La crisis obliga a una nueva estructura municipal

La división gubernamental de Puerto Rico en 78 municipios no es sostenible, por lo que los ayuntamientos vienen obligados a emprender planes de reorganización y simplificación de sus estructuras administrativas con los cuales enfrentar el recrudecimiento

Reconocemos que los ayuntamientos están dando unos primeros pasos de austeridad para hacer frente a la reducción de ingresos provenientes de los gobiernos central y federal. Estas medidas prueban que, cuando se lo proponen, los municipios son capaces de encontrar formas más económicas de continuar la prestación de servicios a los ciudadanos. La disposición a ajustar la jornada laboral, reducir los donativos, eliminar festejos, comenzar a cobrar por servicios y privatizar funciones son alternativas que algunos ejecutivos municipales tienen sobre la mesa para sobrevivir la cruda estrechez fiscal.

A pesar de tales iniciativas, hay que escuchar la advertencia del presidente de la Federación de Municipios, Carlos Molina: los ayuntamientos, vistos en conjunto, apenas lograrán restituir el 60 por ciento de los subsidios ascendentes a $350 millones que dejarán de recibir en dos años del Gobierno central, a partir del inminente primero de julio.

Cuando se lleva al nivel local, la situación empeora para 40 gobiernos municipales que, de acuerdo con el alcalde de Ciales, Luis Maldonado Rodríguez, tienen presupuestos que dependen hasta en un 98 por ciento del subsidio estatal. Súmele a ello la eliminación de fondos federales que llegan por la vía de iniciativas como el Programa de Desarrollo Comunitarios (CDBG, por sus siglas en inglés), anunciada por la administración del presidente Donald Trump, y la reducción del .5% del IVU por medio de leyes especiales.

Lo que queda es un inmenso vacío de fondos y 78 gobiernos locales que alimentar. Como divisiones administrativas, las más pequeñas y cercas al pueblo que tiene el Estado, muchos de estos municipios ya no son viables. Están endeudados, tienen sus finanzas en rojo y encima de eso, se están despoblando aceleradamente, por lo que sus perspectivas de recuperación se reducen tremendamente.

En Lares, Guánica, Peñuelas, Fajardo, Mayagüez, Las Marías, Yauco, Ponce, Ceiba y San Juan, por ejemplo, la población ha mermado entre 12 y 13 por ciento desde 2010, según datos del Negociado del Censo de Estados Unidos. Dicha pérdida reduce, a su vez, la base contributiva de los municipios y la del País, que está en recesión hace una década.

Tan cerca como en 2015 había 38 municipios que presentaban exceso de gastos sobre ingresos. Hay 33 que dependen en más del 40 por ciento de sus presupuestos del Gobierno central, de acuerdo con el Centro de Investigación y Política Pública responsable por la plataforma de ABRE Puerto Rico.

Son datos que apuntan con claridad a la insolvencia estructural de muchos municipios y a la incapacidad de sostenerse por sus propios medios. Es una situación que arrastran desde hace tiempo y que se retrata en completa desnudez ahora, ante la quiebra del Gobierno estatal, que ya no puede seguir manteniéndoles.

Por ello es que las medidas fiscales comenzadas por algunos alcaldes, aunque pueden ser meritorias y bien intencionadas, no bastarán, si no se realizan cambios estructurales que resulten en economías racionales y ajustadas a las posibilidades reales de ingresos y gastos de los ayuntamientos.

Dicha revisión debe contemplar también el agrupamiento de funciones municipales, el ajuste y la eliminación de contratos que no son imprescindibles y, sobre todo, el rigor administrativo.

La regionalización de servicios ha demostrado ser una buena alternativa, con ejemplos como la oficina para el otorgamiento de permisos que comparten Barranquitas, Comerío y Aibonito, junto a su costo anual de $200,000.

Pero, ante la magnitud de los problemas para recaudar fondos y las demandas por servicios que no cesan, la Asamblea Legislativa y los propios ejecutivos municipales tienen que plantearse, con honestidad y sentido patrio, si la organización en 78 municipios es la adecuada para representar los intereses de sus ciudadanos.