Urge lograr una tregua por la paz venezolana

Las muertes de decenas de venezolanos en violentos enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas armadas son símbolo del grave deterioro en el vecino país, donde urge la apertura de un canal de diálogo de mediación y el cese inmediato de la confrontac

La crisis social, que recién degeneró en la muerte simultánea de ocho personas, refleja una descontrolada carrera de dolor y sangre que recibe un creciente repudio internacional al que nos sumamos, esperanzados en el surgimiento de una tregua eficaz para promover el bienestar social ante un preocupante escenario de escasez de alimentos y medicinas.

Ha sido en el contexto de tales carencias, especialmente de un producto tan básico como el pan, que un sector de la población se ha aventurado a peligrosos saqueos. Víctimas de uno de esos actos son ocho personas que cruzaron el perímetro electrificado de una panadería y hallaron la muerte, en un evento que, independientemente de su sesgo delictivo, sugiere la barbarie por el hambre.

Ante un impasse enconado, son imperiosas las reconsideraciones de las facciones en choque para reconocer el resultado trágico de los encontronazos recientes, de forma tal que se permita atender las necesidades humanitarias de la población.

Ignorar en este momento los reclamos internacionales para frenar el estallido social alimentado por la escasez, supondría que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha cruzado la línea de no retorno, en la medida en que aparenta tener poco o ningún control sobre las propias fuerzas que le son afines.

Persistir en intimidar y mover la represión para dispersar las marchas que trascienden Caracas y surgen con fuerza en San Cristobal, Puerto Ordaz, Maracaibo y otras ciudades no abonan a la estabilidad indispensable para una sociedad próspera. Por el contrario, alientan el cese de operaciones productivas, como la recién adoptada por la empresa General Motors.

A corto plazo también sería justo garantizar el debido procesamiento de decenas de guardias nacionales implicados en ataques letales o abusos contra manifestantes, entre otras medidas para garantizar el respeto a los derechos humanos y la democracia.

El punto de partida del incremento de la tensión en Venezuela —con picos de tácita lucha campal en las calles, o incluso entre los poderes del Estado—, fue la muerte del presidente Hugo Chávez, en marzo de 2013. El disgusto con su sucesor, el presidente Maduro, que ha ido intensificándose en los últimos meses, provocó que en las elecciones de diciembre de 2015, la oposición se hiciera con el control de la Asamblea Legislativa. Fue ese evento, que de paso atrapó al poder judicial en una madeja de influencias y extremismos políticos, lo que aceleró la confrontación a través de todo 2016, y ha provocado fracturas definitivas en lo que va de este año.

La desatinada propuesta de Maduro de inhibir a la Asamblea Legislativa, y transferir sus poderes al Tribunal Supremo, fue la coronación de una ruta hacia el malestar general, a tal punto, que crecientes sectores del país concuerdan en que hay que sustituir al actual mandatario, como única forma de restablecer la estabilidad económica y social.

La Unión Europea, al igual que la Organización de las Naciones Unidas, exigían este fin de semana que se rebajara la tensión y se establecieran canales de diálogo. A la firme solicitud se ha unido un organismo tan decisivo para Venezuela como el Mercado Común del Sur (Mercosur), que ha indicado la urgencia de que las autoridades venezolanas adopten medidas para asegurar los derechos fundamentales y exige al Gobierno del presidente Nicolás Maduro que “fije la fechas para el cumplimiento del cronograma electoral, libere los presos políticos y garantice la separación de poderes constitucionales”.

Desde Puerto Rico nos unimos también a ese importante reclamo.