UN AÑO DE INTENTOS
Luego de que el gobernador Alejandro García Padilla indicara en julio de 2015, que la deuda pública de Puerto Rico es impagable bajo los términos en que fue contraída, el Gobierno o sus distintos emisores de deuda han intentado reducir su obligación con los bonistas, sin éxito alguno. Aquí un vistazo general de las ofertas y contraofertas que se hicieron las partes y que nunca se concretaron.
EL GOBIERNO Asesores: Cleary Gottlieb y Millstein & Co.
El objetivo de las propuestas era consolidar la deuda de la mayor parte de los emisores del Gobierno en un solo instrumento que se identifica como el “súper bono”.
Oferta 1 Un recorte de principal de entre 30 y 70 centavos de dólar a los acreedores; una moratoria de dos años en el pago de intereses y principal; modificar la tasa de interés de manera escalonada y extender la vida de los vencimientos. Los recortes más bajos se aplicarán a las Obligaciones Generales y bonos Cofina. El recorte varía según la prioridad de pago establecida por tipo de bono. El recorte inicial de principal podía recuperarse con “un bono de crecimiento” que se pagaría en función del desempeño de la economía y del cumplimiento de objetivos fiscales. Propone un servicio anual a la deuda por $1,700 millones.
Oferta 2 Elimina la moratoria en el pago de intereses y propone modificar la tasa de interés. Reafirma los niveles de recorte de principal según la prioridad de pago y protecciones de los distintos bonos del Gobierno. Sustituye el bono de crecimiento por bonos de apreciación de capital (CAB, en inglés), cuyo pago será mandatorio, acumulando una tasa de interés de 5% a 49 años. Crea una alternativa para bonistas residentes en Puerto Rico en la que estos podrán recibir su inversión a valor par con una tasa de 2% luego de que se paguen los bonos de apreciación de capital Aumenta el servicio anual a la deuda en unos $149 millones, o sea a $1,850 millones.
Oferta 3 Reduce el recorte de principal a bonistas de Obligaciones Generales, bonistas principales y subordinados de Cofina, pagando a estos 80, 81 y 60 centavos de dólar. Elimina los bonos CAB y crea un bono “base” que contempla el pago de intereses en efectivo y “en especie”, pero en el agregado pagará 5%, ello implica aumentar el servicio de la deuda de la segunda oferta para allegar otros $1,000 millones al cabo de cuatro años. Reduce la vida de los bonos a intercambiarse para que venzan en el año fiscal 2062, en lugar de 2067.
GRUPO AD HOC GO
Asesores: Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP; Houlihan Lokey (asesora a ciertos acreedores)
Oferta 1 Propone al Gobierno una moratoria de cinco años en el pago de principal, lo que aliviaría el servicio a la deuda en unos $1,500 millones por ese período. Ofrece un financiamiento de $750 millones a una tasa anual de 7% para que el Gobierno no entre en impago con sus acreedores.
Oferta 2 Tras la segunda propuesta del Gobierno, el grupo ofreció recibir 89 centavos de dólar y que del total de servicio a la deuda para los distintos acreedores se les asignara $1,128 millones. Propuso que el vencimiento de la deuda
renegociada se diera para el año 2047, 15 años antes que la propuesta del Gobierno.
COALICIÓN COFINA – BONISTAS PRINCIPALES Asesores: Miller Buckfire; Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan
Oferta 1 Propone suspender la transferencia del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) al Fondo de Interés Apremiante (de donde se paga estos bonistas) durante un año. A partir del año 2018, el Fondo General tendría acceso a una parte de los recaudos del IVU desde el inicio de cada año fiscal y se sugiere limitar a $600 millones la reserva del contrato de bonos, en lugar de transferir a esta, la totalidad de la parte pignorada del IVU en la primera mitad de cada año fiscal. Los bonistas subordinados no recibirían lo invertido hasta que se pague a los
bonistas principales.
Oferta 2 Tras recibir la propuesta del Gobierno, propone recuperar un 95% del principal prestado, mientras solicita aumentar el servicio a la deuda a unos $507 millones, en lugar de los $390 millones que sugirió el Gobierno. Reduce el vencimiento de la deuda renegociada en 10 años, es decir, al año 2021, en lugar del año 2031 como propuso el Gobierno.
Oferta 3 Ofrece al Gobierno un financiamiento de emergencia por $800 millones, pagaderos en siete años, con un costo aproximado de 4% y se muestra disponible a llegar a acuerdos tanto bajo el Título VI. La cifra sería pagadera de inmediato con la aprobación de un plan de ajuste de deudas bajo el Título III de PROMESA. Sugiere modificar las tasas de los bonos principales y subordinados a 5.52% y 5.94%, respectivamente. Reafirma que el Fondo General recibirá ingresos del IVU desde el inicio de cada año fiscal. Propone varias alternativas de recuperación. Los bonistas principales recuperarían el 100% de lo invertido o 95%, mientras los bonistas subordinados recibirían 60% y 40% del principal de los bonos de crecimiento sugeridos por el Gobierno. En un escenario de Título III, los bonistas principales recuperarían a par y los subordinados, 30%. Los subordinados no recibirán pago de intereses hasta que los principales reciban su pago total.
G25 – COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO Asesores: Sosa Llórens & Ramírez & Co.
Proponen una moratoria de cinco años en el pago de principal únicamente de las notas del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y expresa su disponibilidad a modificar la tasa de interés en el proceso de renegociación que se complete. Sugiere que la reestructuración de la deuda se realice tomando en consideración el valor que pagó cada inversionista en lugar del valor de mercado. La propuesta se da a conocer como “entry-point” y pide proteger a las cooperativas por ser parte del sistema financiero. El grupo aceptó por un año el vencimiento de las notas que expiraron en mayo de 2016.
GRUPO AD HOC -BGF Asesores: Ducera Partners.
Acepta intercambiar sus notas del BGF aceptando renegociar su acreencia en un proceso de en dos etapas. La primera, de manera directa con el BGF, y la segunda, en el proceso de renegociación general. Al concluir el proceso, los bonistas recibirían 47 centavos de dólar. La participación del 100% de los acreedores del banco era requerida para completar la transacción. Este fue el único acuerdo concreto que se alcanzó y nunca se concretó.