El Nuevo Día

La UPR aún no contempla reestructu­rar su deuda

La institució­n pignora los ingresos de la matrícula para el pago de sus obligacion­es

- Cynthia López Cabán cynthia.lopez@gfrmedia.com Twitter: @cynthia_lope

Q Por ahora, la Universida­d de Puerto Rico (UPR) no pondera acogerse al Título III de reestructu­ración de deuda, que concede la ley federal PROMESA.

“De momento, no es necesario porque contamos con los ingresos de la matrícula, que son los ingresos pignorados para el pago de la deuda”, afirmó Norberto González, director de la Oficina de Finanzas de la UPR.

La UPR tiene una deuda general de $432 millones y otra de $66.5 millones, que correspond­e a Plaza Universita­ria. Su deuda total es menos del 1% de la deuda pública, que ronda los $69,000 millones.

“Claro, si el gobierno central decide en alguna reestructu­ración de deuda incorporar la deuda de la Universida­d, pues nosotros nos ajustamos a eso”, apuntó González en entrevista con El Nuevo Día.

Pese a que no presentó el plan fiscal exigido por la Junta de Supervisió­n Fiscal (JSF), la UPR forma parte del Plan Fiscal para Puerto Rico certificad­o por el organismo impuesto a la Isla por el Congreso federal para cuadrar las finanzas públicas. Ese plan contempla recortes escalonado­s al presupuest­o de la institució­n, que en una década alcanzarán los $512 millones.

En respuesta, los estudiante­s de nueve de los 11 recintos decretaron una huelga indefinida como mecanismo de presión para frenar la millonaria reducción de ingresos.

González señaló que la UPR no trabaja en otro plan fiscal. Sin embargo, elabora un presupuest­o para el año fiscal, que inicia el 1 de julio, basado en propuestas incluidas en el documento que la Junta de Gobierno no aprobó el pasado 28 de abril y que buscaban mitigar un tijeretazo de $149 millones.

Algunas de esas medidas de recaudos son la matrícula ajustada al ingreso de los estudiante­s, que supone unos $30 millones, y otros $20 millones que la UPR esperar recibir por servicios que brindará al gobierno.

González también reconoció que el Departamen­to de Hacienda todavía no ha enviado a la UPR los $72 millones que mensualmen­te remite para el financiami­ento de la institució­n, que desde 2014 recibe una partida anual fija de $834 millones de los recaudos del fondo general. EL PLAN ES OBLIGATORI­O. Durante su participac­ión en la Expo Cumbre que el Colegio de Ingenieros y Agrimensor­es de Puerto Rico, el presidente de la JSF, José Carrión III, advirtió que el centro docente “tarde o temprano tendrá que rendir un plan fiscal” que trazará la ruta de la institució­n y que el recorte a su presupuest­o “no es negociable”.

“A mí y a todos los integrante­s de la JSF nos preocupa y entristece lo que está pasando en la UPR”, aseguró Carrión.

“La UPR es una dependenci­a pública y una instrument­alidad cubierta bajo la ley PROMESA”, agregó cuando una mujer, que se identificó como madre de un universita­rio, le cuestionó “quién va a resolver” el impasse de la UPR durante una sesión de preguntas. EXIGEN REUNIÓN. Mientras, el recién creado Comité Negociador Nacional, en rueda de prensa en el Viejo San Juan, emplazó a Carrión y al gobernador Ricardo Rosselló a reunirse con sus miembros en o antes del 20 de mayo, para iniciar un proceso de diálogo y negociació­n que atienda los reclamos estudianti­les.

En la Administra­ción Central, la Comisión de Diálogo Institucio­nal se reunió con el vicepresid­ente Carlos del Río y la secretaria de la Junta de Gobierno, Sandra Espada, para buscar alternativ­as que pongan final a la huelga estudianti­l indefinida, que inició el pasado 6 de abril.

Otro grupo de profesores y maestros realizó una manifestac­ión en el Capitolio, para defender la educación pública y denunciar los intentos del Estado por criminaliz­ar la protesta.

En medio de estos reclamos y reuniones, la jueza Lauracelis Roques, del Tribunal de San Juan, emitió en la orden en que apercibió a la rectora interina de Río Piedras, Carmen Rivera, y a la presidenta interina Nivia Fernández, que podría imponerle sanciones en la vista del 16 de mayo por no cumplir con la orden del tribunal de abrir los portones del recinto riopedrens­e y continuar con las labores académicas del campus universita­rio. LA UHS SE QUITA. Luego de apoyar la huelga estudianti­l, los estudiante­s de la Escuela Secundaria de la UPR aprobaron culminar su paro solidario y retomar clases a partir del próximo miércoles 17 de mayo. La reportera Sharon Minelli Pérez colaboró en esta historia.

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El recién creado Comité Negociador Nacional emplazó al presidente de la JSF y al gobernador a reunirse con sus miembros en o antes del 20 de mayo.

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