La carta, la metrópoli y la colonia
Nuevamente, el gobierno permanente de Estados Unidos se ha expresado sobre el status de Puerto Rico, ahora mediante la carta remitida por el Departamento de Justicia federal al Gobernador de Puerto Rico el pasado Jueves Santo.
Es patético ver al liderato estadolibrista celebrar como un triunfo democrático la inclusión del status que el exjuez presidente del Tribunal Supremo y miembro de la Asamblea Constituyente, José Trías Monge, definió como colonial y antidemocrático, sujeto a los poderes plenarios del Congreso.
La aprobación arbitraria de la Ley de PROMESA por el Congreso confirma la relación colonial y deroga “de facto” la Ley 600 que establece el Estado Libre Asociado (ELA). La existencia de la Junta de Control Fiscal lo dramatiza.
La carta no reconoce el ELA, sino el territorio. Desde su concepción, los creadores del ELA sabían que ese nombre no era vendible al Congreso y por eso lo tradujeron como “Commonwealth”, al igual que Pennsylvania, confundiendo así su definición.
Aunque anteriormente el gobierno permanente había enviado señales retirando el respaldo al ELA y endosando la descolonización, ante la agresión burda de los estadistas, decidió darle oxígeno a la colonia para frenar la estadidad.
Desde el primer encuentro entre los representantes de la metrópoli y la colonia, el mensaje ha sido diáfano: la colonia está para servir los intereses de la metrópoli, no viceversa. Así lo comunicó el 20 de enero de 1899 el presidente William McKinley cuando se reunió junto a su gabinete con Eugenio María de Hostos, el Dr. Manuel Zeno Gandía (independentista) y el Dr. Julio Henna (estadista), quienes reclamaron un plebiscito para determinar el status futuro de la Isla.
A partir de ese momento, todas las señales han sido claras: la metrópoli no quiere que Puerto Rico sea un estado de la unión. Más aún, si ese no fuese el caso, desde hace tiempo la metrópoli habría dado los pasos para que la isla se convirtiera en un estado.
La carta reafirma su rechazo a la estadidad destruyendo el mito de que la ciudadanía estadounidense está garantizada únicamente con la estadidad.
El autonomismo soñado por los estadolibristas la metrópoli ni lo entiende ni reconoce el término de los tiempos de España. No es parte de su léxico político.
La Constitución de Estados Unidos es muy clara sobre las opciones de status: estado de la unión; territorio bajo la Cláusula Territorial que otorga al Congreso poderes plenarios; o un país soberano con tratados con Estados Unidos. El ELA es un territorio y la libre asociación es un país soberano; lo demás es meras quimeras.
Otra alucinación, en lo que confía el liderato independentista, es que la metrópoli impondrá la independencia para evitar la estadidad. Si bien es cierto que la colonia no puede ser un status digno y permanente, la metrópoli la mantendrá sin cambio alguno mientras no exista un movimiento descolonizador con un proyecto de país capaz de negociar con ellos.
Quienes cifran sus esperanzas en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) continuarán siendo ignorados por una organización controlada por cinco países, los cuales tienen sus propios problemas con sus colonias. En el caso de España, sus movimientos independentistas no le permiten inmiscuirse en los problemas de sus antiguas colonias.
El Gobierno de turno aprobó un plebiscito estéril e inconsecuente por encima de la oposición de la mayoría del electorado. De la Junta de Control Fiscal permitir su celebración, validaría el derroche de fondos públicos.
Mientras los políticos del patio se enfrasquen en adormecer al pueblo con sus racionalizaciones y en alcanzar el poder local para repartir el limitado botín, Puerto Rico continuará manteniendo su status colonial bajo el control del Congreso hasta que surja un detonante que cambie la situación. La pregunta es: ¿cuándo y cómo surgirá el detonante?
“Mientras los políticos del patio se enfrasquen en adormecer al pueblo con sus racionalizaciones y en alcanzar el poder local para repartir el limitado botín, Puerto Rico continuará manteniendo su status colonial bajo el control del Congreso”.