Subrayan peligros del tercer sector tras el Título III
Movimiento Una Sola Voz analiza cómo podrán recuperar lo que debe el Gobierno
QKevin Irizarry espera completar su cuarto año en diciembre próximo.
Por esas cosas de la vida, la escuela pública en la que cursaba estudios dejó de ser una alternativa y a principios de año, Kevin llegó a los Centros Sor Isolina Ferré localizados en Caimito, un barrio en la parte montañosa de San Juan, cuyas vistas de la urbe desorganizada hacen olvidar que en la ciudad capital, seis de cada 10 niños se encuentran por debajo del índice de pobreza, según estima el Negociado Federal del Censo.
Kevin toma clase junto a Gladysbell Santiago Rivera y un centenar de estudiantes, quienes según la trabajadora social Damaris Rivera, no pudieron satisfacer sus necesidades de aprendizaje en el sistema de educación pública.
“A mí me gusta estar aquí, me encanta, me encanta. No hay nada negativo”, dijo Gladysbell.
Kevin y Gladysbell conversaron con El Nuevo Día acerca de su futuro si no existieran los Centros Sor Isolina, una organización que junto a cientos en la Isla, recibe fondos gubernamentales y que ahora, están en un limbo tras la radicación del Título III por parte del Gobierno.
“No tendría la oportunidad de terminar. Tendría que quedarme en la otra escuela”, susurró Kevin, luego de quedarse en silencio, cuando se le preguntó si sabía que Puerto Rico se había acogido a la bancarrota. “Eso (la quiebra) significa que el Gobierno no tiene dinero para ayudar y para pagar”.
Ayer, mientras Kevin y Gladysbell tomaban su clase de historia, el anfiteatro de la escuela se convirtió en un aula para unos 50 líderes del Tercer Sector de Puerto Rico. Los profesores fueron el abogado Edgardo Barreto y el ex juez presidente de la corte de Bancarrota, Gerardo Carlo-Altieri. La clase fue la Ley federal PROMESA y el Título III.
“Les aseguro que cuando el Congreso aprobó PROMESA, no tenían ni en su neurona más remota al Tercer Sector o el bonista local”, dijo Barreto.
“Va a ser un proceso doloroso porque si se deben $100 dólares solo hay $8 para pagar. Estamos hablando de unas reducciones bien significativas”, ejemplificó.
Desde el pasado 3 de mayo, cuando la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) invocó las protecciones del Título III para el Gobierno central, las organizaciones sin fines de lucro pasaron de ser cojín de estabilidad social a ser otro acreedor más en una lista tan larga de bonistas, pensionados, y suplidores del Gobierno, que al ente federal le tomaría al menos dos meses completarla; ello, según una moción en la corte.
UN ACREEDOR MÁS. Lo lamentable, dijo Carlo-Altieri, es que por tratarse de un acreedor no asegurado, es muy probable que el Tercer Sector no pueda recuperar los millones de dólares que le adeuda el Gobierno.
Aunque no tiene necesariamente comparable, Carlo-Altieri explicó que en los casos de bancarrota corporativa, en los que se aplica el capítulo 11 del Código de Quiebras, los acreedores recuperan aproximadamente el 10% de la deuda que reclamaron.
“Nadie puede decir cuánto van a recobrar. Eso varía de acuerdo con la clase de acreedor”, dijo Carlo-Altieri al tiempo que indicó que mientras dure el proceso de reajuste que decidirá la jueza Laura Taylor Swain, es muy probable que tampoco se les pague.
“Cuando la semana pasada, el Gobierno solicitó la bancarrota, a nosotros nos trajo una incertidumbre muy grande”, dijo José Luis Díaz Cotto, líder de los Centros Sor Isolina y del Movimiento Una Sola Voz, que agrupa a unas 130 organizaciones sin fines de lucro en la Isla.
En conjunto, el Movimiento presta servicios comunitarios a unas 400,000 personas cada año, en su mayoría “los verdaderamente vulnerables”, según Díaz Cotto, haciendo referencia a niños, deambulantes, discapacitados y personas de edad avanzada.
LA DEFINICIÓN DE PRIORIDAD. Díaz Cotto explicó que muchas organizaciones prestan sus servicios mediante acuerdos contractuales con el Gobierno, por fondos federales o donativos legislativos, los que ahora quedan un limbo, pues se desconoce qué sucederá con estos, dijo Díaz Cotto.
El encuentro de ayer, dijo Díaz Cotto, fue un primer paso para conocer exactamente cuánto les debe el Gobierno y trazar un curso de acción a seguir.
Las organizaciones que integran el Movimiento ofrecen diversidad de servicios comunitarios que la gente da por sentado. Los platos de comida que se ofrecen diariamente a cientos de deambulantes a través del Banco de Alimentos o los programas educativos de los Centros Sor Isolina, que hacen posible que estudiantes como Kevin y Gladysbell tengan una segunda oportunidad.
Según la trabajadora social Rivera, si el Gobierno no paga a las organizaciones sin fines de lucro, quienes resultarán afectados son aquellos para quienes la adversidad es cosa de todos los días.
“Lo que es el bienestar de la gente debería ser el primer punto en la agenda de cualquier país y no la cuestión de los pagos. Se entiende que hay que funcionar dentro de una economía, pero hay que mirar qué realmente es prioridad”, dijo Rivera.
“Tenemos jóvenes que se sienten desolados, desatendidos porque sus padres no tienen estabilidad emocional para esta etapa, por la situación económica” DAMARIS RIVERA Trabajadora social en los Centros Sor Isolina