Jubilados combatirán propuesta de recortes a sus pensiones
Comité Oficial de Retirados retará a la Junta Fiscal, mientras busca alternativas para proteger sus beneficios El Gobierno reiteró que honrará los pagos a este sector y proveerá un mecanismo de ahorro a los empleados actuales
El Comité Oficial de Retirados en el caso de Título III del gobierno se propone rebatir en corte la propuesta de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que modificaría hasta en 25% las pensiones que reciben unos 168,000 retirados en Puerto Rico.
De acuerdo con uno de los asesores legales del Comité y otrora administrador de la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), Héctor Mayol, el grupo designado por el Síndico de la Corte de Quiebras de los Estados Unidos analizará esta semana la propuesta de la JSF y llegado el momento, buscará presentar en el tribunal, alternativas que no laceren más las finanzas de ese grupo de acreedores.
Mientras, el representante del gobierno ante el ente federal, Christian Sobrino, subrayó ayer que la administración de Ricardo Rosselló Nevares continuará adelante con el proyecto de reforma a los sistemas de retiro, incluyendo honrar los pagos a jubilados como fueron otorgados. La pieza se aprobó en la Cámara de Representantes y debe verse en el Senado esta semana.
“El Comité reconoce esta base de equidad de que todo mundo ponga un poquito y también entiende que ciertas reducciones tendrían que hacerse, pero no puede ser tanto como lo que se ha propuesto”, indicó Mayol, de la firma Bennazar, García & Millán, y quien junto a Robert D. Gordon, de la firma Jenner & Block, asesora al comité.
De acuerdo con Mayol, utilizar como referente para el nivel de pobreza una pensión de $1,000, es una cifra “muy por debajo” de los indicadores que se utilizan en Estados Unidos. Esto, a pesar de que en Puerto Rico, el costo de vida puede ser igual o más alto que a nivel continental.
La propuesta de la JSF, revelada en detalle ayer por El Nuevo Día en una entrevista con el directivo de la JSF, Andrew G. Biggs, busca revisar la fórmula para determinar la pensión que recibe el empleado público ya retirado. La nueva fórmula también aplicará a empleados activos al momento de su retiro y en el caso de los empleados que aportan a una cuenta de contribución definida, estos empezarían de cero en un nuevo plan.
Mayol recordó que muchos pensionados no reciben el máximo de la pensión (es decir, el 75% del salario según años de servicio y edad), pues se acogieron a las llamadas “ventanas de retiro”, recibiendo la mitad de la fórmula inicial.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Pensionados de Puerto Rico, Roberto Aquino
García, catalogó la propuesta de la JSF como injusta y no atiende de forma equitativa a los jubilados.
“Nada tiene que ver el Seguro Social con las pensiones. Ambos tienen unos elementos que hay que cumplir. En ambos, las personas tienen que sacar de su bolsillo y trabajar y ambas aportaciones son obligatorias”, indicó.
Aquino García dijo que el ahorro que acumuló el pensionado durante el tiempo que trabajó y aportó no debe ser alterado porque es un beneficio adquirido y opinó que, con el nuevo modelo que propone la JSF se “castiga” a quienes cotizaron por años al Seguro Social.
“A un pensionado que tenga enfermedades catastróficas, si se le disminuye su pensión, podría ponerlo en unas dificultades tan grandes que tendría que elegir entre utilizar su dinero para alimentos o para medicamentos. Eso podría poner en riesgo, incluso, su vida”, expresó Aquino García.
Recordó además que en Puerto Rico, muchos de los jubilados han asumido roles de crianza de sus nietos y terminan manteniendo a varios integrantes de su familia.
“El gobierno que ahora está en crisis tendrá entonces que atender a muchas más personas en sus sistemas de salud y los distintos programas de beneficios porque el ingreso (de los jubilados) es mínimo”, advirtió el líder de la organización que cobija a participantes de los tres principales planes de pensiones del Gobierno, la Universidad de Puerto Rico y la Autoridad de Energía Eléctrica. INTERROGANTES
Por su parte, el otrora administrador de la ASR, Pedro Ortiz Cortés coincidió con los entrevistados al señalar que la propuesta de la JSF tendría efectos devastadores en la economía de la Isla.
Subrayó que del total de jubilados, apenas unos 4,000 residen fuera de Puerto Rico, por lo que cualquier ajuste se sentirá ampliamente en la economía local.
Ortiz Cortés dijo que alterar la fórmula de pago de las pensiones, no es un proceso operacional complejo y podría adoptarse en poco tiempo. Pero destacó que aunque las circunstancias requieren ajustes, quedará por verse si la JSF podría modificar las pensiones ya otorgadas.
Recordó que el Tribunal Supremo anuló parcialmente la reforma que impulsó el exgobernador Alejandro García Padilla por afectar a pensionados que ya reciben sus beneficios y cotizan bajo ciertas condiciones contractuales.
En el otro lado, Ortiz Cortés ad-
mitió que en los casos de bancarrota de Vallejo y San Bernardino en California, y Detroit, las pensiones se modificaron aunque no hubo grandes ajustes.
Ortiz Cortés elogió a la administración de Rosselló Nevares por comprometerse a pagar las pensiones desde el Fondo General y honrar en lo posible, las obligaciones con ese sector.
Sin embargo, Ortiz Cortés indicó que el proyecto de reforma que se discute en la Legislatura exhibe varias lagunas.
Si bien se reconoce el pago de las pensiones bajo el sistema “pay as you go”, no queda claro qué pasaría si el Fondo General no logra sus objetivos de recaudo, indicó.
Asimismo, Ortiz Cortés cuestionó qué sucedería con patronos como los municipios, los que están obligados a pagar por sus empleados, pero ahora verán recortes en los subsidios que reciben del Gobierno, afectando su liquidez.
Otro elemento clave, dijo Ortiz Cortés, será la forma en que se estructuren las nuevas cuentas de los empleados activos.
Explicó que en lugares como Chile y Australia, se permite que los empleados escojan de un grupo de proveedores cualificados, la firma que manejará sus ahorros.
“Estamos hablando de un plan que manejaría 200,000 cuentas. Eso genera unas comisiones de administración muy grandes y resulta atractivo para algunas firmas”, dijo Ortiz Cortés.
“Pensando desde el lado de la competitividad, podría replicarse la estrategia de Chile y ver cómo esto podría aplicarse también a los empleados del sector privado”, indicó.