Un paso afirmativo en opción de salud pública

Es un buen paso la aprobación de la ley que establece un marco legal para la distribución y el uso del cannabis medicinal, con lo cual se allana el camino al desarrollo de una industria y nuevos tratamientos para mejorar la calidad de vida de miles de pac

Sin embargo, un estatuto con este potencial no debe estar sumido en estudios indefinidos y sujeto a organismos cambiantes. Sería contraproducente que la designación por el gobernador Ricardo Rosselló de un consejo asesor para determinar qué problemas de salud se tratarán con la flor del cannabis retrase los proyectos, las investigaciones y las terapias que cogieron vuelo con la aprobación el cuatrienio pasado de una Orden Ejecutiva y un reglamento avalado por el Departamento de Salud y grupos de peritos.

El andamiaje montado incluye la aprobación por Salud del uso terapéutico de la marihuana para aliviar dolores y síntomas de 16 condiciones, que van desde cáncer y VIH/SIDA hasta espasmos musculares y náuseas. Ya se han certificado los primeros 300 médicos, se expidieron licencias para el cultivo, la manufactura, la producción, la fabricación, distribución y dispensación que están vigentes. Los cerca de 7,000 pacientes registrados y sobre 10 clínicas certificadas muestran la aceptación que ha tenido el paliativo en pocos años.

Contar ahora con la fuerza legal de un estatuto, sin duda abre puertas a la esperanza para esos pacientes. Además, representa una opción de ingresos al fisco y de progreso para la economía. Con las debidas previsiones para evitar el mal uso o abuso de los medicamentos y con el ojo fiscalizador de las autoridades para que se paguen los correspondientes impuestos, Puerto Rico podrá adentrase con buen pie a una corriente que gana terreno a nivel mundial.

Por un lado, el marco regulatorio provee lineamientos de acción a la incipiente industria, con sanciones para desalentar desvíos de las normas.

Cuando se trata de una sustancia que se asocia a adicciones y conductas antisociales, las garantías de ley deben ser equivalentes a las que aplican a las demás sustancias controladas para uso médico. Para los pacientes, las protecciones legales y la supervisión concomitante seguramente despejarán dudas sobre el uso de un remedio que está legalizado en 26 estados y en Washington DC.

No obstante, hay que eliminar la ambigüedad, los problemas de interpretaciones y las suspicacias, para la tranquilidad de la gente. Para evitar, por ejemplo, reproducir errores como los detectados en los programas de metadona, que no aliviaron los problemas de adicción a opiáceos.

Además de que se viabiliza de forma bien regulada la siembra, el procesamiento y la manufactura de productos de cáñamo (Hemp) a nivel industrial y para exportación, se le da mayor formalidad a la plataforma de investigación científica que busca desarrollar nuevos productos farmacéuticos y hacerlos disponibles a un mercado en expansión. Dichos estudios pueden derivar en iniciativas que lleven a la industria del cannabis a niveles superiores, habida cuenta de nuestra experiencia con las farmacéuticas que, con sus altas y bajas, se mantienen como un importante sector de manufactura y trabajo en la isla.

Todas esas proyecciones suenan bien. Pero está por verse si la ambiciosa apuesta del gobierno se hace realidad. A diferencia de los 350 mil pacientes que se estimó el pasado cuatrienio, el cálculo de esta administración es que se certificarán 250 mil pacientes. La proyección gubernamental es que la actividad en torno a la industria generaría hasta 50 mil empleos directos e indirectos en tres años y fondos para nutrir el Hospital de Trauma del Centro Médico y la Universidad de Puerto Rico, entre otros.

Por ello el gobierno debe tomar decisiones ponderadas, claras y en términos prudentes sobre el futuro de la industria del cannabis medicinal en Puerto Rico.