá fondos ordinarios, levantados mediante ahorros de $44 millones en diversos reglones, para aplicar “una alfombrita” de una pulgada en ciertas vías.
El cuatrienio pasado, el Municipio de San Juan invirtió poco más de $1 millón en 29.4 millones de libras de asfalto para trabajos de bacheo, y 32 millones de libras de asfalto valoradas en $1.6 millones para labores de repavimentación. El gobierno municipal también aplicó que 1.7 millones de libras de asfalto en estacionamientos de escuelas adoptadas.
Se repavimentó la avenida Eduardo Conde, la avenida De Diego (con fondos estatales y municipales), la salida 4 hacia Montehiedra, varios caminos en Caimito, la comunidad La Marina y calles de las urbanizaciones Santa María y Las Virtudes, además de calles de las Parcelas Falú.
El Municipio de San Juan gastó $3.5 millones anuales el cuatrienio pasado para limpieza de áreas verdes en carreteras y avenidas estatales. Ese dinero no puede ser reclamado como reembolso al gobierno central, debido a la precaria situación económica del Departamento de Transportación y Obras Públicas.
Cruz explicó que el gobierno central incumplió el año pasado con un acuerdo que se suscribió para darles mantenimiento a áreas verdes de las carreteras PR-199, PR-177 y PR-176, a cambio de un reembolso de $350,000.