Salen a flote señalamientos de malversación
Un informe preliminar de auditoría interna señala que hubo un desfalco de fondos estimados en alrededor de $30 millones en el ayuntamiento que está bajo investigación municipal y del FBI
Entre las aguas turbulentas que mancillan la salud fiscal del Municipio de Toa Baja, el iceberg parece comenzar a revelarse.
Mientras avanza la pesquisa que lleva a cabo el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) sobre las finanzas y los procesos del municipio, la Oficina de Auditoría Interna municipal realiza una investigación paralela de la que ya hay un informe preliminar que llegó a manos del Departamento de Justicia, la Oficina del Contralor, la Oficina de Ética Gubernamental y el propio FBI.
“Entendemos que, tanto el alcalde como el vicealcalde, para entonces, tenían pleno conocimiento de la situación precaria que tenía el municipio y actuaron en perjuicio y causando daño económico por actuaciones en las que hubo malversación de fondos que podemos estimar en cerca de $30 millones”, reveló el auditor interno Luis Pagán Navedo en entrevista con El Nuevo Día. Se refiere a la administración de
Aníbal Vega Borges, quien fungió como alcalde de Toa Baja durante 12 años hasta que renunció luego de ser derrotado en las primarias del Partido Nuevo Progresista (PNP) por el actual alcalde Bernardo “Betito” Márquez. La auditoría cubre todo el periodo de Vega Borges, pero aún están en proceso los años 2015 y 2016. Este diario llamó y dejó mensaje de texto al exalcalde, pero este no contestó.
“Es frustrante porque fíjate que todo era pintura y capota. Hicieron fiesta con el dinero de Toa Baja. Esa es la realidad, y eso es lo que nosotros tenemos como resultado en estos tiempos”, reaccionó Márquez tras haber leído el informe preliminar.
HALLAZGOS FISCALES
Como parte del proceso de verificación de contratos y de compras, la actual secretaria municipal de Toa Baja, Diana Vázquez, identificó 115 cotizaciones falsas en el municipio, que arrastra una deuda de $200,807,601.66.
En ellas, se trazaba un esquema irregular de “gente sometiendo cotizaciones para dar la apariencia de que se solicitaron”, pero los nombres estaban emparentados.
De hecho, año tras año, los informes del Contralor levantaron cuestionamientos sobre el proceso de cotizaciones para la adquisición de bienes y servicios. Este diario llamó a la Oficina del Contralor, pero no obtuvo respuesta.
“Nosotros podemos entender que hubo uso de influencias. Se podía inferir –aunque no necesariamente-, cierto favoritismo con licitadores. No se pretende de ninguna manera manchar reputaciones, nos estamos limitando a unos hallazgos que son corroborables y que nos dan pie a pensar que hubo mal uso de fondos públicos y que hubo desembolsos ilegales”, sostuvo la secretaria municipal.
“Cuando vemos los contratos, yo empiezo a ver cosas que no me cuadraban”, comentó Vázquez en entrevista con El Nuevo Día, sobre el proceso por el cual quería “poner la casa en orden”.
Vázquez identificó una serie de “irregularidades” que, una a una, se han convertido en referidos a las autoridades estatales y federales.
¿DÓNDE ESTÁ EL MILLÓN?
Por otra parte, a solo una semana de que Márquez declarara un estado de emergencia sobre la Ciudad Llanera por la falta de camiones para el recogido de desperdicios sólidos y escombros, otro de los hallazgos apunta directamente
“Nos ha causado la impresión de que había un grupo en el municipio bien organizado que ejercía un control completo sobre las actuaciones de los empleados de compra y los obligaban a que cometieran actos irregulares en la adjudicación” LUIS PAGÁN NAVEDO AUDITOR INTERNO DE TOA BAJA “No hay que ser un experto en materia fiscal o legal para poder decir que ahí hubo irregularidades en el uso de fondos públicos. Es importante que las autoridades hagan las investigaciones y que el que tenga que pagar, que pague” BERNARDO “BETITO” MÁRQUEZ ALCALDE DE TOA BAJA
a la flota vehicular. A un costo total de $1 millón, supuestas reparaciones a la flota vehicular quedan en entredicho por el mal estado en que encontraron el equipo y la falta de registros.
“Son incongruencias en las reparaciones. Lo que encuentras es una flota que está totalmente destruida, que no está funcional, que no le aparecen las piezas, con los equipos desmantelados, que no pueden dar los servicios básicos. ¿Cómo yo gasté un millón de dólares en arreglar la flota vehicular y no me sirve?”, cuestionó Márquez.
Según los tres funcionarios entrevistados, a raíz de los testimonios que han llegado a oídos de la Alcaldía, se ha visto un patrón de uso de materiales y equipo público para fines privados. Gomas nuevas de los vehículos de equipo pesado del municipio iban a parar a vehículos externos; con material municipal –arcilla, arena-, se construyeron hogares privados.
“Nosotros diariamente estamos recibiendo confidencias de empleados, suplidores, personas de la calle, licitadores, que nos dicen ‘aquí pasó esto’”, dijo Vázquez.
También, los hallazgos preliminares apuntan a que, a través de la Administración de Servicios Generales (ASG), se contrató a una compañía para poner cámaras de seguridad en los semáforos –equipo que costó $1 millón-. “Ese equipo jamás funcionó y se lo robaron, pero no existen querellas”, dijo.
Además, Vázquez contó que suplidores han llegado a las oficinas del Ayuntamiento a cobrar por servicios que nunca ofrecieron, según indagaciones con personas de la comunidad.
El informe preliminar preparado por el auditor interno se refirió al Departamento de Justicia y esa agencia, a su vez, lo ha referido a la División de Integridad Pública. Mientras, la Oficina de Ética Gubernamental se encuentra evaluando “planteamientos relacionados a situaciones de servidores públicos del municipio”, indicó su portavoz Jennifer Rodríguez.
De otra parte, el FBI ya ha visitado la alcaldía en cinco ocasiones desde que el Márquez asumió las riendas del Municipio. De hecho, la Alcaldía habilitaría una oficina en el caso de que tengan que instalarse en el Ayuntamiento para llevar a cabo sus entrevistas.
El FBI allanó el Ayuntamiento en noviembre pasado y se llevó cajas de documentos, registró computadores y hasta forzó cerraduras. Todo apuntaba al desvío de fondos federales provenientes del Departamento federal de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) para pagar la nómina. Sin embargo, Márquez aseguró que esa es solo una de las tantas ramificaciones que posee la pesquisa federal. El Nuevo Día llamó al FBI, pero no obtuvo respuesta.
LA ALTA CÚPULA GERENCIAL
Uno de los crisoles a través de los cuales analiza la investigación el auditor interno y exempleado de la Oficina del Contralor, Pagán Navedo, apunta a un alegado control férreo de la alta cúpula gerencial del municipio sobre la adjudicación de compras y contratos.
“La investigación que realiza la Oficina de Auditoría Interna nos ha causado la impresión de que había un grupo en el municipio bien organizado que ejercía un control completo sobre las actuaciones de los empleados de compra y prácticamente los obligaban a que cometieran actos irregulares, tanto en la adjudicación de compra como en la otorgación de contrato”, dijo el auditor interno.
A Pagán Navedo le causó también suspicacia la insistencia de interinatos del actual representante y exvicealcalde del Municipio, Pedro Julio “Pellé” Santiago Guzmán, quien ejerció, según sus datos, 234 días como auditor interno, 56 días como director de finanzas y 25 días como secretario
“En los ocho años que estuve, ni vi ni permití que esa práctica se llevara a cabo. Bajo ningún concepto, en mi presencia, se llevó a cabo; ni ningún empleado me dijo que se sintiera coaccionado o presionado por su superior” PEDRO “PELLÉ” SANTIAGO GUZMÁN REPRESENTANTE DE TOA BAJA
municipal.
“Había como un círculo de funcionarios. Esas áreas bien sensitivas las dominaba la alta gerencia del municipio”, sostuvo.
En entrevista con este medio, Santiago Guzmán aseguró que, durante los ocho años que ejerció como vicealcalde, ejerció múltiples interinatos para economizarle al municipio el costo de contratar a alguien externo cuando los regentes tomaban sus días de vacaciones.
“Fui interino de la Guardia Municipal, de Deportes, de Planificación, de Vivienda (pero) siempre era de una forma cosmética porque ni tan siquiera en el momento que yo ocupaba la posición, se daban trámites de subasta”, dijo.
A su vez, negó que existieran irregularidades en las licitaciones y cotizaciones y que los empleados se sintieran coaccionados. “Jamás lo permití”, recalcó.
A su juicio, la debacle del municipio no se debió a la administración de Vega Borges, sino a la venta de los vertederos -por despojar al municipio de $11 millones de su presupuesto-. Pero, para el auditor interno, “la debacle del municipio” tiene nombre y apellidos: “Se debe a la incapacidad administrativa de Aníbal Vega Borges”.