Inicia hoy la mediación de casos de Título III
La jueza Barbara J. Houser celebra hoy el primer encuentro con acreedores en la ciudad de Nueva York
Los abogados o ejecutivos principales de unas 19 entidades, incluyendo la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), están obligados a participar hoy de la primera reunión que ha convocado el Equipo de Mediación para los casos de Título III de Puerto Rico.
El cónclave estará presidido por la jueza Barbara J. Houser, quien hace unas semanas fue designada por la magistrada Laura Taylor
Swain para encabezar el equipo de cinco jueces que tendrá a su cargo propiciar que Puerto Rico y sus acreedores puedan llegar a acuerdos que permitan reducir la deuda pública y las demás obligaciones con pensionados, suplidores y empleados.
Aunque mandatoria, la reunión será de tipo organizacional, por lo que no se discutirán asuntos sustantivos, reza la orden.
De igual forma, la reunión -que se llevará a cabo en el edificio Daniel Patrick Moynihan, sede de la corte del distrito Sur de Nueva York- será confidencial y no se permitirá el acceso de la prensa.
El pasado 23 de junio, Swain ordenó la creación del comité de mediación, decisión que según fuentes de este diario, evidencia “la alta prioridad” que la Conferencia Judicial de Estados Unidos ha dado al caso de Puerto Rico. LA BOLA EN LA JUDICATURA De acuerdo con las fuentes, desde la radicación de la primera petición del Título III de PROMESA para Puerto Rico, el pasado 3 de mayo, la Judicatura federal -encabezada por el juez presidente
John G. Roberts- ha desplegado una cantidad “significativa” de recursos hacia el distrito Sur de Nueva York y en especial, hacia el distrito de Puerto Rico, donde se dirimen los casos de Título III.
Entre otras cosas, aparte de los traslados de los jueces y demás oficiales de la corte, según las fuentes, la Judicatura federal ha dedicado recursos para facilitar el acceso al proceso judicial, coordinando la transmisión simultánea de las audiencias entre Nueva York y Puerto Rico y proveyendo acceso a los procedimientos orales a través de la vía telefónica.
De otra parte, aunque ello es pagado por Puerto Rico como deudor, los documentos de los casos Título III son libres de costo al público, a través de las firmas Prime Clerk y Epiq Bankruptcy Solutions, en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
TRES MUJERES A CARGO
Además de Houser, la Conferencia Judicial también avaló que la magistrada del distrito de Massachussetts, Judith G. Dein, asista a Swain con los casos de Título III. Con la designación de Swain, Houser y Dein, la Judicatura federal ha encomendado el proceso de bancarrota municipal más grande en la historia de Estados Unidos a tres mujeres.
En cierto modo, la solución a dos décadas de estancamiento económico en Puerto Rico ahora se delega a la Judicatura estadounidense -en la figura de Swain y a su vez, en el equipo de mediación. Ello, tras el fracaso de las políticas del gobierno territorial, así como del Congreso estadounidense que por ley es la rama del gobierno federal con poder pleno sobre Puerto Rico. Hace un año, tras el cabildeo de Puerto Rico - el ejecutivo federal y los acreedores que ahora exigen su paga - el proceso judicial de bancarrota fue el remedio provisto por el Congreso a la Isla.
Houser, quien durante la audiencia del 28 de junio pasado celebrada en Puerto Rico destacó las bondades de la mediación, busca que las partes escojan este mecanismo de resolución de conflictos en lugar de invertir millones de dólares en un proceso contencioso plagado de riesgos.
Al presente, Puerto Rico encara 14 procesos adversativos desde el inicio de los casos de Título III. Entre otras cosas, inversionistas, sindicatos, organizaciones ciudadanas, fiduciarios, suplidores y aseguradores municipales buscan invalidar el plan fiscal y proteger del Gobierno el dinero que se alega debe pagarse a los bonistas.
Además de Houser, quien es jueza presidenta de la corte de Quiebras del distrito Norte de Texas, el equipo de mediación de Puerto Rico está integrado por el juez del Tercer Circuito de Apelaciones
Thomas Ambro, la jueza senior del distrito Sur en Texas, Nancy
Atlas, el juez de bancarrota para el distrito Este de California, Christopher Klein y al juez senior del distrito Sur de Nueva York y puertorriqueño, Víctor Marrero.