EN SUSPENSO EL PROCESO DE MEDIACIÓN
Las partes no han alcanzado progresos sustanciales para llegar a un acuerdo antes de la fecha límite del 1 de mayo establecida por PROMESA Mientras, el gobernador Ricardo Rosselló asegura que se han dado conversaciones que indican señales positivas
QCasi dos semanas después de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) convocaran a bonistas y aseguradores de Puerto Rico a un proceso de mediación, las partes no han logrado progresos sustanciales a pesar del cercano fin de la suspensión automática en litigios provista por la ley federal PROMESA.
De acuerdo con al menos tres fuentes separadas de El Nuevo Día, tanto del lado de los acreedores como del Gobierno, aunque ha habido “cierta disposición” de parte de los acreedores y de la JSF para llegar a un entendido, hasta ayer, el proceso de mediación -que se ha conducido bajo un manto de secretividad- no apuntaba a una solución definitiva. El proceso de mediación está encabezado por el juez retirado de bancarrota Allan L. Gropper. OFERTAS EN LA MESA. Esto a pesar de que la JSF y la AAFAF, según las fuentes, habrían recibido dos ofertas de parte de los acreedores.
“Sí, se presentó una oferta, pero no ha habido respuesta”, dijo una de las fuentes que solicitó anonimato al indicar que no tenía autorización para discutir el tema.
Una segunda fuente indicó que una de las ofertas la presentó el grupo Ad Hoc de Obligaciones Generales, mientras ciertos acreedores de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) habrían hecho lo propio.
La semana pasada, en una entrevista con El Nuevo Día durante un foro del Consejo Empresarial de América Latina, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares indicó que “la bola está en la cancha” de los acreedores, pues su equipo fiscal aguardaba por una oferta para continuar las conversaciones. MUCHOS ACREEDORES EN LA MESA. Las fuentes también aseguraron que luego de discutir por días el plan fiscal certificado por la JSF, los asesores del Gobierno se aprestaban a presentar en algún momento de esta semana los detalles de su oferta. Cuando comenzaron las conversaciones el pasado 13 de abril, los acreedores rechazaron dicha propuesta, pues, en lugar de discutirla, centraron la discusión en las proyecciones y supuestos que dieron pie al plan fiscal.
Según las fuentes, aunque hasta ayer no había “nada concreto”, la JSF y la AAFAF acertaron al llevar a la mesa de negociación una representación amplia y, en ciertos casos, mayoritaria, de los acreedores del Gobierno.
Además de las tres fuentes separadas, El Nuevo Día confirmó con otras tres fuentes que la JSF y la AAFAF mantienen conversaciones con varios bonistas principales del Gobierno que poseen bonos de distintos emisores de Puerto Rico. Ese sería el caso de Oppenheimer Funds, Franklin Advisors, Goldman Sachs y las aseguradoras municipales, National Public Finance, Assured Guaranty y Syncora, que respaldan deuda del Gobierno central, pero también de corporaciones públicas como la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).
De igual forma, las fuentes aseguran que varios fondos de cobertura de riesgo que integran los llamados grupos Ad Hoc están sentados a la mesa, al igual que ciertas cooperativas de ahorro y crédito -ambos con deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF)- y gestores de fondos institucionales en la Isla. HARTOS LOS BONISTAS. De acuerdo con las fuentes, los asesores del Gobierno han solicitado suscribir un acuerdo de indulgencia que, de alguna manera, impida la radicación o continuación de los litigios en corte ante el vencimiento el próximo lunes, 1 de mayo, de la suspensión automática de demandas de cobro contra el Gobierno.
Sin embargo, hasta ayer, el pedido de parte de la AAFAF y la JSF no parecía tener suficientes adeptos.
En esencia, para los acreedores, el plan fiscal certificado está errado tanto en derecho como en cifras.
Según las fuentes, los acreedores no están dispuestos a aceptar la cantidad de dinero que se dedicaría al pago anual, pues la cifra promedio de $800 millones a 10 años apenas re-
“Si la Junta hubiera cedido y hubiera aprobado pagos más altos (a los bonistas), nuevamente Puerto Rico estaría sobreendeudado y, seguramente, casi excluido de los mercados de capital” JOSÉ B. CARRIÓN presidente de la JSF
presenta el 4% de los recaudos proyectados. “El plan de (Alejandro) García Padilla sugirió 15% (de servicio anual de la deuda), y eso no fue aceptable”, recordó una de las fuentes.
Para los bonistas, tampoco tiene sentido que no se les aumente el pago cuando el Departamento de Hacienda recauda más dinero ahora que antes. En marzo pasado, por ejemplo, Hacienda reportó que los ingresos al Fondo General fueron 6% mayores que los de marzo de 2016.
Además, El Nuevo Día supo por otras dos fuentes que, en febrero pasado, ciertos bonistas sugirieron a la AAFAF un acuerdo de indulgencia para comenzar las negociaciones y nunca se ofreció una respuesta. LA PUJA EN LA MESA Y EN D.C. El impasse entre la JSF, la AAFAF y los acreedores ha cobrado tal fuerza, que las fuentes aseguran que los momentos acalorados que se han visto en la mesa de negociación también se han trasladado a Washington, D.C., donde distintos acreedores de la Isla han llevado sus objeciones sobre el funcionamiento de la JSF, la adopción del plan fiscal y la implementación de PROMESA. Según las fuentes, si los acreedores de Puerto Rico no logran “un acuerdo razonable”, pondrán escollos de todo tipo en la capital federal, sea en las asignaciones de fondos federales para la Isla como en la discusión del estatus político. Esa lucha de fuerzas, que de manera silente, protagonizan la JSF, la administración Rosselló Nevares, bonistas institucionales, fondos de cobertura de riesgo y aseguradoras municipales, quedó confirmada el martes cuando el presidente del ente federal con poderes por encima del gobierno electo de Puerto Rico, José B. Carrión, envió una carta de 13 páginas a los senadores republicanos Thom Tillis (Carolina del Norte) y Tom Cotton (Arkansas) en la que refuta las quejas que los acreedores han llevado al Congreso.
“Es importante que se reconozca que los acreedores, cuyas preocupaciones ustedes reportan en su carta, están en medio de negociaciones con la Junta y el Gobierno”, reza la carta de Carrión en la que señala que las quejas de los bonistas “son parte de su estrategia de negociación”.
Según Carrión, entre diciembre de 2016 y marzo de 2017, la JSF y el Gobierno han sostenido más de 30 reuniones con los acreedores.
EL TÍTULO III Y EL CONGRESO. La carta de Carrión dada a conocer por la JSF surge en un momento crítico, tanto para la Isla como para el gobierno federal.
Por un lado, la misiva de Carrión confirma múltiples reportajes de El
Nuevo Día en los que se anticipó que Puerto Rico no tendrá dinero suficiente para afrontar el pago de las pensiones públicas, el programa Mi Salud y, a su vez, pagar a los bonistas a partir de julio próximo.
En la carta, por ejemplo, Carrión sostiene que, a partir del verano, el Fondo General tendrá que sacar $989 millones para el pago de las pensiones de los empleados públicos.
Asimismo, Carrión reitera la conclusión del grupo congresional creado por PROMESA y que advirtió en diciembre pasado que Puerto Rico tendrá que “sacar a cientos de miles de participantes de Medicaid” o costear dicho programa, asignando dinero de otras áreas, como “los pagos a acredores y la prestación de servicios públicos”.
De otro lado, la carta de Carrión surge a solo días de que el propio gobierno federal pueda cerrar operaciones. Esto, si el Congreso federal no extiende la resolución que financia los gastos del gobierno federal.
Carrión aseguró a los senadores que, ante la falta de dinero, si el Gobierno tuviera que solicitar una bancarrota bajo el título III de PROMESA, la JSF continuará la negociación.
Pero acto seguido, Carrión también pareció responsabilizar al Congreso del poco dinero para pagar a los bonistas y del caos fiscal y económico que verá Puerto Rico ante la falta de efectivo suficiente.
“La Junta invita al Congreso a ayudar a agrandar el pastel, renovando el flujo de fondos de Medicaid a Puerto Rico bajo la Ley de Cuidado Asequible, que, de otra forma, se agotarán en diciembre de 2017”, dijo Carrión al recordarle a los senadores que, bajo PROMESA, la JSF no puede descansar en partidas de fondos elevadas o sobre las que no haya certeza, como es el caso de Medicaid.