Detroit, Argentina y Grecia: muestra variada del efecto de la renegociación de la deuda
Las experiencias vividas en Detroit, Argentina y Grecia, aunque plantean grandes diferencias, proveen lecciones al momento de plantearse una renegociación de la deuda pública
Q En el 1984, cuando el Congreso de los Estados Unidos enmendó el Código de Quiebras para excluir a Puerto Rico de las protecciones del Capítulo 9 de bancarrota municipal, se allanó el camino para que el actual intento de renegociar la deuda pública de la Isla entre en terreno nunca antes conocido.
La reestructuración de la deuda de Puerto Rico seguirá el marco legal trazado por la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés), creada específicamente para atender la bancarrota puertorriqueña, aunque también aplicaría en caso de que alguno de los territorios estadounidenses entre a una crisis similar a la de la isla.
Esta realidad legal, junto a las particularidades de Puerto Rico como territorio estadounidense, marca un camino distinto al que tomaron los gobiernos de Grecia y Argentina, en la encomienda de reducir la carga de la deuda pública durante sus respectivas crisis. También es distinto a lo acontecido en la ciudad de Detroit en Michigan, con la quiebra municipal del 2013, que también incluyó un recorte o “haircut” de la deuda pública. El camino que siguió Detroit, sin embargo, podría decirse que es el proceso más parecido al que se avecina para Puerto Rico.
La razón es simple: el Título III de la Ley PROMESA, que provee para un proceso de bancarrota, se fundamenta en gran medida en las disposiciones de los Capítulos 9 y 11 del Código de Quiebras Federal.
“En términos procesales es el caso que se conoce al que más se parecerá el caso de Puerto Rico. Las disposiciones de PROMESA las sacaron de los Capítulos 9 y 11 del sistema de quiebras federal”, expresó el abogado Rolando Emmanuelli.
LA QUIEBRA MUNICIPAL. Los problemas en Detroit comenzaron, al igual que en Puerto Rico, con una caída en la producción industrial y los gobiernos tomando dinero prestado para subsanar los vacíos económicos que provocaban la recesión.
El 18 de julio de 2013, la ciudad de Detroit solicitó que el Tribunal de Bancarrotas de EE.UU. los declarara en quiebra. Uno de los primeros obstáculos del caso se basó en el reclamo de los acreedores de que la ciudad no había hecho el intento de negociar con ellos un ajuste de la deuda. El juez de quiebra Steve
Rhodes determinó que era poco práctico ese proceso cuando había tantos acreedores.
Rhodes, sin embargo, encaminó judicialmente un proceso de negociación con la mediación de Gerald Rosen, el entonces juez presidente del Distrito del Este de Michigan del Tribunal Federal.
En una entrevista reciente del Centro de Periodismo Investigativo, Rosen detalló que en el proceso se alcanzó una reducción de 50% en parte de la deuda de Detroit porque se organizaron los acuerdos según el nivel de fortaleza legal de los acreedores. En este proceso, los bonos de obligación general ilimitado tuvieron un recorte de alrededor de 26%, mientras que los bonos de obligación general limitados sufrieron un “haircut” de 60%. Entre-
“El marco legal de la Ley PROMESA puede ayudar a Puerto Rico si la Junta de Supervisión Fiscal quiere hacer una reestructuración con el objetivo de desarrollo económico en mente” MARTÍN GUZMÁN Investigador del CNE
tanto, los jubilados retuvieron casi el 100% de sus pensiones pero sus gastos de servicios de salud sufrieron una baja de 90%. También se refinanciaron otros instrumentos de deuda a tasas de interés más bajas.
En el esfuerzo, se intentó vender gran parte de la colección del Instituto de Arte de Detroit. Esto, sin embargo, fue evitado por una iniciativa en la que el estado de Michigan, varios sindicatos e instituciones filantrópicas reunieron fondos que ayudaron a financiar los sistemas de retiro de la ciudad y evitar la venta de activos, especialmente las obras de arte en el Instituto.
“Allí la gente que iba a ser perjudicada dio la batalla. Las uniones dieron la batalla por defender sus puestos, sus salarios y sus pensiones. Los retirados también lucharon. Todo se dio en un proceso donde la mediación fue la que dominó el ambiente del caso”, dijo Emmanuelli. Al igual que en Puerto Rico, la deuda de Detroit no partía de una soberanía en el gobierno. Esto marca una diferencia significativa en estos procesos de reestructuración, en comparación con los casos de Argentina y Grecia.
LA “QUITA” DE ARGENTINA. Para la década de los años 1990, el gobierno de Argentina comenzó a reformar su economía siguiendo una serie de recomendaciones del Banco Mundial, el Departamento del Tesoro de EE.UU. y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Como consecuencia, las tasas de interés bajaron y la deuda argentina comenzó a aumentar ante la promesa de un crecimiento económico sostenido, relató Martín Guzmán, profesor en las universidades de Columbia y de Buenos Aires, e investigador senior no residente del Centro para una Nueva Economía (CNE).
Sin embargo, ya para el 1998 la economía argentina daba señales de que los beneficios económicos de la reforma no eran tan prósperos como se pensaba inicialmente y la economía entró en una recesión.
Inicialmente, el asunto se atendió con una serie de medidas de austeridad y unos paquetes de ayuda organizados por el FMI que no fueron suficientes y provocaron que la economía de Argentina se contrajera más, debilitando así la capacidad del gobierno de pagar la deuda. Socialmente, el problema se apreciaba con aumentos en el desempleo y la pobreza que llegó a atrapar al 57% de la población en su punto pico.
El momento de más alta tensión se dio en el 2001, cuando las personas comenzaron a sacar sus depósitos de los bancos y el gobierno, para evitar una descapitalización del sistema, impuso restricciones a los retiros.
El llamado “corralito” aceleró la crisis social y llevó al gobierno a reconocer que no tenía la capacidad de pagar la deuda del gobierno por lo que entró en una situación de impago.
La soberanía de Argentina jugó un papel importante ante este escenario. El gobierno elaboró un plan en el que, en términos generales, usaba el dinero de la deuda para hacer inversiones que estimularan la producción del país.
“Una reestructuración desde la soberanía es conveniente porque el país puede procurar un plan que tenga como objetivos el crecimiento económico del país y no el bienestar inmediato de los acreedores... El país (Argentina) no cedió ante las presiones de los acreedores... En la negociación se hizo una quita (recorte al principal de la deuda) suficiente para crear las condiciones macroeconómicas que provocaran una recuperación de la economía”, dijo Guzmán.
En la negociación no había un marco jurídico definido por las leyes internacionales. Guzmán lo describe como la “Ley de la Selva” donde cada parte simplemente procuraba sus intereses como mejor pudiera.
La primera ronda de negociaciones permitió acuerdos en el 2005. Con los entendidos se redujo la deuda otorgándole a los acreedores entre el 25% y el 35% del valor original de los bonos. Otro proceso similar, que culminó en el 2010, extendió los acuerdos a un grupo de bonistas que se habían quedado en el aire en el entendido anterior. Los únicos que nunca entraron en discusiones con el gobierno fueron los llamados “fondos buitres” que compraron los bonos con grandes descuentos con la idea de litigar en los tribunales un repago de 100% del valor original del bono y así generar enormes ganancias.
Tras varios procesos intensos de litigaciones, Argentina llegó a un acuerdo con los llamados fondos buitres que los llevaba a tener una tasa de retorno de alrededor de 1,270%.
“Ellos (los fondos buitres) se alimentan de las desgracias de los países. Se mantienen fuera de las negociaciones con la idea de litigar los casos en los tribunales donde las leyes que los favorecen. Los casos se litigan según la jurisdicción donde se emite la deuda. Las cortes le dan la razón porque la ley está escrita a favor a ellos”, dijo Guzmán,
LA TROICA GRIEGA. En el caso de Grecia, la deuda también es soberana. No obstante, el repago de la deuda, ante la crisis económica griega ha seguido un rumbo, por mucho, distinto al de Argentina. Esto se debe en gran medida por la participación que ha tenido el FMI y los países que componen la Unión Europea en la crisis, dijo Guzmán.
El problema griego tiene una génesis similar a la de Argentina. La adopción del euro como moneda creó un ambiente de prosperidad que facilitó que el país heleno se endeudara enormemente.
Ya para el 2007, la economía griega daba señales de agotamiento y el gobierno comenzó a ensayar con medidas de austeridad que aumentarían en intensidad con el primer rescate que recibe la nación en el 2010.
La ayuda fue organizada por el FMI, el Banco Central Europeo y un fondo creado por varios países de la zona, como Alemania y Francia.
Los paquetes de ayuda fueron usados en gran medida para pagar la deuda de Grecia. De hecho, según Guzmán, el 89% del dinero que recibió Grecia como rescate entre el 2009 y el 2015 se usó para el repago de deudas y no para incentivar la economía. Con el dinero se salvaron los bancos alemanes y franceses que tenían una gran exposición a la deuda griega.
Las medidas de austeridad hicieron su mella en la economía y, pese a los ajustes en las deudas que se hicieron con el rescate, muy pronto el gobierno griego se enfrentó a la incapacidad de cumplir con los acreedores. En el 2012 Grecia recibe un nuevo paquete de ayuda y de recorte en la deuda. En específico, los afectados fueron los acreedores privados, quienes vieron ajustadas las deudas al valor en el mercado de los bonos. Como parte de las medidas, se procedió con un programa adicional de austeridad que tuvo el mismo efecto: deteriorar la actividad económica.
“A diferencia del impago argentino, que le debía a acreedores privados, en Grecia la deuda era principalmente con acreedores oficiales (países y organizaciones internacionales) y eso hace que el temor a represalias políticas sea muy grande... Grecia en la práctica perdió su soberanía”, explicó Guzmán.
El uso del euro como moneda en Grecia impidió que se ejecutaran medidas monetarias que ayudaran a estimular la inversión y a promover el intercambio comercial. Grecia todavía no ha salido de su crisis.
“Si pones todo esto en el contexto de Puerto Rico pues el marco legal de la Ley PROMESA puede ayudar a Puerto Rico si la Junta de Supervisión Fiscal quiere hacer una reestructuración con el objetivo de desarrollo económico en mente como sucedió con Argentina. En el caso de Grecia, el objetivo no fue tanto el desarrollo de la economía como el repago”, dijo Guzmán.
Allí (en Detroit) la gente que iba a ser perjudicada dio la batalla. Las uniones dieron la batalla por defender sus puestos, sus salarios y sus pensiones. Los retirados también lucharon” Rolando Emmanueli Abogado experto en bancarrotas