Nuevo impulso al desarrollo económico
Gobernador amplía alcance de tres leyes que ofrecen incentivos a todo el que invierte en la isla
Tres nuevas iniciativas que forman parte de la plataforma del gobierno de Ricardo Rosselló para impulsar el desarrollo económico a través de la inversión local, la creación de nuevos empleos y el impulso de la innovación ya son una realidad.
Las iniciativas se concretaron a través de enmiendas a la Ley 20 de 2012, que busca ampliar la exportación de servicios locales; la Ley 22 de 2012, que atrae a inversionistas a residir en la isla; y la Ley 73 de 2008, que provee incentivos a pequeños y medianos comerciantes.
“Todos entendemos que para poder tener una economía diversa, para poder crear empleos y para poder desarrollar capital nuevo necesitamos las pymes, los innovadores, las startup companies y toda la política pública va dirigida a potenciar ese sector”, enfatizó.
Aunque el primer ejecutivo no ofreció detalles de los resultados que han rendido estos estatutos desde su creación para sustentar los cambios propuestos, defendió las enmiendas y sostuvo que es un paso correcto para allegar nuevo capital a la isla.
“Todas estas leyes han tenido resultados positivos, hay un sinnúmero de análisis que se han hecho... esto lo que hace es que nos permite amplificar esos resultados positivos”, indicó.
Las enmiendas a la Ley 20 de 2012 flexibilizan los requisitos para que más personas puedan obtener decretos y elimina la condición de un mínimo de cinco empleados para exportar servicios desde Puerto Rico, lo que, dijo, les permite a más pequeñas y medianas empresas locales cualificar para el beneficio.
Amplía, además, los servicios de exportación a la clase médica del país a través de la telemedicina y el turismo médico, áreas donde Puerto Rico tiene potencial de desarrollo en, por ejemplo, Cánada.
En este renglón se establece que aquellas empresas creadas para el servicio de telemedicina, el 30% de sus médicos deben residir en Puerto Rico.
“La enmienda aprobada abre las puertas a la mayoría de estos profesionales para que creen nuevas oportunidades profesionales en vez de convertirlos en otra estadística más de las personas que se van de Puerto Rico”, puntualizó Rosselló, quien estuvo acompañado del director de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy; y del director de la Compañía de Comercio y Exportación, Ricardo Llerandi.
Los cambios a la Ley 22 de 2012, por su parte, buscan que inversionistas extranjeros que se benefician de los incentivos que ofrece este estatuto aporten $5,000 anuales a organizaciones sin fines de lucro que operen en Puerto Rico.
“Lo que estamos creando es el vínculo de una persona que viene a invertir a Puerto Rico con la sociedad”, puntualizó, al indicar que al día de hoy unas 1,000 personas se han acogido a este decreto.
Igualmente, las enmiendas al estatuto flexibilizan el trámite para accesar al beneficio al eliminar el formulario de cumplimiento local y sustituirlo por el 8898 del Servicio de Rentas Internas (IRS).
“Nuestra expectativa es que en los próximos cuatro años, vamos a poder dar un salto significativo de lo que son 1,000 decretos a 10,000”, dijo.
Mientras, las enmiendas a la Ley 73 de 2008, dijo, fomentan la inversión en el área de investigación y desarrollo al permitir que empresas locales que operan con propuestas de fondos federales –incluyendo pymes y startups– puedan obtener los créditos contributivos que ofrece la ley.
En la isla operan unas 200,000 pymes, según el gobernador.
“El que ahora cualquier empresario, cualquier emprendedor pueda exportar sus servicios sin tener el requisito de los cinco empleos, representa una gran oportunidad”, señaló Llerandi.
DEFIENDE LOS CAMBIOS
Rosselló aseguró que cuando se desarrolle la estructura del nuevo Código de Incentivos Contributivos se publicarán los decretos concedidos, así como la cantidad de empleos creados por las empresas acogidas.
Indicó que tras ese análisis se determinarán, además, los incentivos que serán eliminados.
Aunque no detalló el alcance de los incentivos contemplados en las enmiendas que firmó ayer, Rosselló reafirmó que los tres estatutos han sido efectivos y que estudios privados así lo demuestran.
Un análisis, por ejemplo, de la firma Estudios Técnicos, publicado en 2015, reveló que a noviembre de ese año se habían emitido 570 decretos de exención contributiva bajo la Ley 22 de 2012; que las empresas operando bajo la Ley 20 crearon cerca de 2,500 empleos directos, 1,600 indirectos y 1,120 inducidos para un total de 5,200.
“Un incentivo solo es un incentivo cuando produce un retorno en la inversión para el pueblo de Puerto Rico, si no, se convierte en un subsidio”, expresó.