Un mallete para construir el futuro
Casi dos décadas de pobre gestión fiscal han puesto a la Isla en manos de una junta federal para invocar la bancarrota
Unos 10 meses después de que el Congreso federal aprobara la Ley para la Gerencia, Supervisión y Estabilización Económica de Puerto Rico (PROMESA en inglés) y de un expedito proceso de mediación y negociación, convocado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la jurisdicción más endeudada per cápita en suelo estadounidense perderá mañana su protección contra litigios sin haber llegado a un acuerdo definitivo con sus acreedores.
La falta de un acuerdo abarcador con todos los diversos bonistas y aseguradores de la Isla, según varios entrevistados por Negocios, coloca a Puerto Rico en un escenario nunca visto.
A partir del próximo martes, y ante la falta de dinero para pagar a los bonistas, las cosas simples y complejas que millones de puertorriqueños dan por sentado -como visitar un parque recreativo o tramitar un permiso para la apertura o expansión de un negocio- quedarán, de una forma u otra, a merced del sistema judicial federal de los Estados Unidos de América.
Una vez termine la suspensión automática de litigios provista en PROMESA, según los entrevistados, Puerto Rico encarará una avalancha de demandas de todo tipo de acreedores.
El único mecanismo disponible para hacer frente a tales reclamos será invocar los remedios provistos en el título III de PROMESA. Esa disposición provee para que Puerto Rico modifique sus obligaciones con los bonistas, pero también aquellas obligaciones con empleados, contratistas, pensionados y demás ciudadanos individuales o corporativos en la Isla y el exterior.
Aparte de que las cuantías en disputa suponen niveles no vistos en un procedimiento de quiebra que involucre a entidades públicas, si la JSF autoriza al Gobierno de Puerto Rico a solicitar el título III de PROMESA, será la primera vez en la historia de Estados Unidos que un gobierno estatal se acoja a este tipo de remedio.
UN NUEVO MUNDO. “Estamos en el escenario que dijimos hace unos años. Vamos a terminar en manos de los jueces”, indicó el economista y catedrático de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y economista, Juan Lara.
“Hemos llegado al borde del desierto y no tenemos agua en la cantimplora”, agregó el econosmista al plantear que Puerto Rico entra ahora en un difícil período de ajuste sin liquidez en las arcas públicas, pero también sin dinero suficiente en los bolsillos de los hogares puertorriqueños.
De acuerdo con Lara, las expresiones vertidas por el presidente de la JSF, José Carrión, en torno al rechazo del Congreso estadounidense y del Tesoro estadounidense a cualquier escenario para extender la suspensión automática de litigios o incluso, para extender la activación del título III de PROMESA confirman que “las conversaciones con los bonistas no han sido fructíferas”.
El pasado viernes, en su séptima reunión pública celebrada en el edificio Alexander Hamilton, en Nueva York, la JSF aprobó una resolución para que ese organismo, en una sesión privada, pueda autorizar al Gobierno o sus dependencias cubiertas para invocar el título III de PROMESA.
La resolución se aprobó justo antes de que la JSF certificara los planes fiscales del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
En el caso del BGF, el plan se aprobó sin cambios y la dependencia será liquidada en un plazo de dos a tres años.
Mientras, los planes de la ACT, la AAA y la AEE se aprobaron sujetos a diversas enmiendas que tendrán que presentarse en un plazo no mayor de 60 días.
“Esto es un nuevo precedente en todas las dimensiones”, dijo el profesor de Finanzas en la
“Sin el título III, Puerto Rico puede terminar en un litigio como Argentina que mantuvo a esa economía como rehén por una década” ERIC LECOMPTE Director ejecutivo de Jubilee USA “Esto nunca se ha visto en una quiebra municipal, porque se ha habilitado a un territorio con un acceso privilegiado que no tienen los estados” ANTONIO FERNÓS SAGEBIÉN Economista
Universidad Interamericana de Puerto Rico y economista, Antonio Fernós Sagebién.
El año pasado, Fernós Sagebién advirtió que la renegociación de la deuda terminaría en los tribunales, pues el Gobierno ha sido incapaz de adoptar reformas estructurales. Tales reformas, dijo entonces, siempre tienen un coste político, un peso que los jueces no tienen que cargar porque no son oficiales electos.
“Vamos a ser un experimento perfecto, pero esto (el remedio judicial) puede representar un arma de destrucción masiva. A diferencia de una empresa, donde en un proceso de quiebra, sus obligaciones terminan con su disolución, los gobiernos no pueden acabarse a menos que se invadan o se reemplacen por otros”, subrayó el también economista al advertir que en un tribunal no necesariamente pesará el estado de derecho tanto o más que la razonabilidad de la gestión pública.
“No hay que tenerle miedo al tribunal”, dijo por su parte el reconocido exjuez de bancarrota Gerardo A. Carlo-Altieri.
Carlo-Altieri coincidió en que el caso de Puerto Rico supondrá un hito en la jurisprudencia estadounidense y por su nivel de complejidad, requerirá que el sistema judicial tome medidas particulares para asegurar su eficaz manejo. Todo, sin embargo, dependerá del mecanismo que utilice la JSF, a la luz de PROMESA.
UN CASO MUY COMPLEJO. A juicio de Carlo-Altieri, partiendo de lo dispuesto en PROMESA, es altamente probable que la JSF tenga que aprobar certificaciones de bancarrota por cada entidad cubierta, aunque resulten posteriormente en una consolidación.
Lo mismo podría pasar con la radicación de demandas por parte de diversos acreedores, recursos que también podrían consolidarse, como de hecho, decidió el juez federal Francisco A.
Besosa el año pasado. Besosa, quien antes de su designación a la corte de distrito federal de Puerto Rico, representó casos de quiebras, tiene ante sí unas 12 demandas de acreedores que aguardan el fin de la suspensión automática de litigios para seguir su curso. Esa cuenta regresiva llega a su fin a la medianoche del próximo lunes, 1 de mayo.
A preguntas de Negocios en torno a que un juez de distrito atienda un tema que suele ser visto por jueces especializados en el Código de Quiebras, Carlo-Altieri explicó que la disposición no implica un reto mayor. Señaló, por ejemplo, que los casos de bancarrota suelen revisarse en el Circuito de Apelaciones por jueces de dicho foro y allí existe una tradición de atender con premura y aplicando la extensa jurisprudencia en el tema, los recursos que se le presenten.
“Lo que puede suceder aquí es que se nombra un juez de distrito y se le asignen jueces de quiebra para asistirle. Eso fue lo que sucedió en Detroit”, dijo Carlo-Altieri. “El caso de Detroit entró y salió en unos 17 meses, aunque ese no fue un caso tan complejo como el de Puerto Rico”.
IRÁN CONTRA LO POCO QUE HAY. Más allá de los aspectos procesales que requiera el caso de Puerto Rico, a juicio del director ejecutivo de la organización Jubilee USA y experto en reformas financieras, Eric LeCompte, Puerto Rico no debe vacilar en invocar el título III, pues de otra forma, el Gobierno estará sujeto a todo tipo de demandas por aquellos acreedores que no han participado de las negociaciones que convocó la JSF y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fis- cal (AAFAF).
“Lo importante aquí es que por los pasados años, ha habido un número significativo de esfuerzos de negociación y no se ha consumado ningún acuerdo voluntario”, indicó LeCompte, cuando Negocios le preguntó si Puerto Rico reuniría los criterios necesarios para solicitar la protección de la corte. De acuerdo con LeCompte, si Puerto Rico queda desprovisto de la suspensión automática, los acreedores de la Isla, y en especial, los llamados fondos buitres irán a la corte a “avanzar sus intereses” por encima de otros. Ello podría incluir remedios extremos como la congelación de cuentas bancarias, la suspensión de ciertos pagos por parte del Gobierno y pedir activos específicos físicos o financieros que puedan ser monetizados.
LA RUTA AL TÍTULO III. La ley federal PROMESA establece que para que un juez acepte proceder con un plan de ajuste de deudas bajo el título III, la JSF tiene que autorizar dicha petición procurando el cumplimiento de la sección 206(b) de PROMESA. Este inciso, requiere que al menos cinco miembros de la JSF aprueben una certificación de reestructuración, que a su vez, debe cumplir con varios criterios.
Específicamente, la JSF tendrá que decidir si el Gobierno o entidad cubierta ha intentado de “buena fe” alcanzar un acuerdo voluntario con los acreedores; si la entidad posee procedimientos para presentar sus estados financieros, ha publicado borradores de estos u otra información que permita a los acreedores tomar una decisión relacionada con la reestructuración de la deuda.
Además, según PROMESA, la JSF tendrá que asegurar que la entidad sujeta al título III tenga un plan fiscal certificado y que no se haya aprobado ningún plan de modificación de deudas bajo el título VI.
Una vez se radique el recurso, entraría en vigor la suspensión automática contra litigios que suele
aplicarse a cualquier caso bajo la ley de bancarrota.
Según LeCompte, quien cree que Puerto Rico ha cumplido con tales requisitos, En ese sentido, el ejecutivo indicó que si la JSF invoca el título III para la Isla o alguna de las entidades cubiertas, las negociaciones con los acreedores no se detienen. Más bien, aseguró que las negociaciones continuarán de una manera estructurada, lo que traerá más beneficios a Puerto Rico que la negociación voluntaria.
“Algunos acreedores han sido muy críticos del título III y quieren evitarlo”, sostuvo LeCompte al recordar que los acreedores también rechazaron los procedimientos en la ciudad de Detroit.
UN AÑO DE PUJAS. Desde mediados del 2015, cuando el exgobernador Alejandro García Padilla declaró que la deuda de Puerto Rico era impagable bajo los términos en que fue emitida, el Gobierno buscaba alternativas para pactar con los acreedores. Para esa fecha, los acreedores de la AEE ya mantenían negociaciones para modificar tales obligaciones.
En ese mismo período, el actual gobernador Ricardo Rosselló Nevares planteaba que Puerto Rico podía honrar sus obligaciones, declaraciones que, según diversas fuentes de este diario vinculadas a los acreedores, motivaron -en parte- que ciertos bonistas no entraran en un acuerdo definitivo con la pasada administración. En enero de 2016, la administración García Padilla divulgó su primera oferta a los acreedores, abriendo la puerta a un complicado proceso de negociación que nunca satisfizo a los bonistas.
Según los archivos de El Nuevo Día y documentos del BGF y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y de grupos de acreedores, en los pasados 18 meses, Puerto Rico y ciertos grupos de acreedores, intercambiaron sobre una decena de ofertas y contraofertas, pero ninguna de ellas prosperó.
Ahora, de acuerdo con LeCompte, la batalla de cartas que los bonistas, aseguradores municipales y la JSF mantienen refleja el intento de los primeros de plantear que no habido interés de Puerto Rico de pactar un acuerdo.
“Eso, simplemente, no es cierto”, dijo LeCompte, quien sostuvo que los acreedores también buscarán cuestionar la aprobación de PROMESA. Ello, porque el estatuto ofrece a Puerto Rico un mecanismo de reestructuración comprensiva superior al capítulo 9 del Código de Quiebras, una herramienta que ahora desearían tener estados como Nueva Jersey e Illinois, también agobiados por problemas fiscales.
“No hay fin ni falta de imaginación en un abogado bien pago”, dijo Carlo-Altieri. “Los que trabajaron con Detroit, casi todos están trabajando con Puerto Rico. Eso es como un club y todos ellos se van mudando de quiebra en quiebra y la experiencia adquirida de casos anteriores la aplican en la siguiente”. LO QUE DICEN LOS BONISTAS. Sin embargo, en esta ocasión, aparte de las objeciones de los acreedores en torno al poco tiempo para negociar voluntariamente, la manzana de la discordia se centra en la forma en la que la JSF ha decidido repartir los recaudos del Gobierno y lo que se les pagaría, si se completa la renegociación.
En síntesis, los acreedores y aseguradoras municipales alegan que la JSF ha violado el orden de prelación de pagos establecido en la Constitución de Puerto Rico, utiliza dineros restrictos para el pago de la deuda en corporaciones públicas en gastos operacionales del Gobierno central y apenas separa un 4% de los recaudos para el pago de la deuda.
La objeción más vocal provino del abogado del grupo Ad Hoc-GOs, Andrew Rosenberg, quien el pasado jueves envió una carta a los senadores republicanos Thom Tillis y Tom Cotton, criticando que con el Plan Fiscal vigente, Puerto Rico solo dedicaría un 6% de los recaudos a pagar a los bonistas. Estados como Connecticut y Utah, según el abogado, dedican entre 12% y 15% al pago anual de GOs y si se aplicaran en la Isla, las guías del Fondo Monetario Internacional (FMI) el monto de servicio a la deuda sostenible rondaría entre 18% y 22%.
SIN CERTEZAS. De acuerdo con Carlo-Altieri, si bien Puerto Rico podría encontrar refugio en el título III, PROMESA plantea una serie de herramientas más familiares en Europa y que por ende, son extrañas a la jurisprudencia de bancarrota, las que podrían ser combatidas por los acreedores.
Ese sería el caso, por ejemplo, de la cláusula de acción colectiva, la que forzaría un acuerdo determinado a to-
Los próximos dos años van a ser muy duros, pero si este es el dolor de parto para que salga una economía más sana, entonces, vale la pena” Juan Lara Economista
dos los acreedores de una clase, de manera retroactiva.
Para el abogado conocedor de procesos de bancarrota, John Mudd, aunque para muchos el título III parece un oasis a la falta de dinero en el fisco, Puerto Rico y la JSF podría darse contra la pared. Esto, porque un argumento que de seguro se levantará es la falta de estados financieros auditados, uno de los requisitos que se establece en PROMESA.
Según Mudd, una vez radicada la solicitud bajo título III, se darían unos 120 días a las partes para que entren en un proceso de mediación.
En ese proceso, dijo el abogado, se dirimirían las controversias entre bonistas como las acusaciones mutuas de deuda ilegal que plantean los bonistas de GOs y aquellos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), pero también sostuvo Mudd, tendrán que incluirse en la lista de obligaciones sujetas a reestructuración, las pensiones, las sentencias contra el estado y toda obligación que el Gobierno no pueda honrar.
Aclarar tales controversias y determinar cuánto se pagará a quién, podría tomar entre dos y tres años, dijo Mudd. “Puede ser que las cosas más importantes para la historia económica de Puerto Rico se resuelvan fuera de aquí”, agregó Mudd al señalar que la JSF podría radicar el pedido de bancarrota en el distrito sur de Nueva York. Esto, porque según PROMESA, se escogerá el foro más cercano y conveniente a la mayor parte de litigantes.
ECONOMÍA Y LIQUIDEZ. Lo lamentable, según Lara, es que la saga judicial que Puerto Rico vería a partir del martes, llegará al cabo de sobre una década de penurias económicas que ha resultado en una población más pequeña y en el agotamiento de la clase media.
“Lo más importante de inmediato será proteger la poca liquidez que hay, de manera que puedan mantenerse los gastos esenciales”, dijo Lara. “Si se diera alguna cosa como la congelación de cuentas o pagos, eso tendrá un efecto brutal e inmediato en la economía”.
De acuerdo con Lara, uno de los aspectos más neurálgicos en ese proceso de bancarrota será la suerte que corran los pensionados.
En enero pasado cuando la JSF presentó sus guías para el Plan Fiscal, el ente recomendó un recorte de 10% en todas las pensiones, siempre que ese ajuste no coloque al pensionado por debajo del nivel de pobreza. Lara criticó esa recomendación, dejando ver que la misma hace permisible que las pensiones se lleven a la raya de la pobreza, aunque no por debajo.
“Lo que eso significa es que estás dispuesto a empujar a nivel de la pobreza a una población que no tiene otro ingreso y que por su edad, no podrá insertarse de nuevo en la fuerza laboral. Eso como política pública es inaceptable”, dijo Lara, al tiempo que agregó que la incertidumbre asociada a una batalla legal prolongada y la implementación del Plan Fiscal estremecerá toda la estructura económica y social de la Isla.
Lara estimó que estos vientos dejarán una contracción en términos reales, de entre 4%y 5%, en los próximos dos años.
“Aquí tendremos los mejores expertos del mundo en casos de quiebra litigando contra Puerto Rico” GERARDO A. CARLO-ALTIERI Exjuez federal de bancarrota