Los municipios no son la solución al bajo recaudo
Los déficits recurrentes, los gastos superfluos, las contrataciones políticas y la corrupción generalizada evidencian que los municipios, en términos generales, no son los llamados a asumir las funciones de captación tributaria y tasación del Centro de Re
La pobreza administrativa municipal fue, precisamente, razón central para dar paso a la creación del CRIM, como la entidad designada para asumir la tarea de tasar propiedades y cobrar el impuesto. Lo anterior no contradice el hecho de que el CRIM también está sumido en una severa deficiencia. De ello hablan las miles de propiedades sin registrar, tasar y pagar, así como los escándalos de corrupción que han erosionado sus finanzas.
No hay duda de que la Legislatura tiene que fiscalizar de cerca el cuestionable desempeño del CRIM. Pero poner en las manos de los ayuntamientos la función de recaudar las contribuciones sobre la propiedad no ofrece garantías de mejorar el pobre nivel de captación por este concepto.
Un proyecto de ley que está bajo la consideración del Senado propone a los ayuntamientos como figuras fiscales que pueden cobrar más proactivamente los impuestos sobre la propiedad. La medida surge en momentos en que las alcaldías enfrentan la pérdida de alrededor de $350 millones en subsidios gubernamentales, lo que se suma al patrón ya tradicional de déficits presupuestarios municipales prácticamente generalizados.
Se plantea que los municipios que no puedan encargarse de las funciones de cobro, debido al costo que ello acarraría, tendrían la opción de entrar en convenios con municipios vecinos. Pero ello implicaría, de todas maneras, la creación de estructuras que representarán gastos de los que no se citan estudios. Es claro que la precariedad de las finanzas municipales no permite sufragar el propuesto andamiaje.
Podría considerarse el planteamiento legislativo de regionalizar el CRIM para que responda mejor a los municipios. Sin embargo, es contradictorio que se le quiten las funciones de tasación y de cobro de los impuestos, dejándole únicamente el manejo del catastro digital y el sistema de contabilidad.
Más que regionalizar al CRIM o fomentar convenios limitados entre municipios, los ayuntamientos deberían moverse hacia el ahorro regionalizando servicios que ya ofrecen.
Lo que debe hacer con urgencia la Legislatura es fiscalizar de cerca al CRIM para impedir la dejadez e ineficiencia como la que denunció el año pasado la Oficina del Contralor tras una auditoría de las operaciones fiscales del organismo.
La Contraloría detectó que el CRIM tenía en la calle cerca de $2,966 millones en contribuciones de propiedad inmueble y otros $704 millones de propiedad mueble, acumulados por 42 años. Ello equivale a alrededor de una tercera parte del presupuesto operacional del Gobierno de Puerto Rico para un año fiscal.
La evasión contributiva que denotan esas cifras debe atacarse con fuerza y sin más demora, en aras de la salud fiscal y la justicia a los ciudadanos que cumplen con su responsabilidad contributiva.
Está claro que el CRIM le ha fallado a los municipios en su responsabilidad delegada de cobrar las contribuciones sobre la propiedad, lo que amerita una revisión a fondo de la ley que lo creó y de los reglamentos que rigen su operación.
Pero los municipios no han demostrado su competencia para encargarse del cobro y la tasación de propiedades. La Legislatura debe asumir su responsabilidad de transformar la estructura municipal a la altura de los requisitos fiscales y sociales que imponen los tiempos.
El País necesita que sus líderes se comporten con valentía, dejando atrás los intereses político-partidistas que alimentan estructuras ineficientes y costosas. El llamado es a acometer una reforma estructural municipal completa que le sirva bien a Puerto Rico, no a sus políticos.